El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue en el centro de la conversación laboral a estas alturas del año, aunque son muchos los expertos que consideran que la subida que prevé el Gobierno para 2026 será significativa, siguiendo la tendencia histórica marcada desde 2018. Aunque la cifra final aún no está acordada, una de las previsiones que más resuena en el diálogo social es la posibilidad de un incremento del 3,5%. Una vez que se anuncie de manera oficial tras el acuerdo de la mesa de diálogo social para fijar el porcentaje de dicha subida, los ciudadanos que reciben dicho salario tendrán que echar mano de sus calculadoras para saber cuánto cobrarán a partir del 1 de enero.
Este más que posible incremento salarial responde al compromiso político de alcanzar el 60% del salario medio nacional, un mandato que también viene establecido por la Carta Social Europea (CSE) para garantizar un nivel de vida digno. Desde 2018, el SMI en España ha pasado de 735,9 euros a 1.184 euros mensuales en 2025 (según las últimas revisiones), lo que demuestra una evolución histórica significativa. Si finalmente se concreta la subida prevista del 3,5%, el Salario Mínimo Interprofesional podría situarse en 1.225,44 euros mensuales repartidos en 14 pagas a lo largo de 2026. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. No obstante, existen otras estimaciones que sugieren que, si se busca alcanzar el 60% de un salario medio cercano a los 2.290 euros, el SMI podría ascender incluso hasta los 1.371 euros mensuales, mientras que otras previsiones más moderadas lo sitúan entre 1.180 euros y 1.200 euros.
El proceso de negociación sigue en marcha por parte de sindicatos, la patronal, el Gobierno y la comisión de personas expertas. La comisión de dicho proceso asesora con el objetivo de determinar el ritmo al que debe subir el SMI para cumplir con el 60% del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea. Cabe recordar que la última subida (la de 2025) fue aprobada únicamente con el apoyo de los sindicatos, sin llegar a un acuerdo con la patronal. Pero una de las principales controversias que rodea la futura subida de 2026 es si el SMI deberá tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A pesar de que en 2024 se logró un acuerdo para eximir del IRPF a los perceptores del SMI mediante una deducción, la decisión fiscal para la próxima actualización sigue en el aire.
En estos momentos hay dos horquillas de subida para 2026: una bajo el escenario de que el SMI tribute por IRPF y otra bajo el supuesto de que el SMI continúe exento. Los parámetros que se tienen en cuenta para calcular la revalorización incluyen el Índice de Precios de Consumo (IPC), la productividad media nacional, la renta nacional, y la evolución del crecimiento económico. En cualquier caso el incremento del SMI, ya sea del 3,5% o de otra cifra, tendrá repercusiones directas en los costes laborales de las empresas y en lo que percibirá cada trabajador. Las compañías, lógicamente, deberán revisar sus bases de cotización mínimas y ajustar las nóminas, actualizando sus previsiones presupuestarias.
Los trabajadores autónomos tampoco quedan al margen de esta negociación. Si el SMI se sitúa finalmente en un umbral elevado, las bases mínimas de cotización se ajustarán consecuentemente. Aunque esto supondrá una cuota ligeramente superior para quienes tributan por la base más baja, también se traduce en mayores coberturas sociales y mejores prestaciones por cese de actividad o incapacidad temporal. Además, el SMI sirve también como referencia para determinar la cuantía de ciertas prestaciones o ayudas públicas, como las pensiones y subsidios.
Carácter retroactivo
Ante la inminente subida, las asesorías laborales recomiendan a los empresarios planificar el impacto del nuevo SMI, es decir, revisar contratos, nóminas y previsiones de costes para evitar desajustes en las estructuras salariales internas. Es fundamental recordar que, independientemente de cuándo concluya la negociación, cualquier aumento acordado deberá aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El fin de la negociación, recuerdan desde el Gobierno, no es otro que alcanzar un acuerdo plausible para la mejora de las condiciones retributivas de los trabajadores y trabajadoras en España sin menoscabar la competitividad de las empresas ni la estabilidad en el empleo.
Si finalmente se confirma la subida del 3,5% del Salario Mínimo Interprofesional para 2026 se tratará de un nuevo paso en la política de mejora salarial en España. Su aumento incrementará el poder de compra de miles de trabajadores y obligará tanto a empresas como a autónomos a afinar su planificación económica para adaptarse a los cambios normativos con una cierta anticipación. También se trata, junto a la posible subida del SMI, de establecer un control sobre los complementos salariales, con el fin de evitar que las empresas compensen la subida del SMI con pluses o complementos que no reflejan el aumento real de la nómina a final de mes.