Las claves en vivienda de los programas electorales
Este miércoles la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez y el portavoz económico del PP, Juan Bravo, protagonizaron un debate electoral sobre vivienda en la Cadena Ser que me dejó un poco frío. Se inventaron varias cifras siempre para inflarlas, casi no aportaron propuestas novedosas y no asumieron (esto no era de prever) sus responsabilidades en vivienda. La sensación del debate no era la de vivir la emergencia social que vivimos. El jueves por la noche, Sánchez y Feijóo replicaron los datos incorrectos.
El colmo fue que la ministra dijera estar “orgullosa” de sus medidas (que creo que son válidas pero insuficientes y tardías) en la situación de asfixia que viven inquilinas e inquilinos. También fue increíble escuchar decir a Bravo que el Gobierno lo que hace es “ponerse en la foto” de lo que hacen las Comunidades Autónomas, con un PP que está haciendo viviendas protegidas a precios de mercado y condiciones intolerables en los territorios que gobierna. Y que además está boicoteando todas las medidas positivas que el Gobierno de Sánchez sí que está implementando, aunque sea tarde y de manera insuficiente.
Los partidos, como el sector inmobiliario, siguen hablando de la vivienda como si fuera un fenómeno meteorológico, suben los precios como los grados en verano, y sin reconocerse como responsables. De hecho es un mal ejemplo, porque el clima también está cambiando por culpa de las empresas y los gobiernos.
Pero más allá de lo que digan en los debates, me interesa analizar los detalles de los programas electorales. Una vez gobierne uno u otro, será el momento de ver si cumplen las promesas. Dejo fuera a Vox porque no me interesa ni siquiera detenerme a saber qué propone en vivienda un partido racista cuya principal propuesta es echar a los inmigrantes.
El PSOE dedica 10 de las 114 páginas y 50 de las 500 medidas de su programa electoral a la vivienda, que la ubica en el segundo bloque del programa tras el de modelo económico.
El PP cuenta con dos páginas y media de 64 y 14 de las 249 medidas a vivienda, que ubica como subapartado de su cuarto bloque.
Frente Amplio dedica sus dos primeros bloques del programa (sobre 18) a las políticas de vivienda, que suman 31 páginas sobre un total de 151. Podemos dedica su primer bloque de 9 páginas sobre 141 a la vivienda.
Por tanto, es el programa del partido liderado por Ada Colau, bajo el lema electoral de 'Un voto como una casa', el que más contenido del programa dedica a vivienda.
Vamos a las propuestas. El PSOE propone “movilizar” un 1% del PIB anual para el acceso a la vivienda, la misma cifra que propone Frente Amplio, aunque los países europeos referentes dedican el doble, el 2%. Con todo y con eso ya supondría duplicar el presupuesto actual. Propone sumar 100.000 viviendas públicas en los próximos años, algo que ya prometió la ministra en entrevista con elDiario.es antes de que se convocaran elecciones. Muchas de ellas se harán en suelos de la Sareb y, además de la construcción, también se prevé que el Estado compre vivienda usada, aunque no detalla de qué forma.
El programa de Pedro Sánchez habla de “ampliar la duración de los contratos de arrendamiento”, pero no se atreve a ponerles una duración concreta o determinar si serán indefinidos. También habla de “congelar temporalmente las rentas”, algo que se ha hecho en el decreto con los alquileres en vigor pero que depende de las Comunidades Autónomas a la hora de firmar nuevos contratos. No queda claro si habla de imponer los topes de manera estatal.
Para garantizar el acceso al alquiler para jóvenes, propone crear seguros de impago.
Para promocionar la construcción, propone una Ley de Sostenibilidad y Suelo que agilice los trámites sin reducir las garantías ambientales, pero no da detalles. Dará ayudas también a la construcción industrializada y a la formación profesional en construcción, así como a los promotores sociales de vivienda.
Un modelo público de intermediación entre propietarios e inquilinos inspirado en el País Vasco debe ayudar no solo a gestionar conflictos, sino también a movilizar viviendas vacías hacia el alquiler asequible.
En el ámbito fiscal, propone quitarle el IRPF a la vivienda asequible, deducciones fiscales a inquilinos y bonificaciones a propietarios que bajen los precios.
El del PP es el programa menos extenso en vivienda. La principal diferencia con los otros programas es que incluye una medida antiokupas, la derogación de los decretos de vivienda y del tope al alquiler en zonas tensionadas y un modelo de contrato de alquiler que no garantiza la estabilidad, sino al contrario.
Propone que los contratos tengan una opción de prórroga voluntaria de tres años que permite al casero tener una deducción del IRPF si renueva por tres años con una subida superior al IPC. O sea, le deja libre para subirlo por encima y echar al inquilino.
Medidas casi idénticas a las ya tomadas por el Gobierno como avales estatales a la primera hipoteca o facilitar acceso a la financiación estatal del ICO para la construcción de vivienda asequible y fomento de la construcción industrializada copan la mayor parte del programa.
La promesa estrella es la construcción de un millón de viviendas, impulsada por una nueva Ley de Suelo similar a la que ha aprobado este jueves Madrid y a la que rechazó en el Congreso, pero no detalla cuánta vivienda pública habrá en este millón. Feijóo llegó a hablar del 40% en alguna ocasión.
En la forma de llevar a cabo esta medida sí que existe un punto interesante que no he encontrado detallado en el programa pero que Feijóo mencionó en el debate: obligarán a los Ayuntamientos a urbanizar y construir vivienda en los suelos que estén paralizados. Esta medida sí que puede tener un buen impacto en la cobertura de parte del déficit. Para ello, publicarán también la información de suelos privados y públicos disponibles para que las empresas y cooperativas tengan acceso.
La medida más destacada de Frente Amplio en contraste con otros programas (se puede descargar al final de la página linkada) es la expropiación de viviendas. La proponen para grandes empresas “que han convertido la vivienda en un activo financiero” y tengan 1.000 o más viviendas en la primera fase, más de 700 en una segunda fase y más de 50 en la tercera. Toda esa vivienda iría destinada al alquiler social y los propietarios particulares quedan excluidos de la expropiación.
El programa de la confluencia a la izquierda del PSOE prevé 1250.000 viviendas públicas al año, de forma que se alcance el millón y medio en doce años con vistas a igualar el 9,3% de media europea. El alquiler público será como máximo de 600 euros al mes para un piso de 80 metros cuadrados y el esfuerzo salarial nunca superará el 25% de la renta. Esas viviendas no serán solo por construcción, sino también por compra de vivienda vacía o infrautilizada, derecho a tanteo que también tendrá el estado y no solo comunidades y municipios y la anteriormente mencionada expropiación.
La nueva Ley de Suelo fijará que el uso residencial sea solo para vivienda habitual y se reservará el 40% de la edificabilidad a la vivienda protegida. El suelo urbanizable a vivienda inactivo durante dos años también será expropiado.
El programa incluye también la prohibición de compra de viviendas para usos que no sean vivienda habitual o arrendar de manera asequible a empresas y bancos.
En 3 años, pretende extinguir todas las licencias de pisos turísticos y de temporada ilegales en zonas tensionadas, así como una tributación del IVA del 21% a los pisos turísticos. Las plataformas tendrán que retirar los anuncios que no cumplan la ley o recibirán multas cuantiosas.
Para controlar irregularidades en la vivienda, el Frente Amplio propone la creación de una Agencia Estatal con un cuerpo de inspectores y también un registro estatal de viviendas de alquiler.
El programa plantea altos estándares de descarbonización y eficiencia energética de las viviendas y la prohibición de construir en zonas inundables o a 500 metros del litoral.
Para la compra de vivienda, prevé que se regule la dación en pago y que se pueda deducir el IRPF del gasto hipotecario a las familias con menos ingresos, así como eliminación de cláusulas abusivas y prohibición de desahucios por imposibilidad de pagar la primera vivienda. También se prohíben los desahucios de familias vulnerables. A los grandes tenedores, se les obliga a ofrecer un contrato de alquiler social de al menos 7 años adaptado a los ingresos del inquilino antes de iniciar cualquier demanda.
En el campo fiscal, Frente Amplio prevé obligar a las empresas con más de 50 asalariados en los últimos cinco años a pagar un 0,45% de los impuestos a las rentas para la promoción de vivienda pública. Con ello, se conseguiría recaudar 1.000 millones de euros anuales. También proponen quitar los privilegios fiscales a las socimis, un IVA reducido del 4% a construcción y rehabilitación de vivienda social en alquiler y cesión de uso, tipo cero para cooperativas de vivienda en cesión de uso sin ánimo de lucro y un gravamen extraordinario estatal al ITP para las compras de vivienda no habitual. En cambio, estará exento para la compra de primera vivienda.
El Frente Amplio también propone reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinas como organizaciones representativas que puedan negociar “convenios colectivos de arrendamiento” y regular el derecho a huelga de alquileres en casos de abusos o incumplimientos graves de condiciones de habitabilidad.
Podemos propone una bajada del alquiler por ley del 40% aplicable a los contratos vigentes y que los contratos de alquiler sean indefinidos. Contempla la expropiación de grandes tenedores pero lo fija en empresas que tengan a partir de diez empresas y amplía también la prohibición de compra de vivienda que no sea para residencia habitual a particulares, con la excepción de quien la ponga en alquiler social o se tenga que mudar de municipio.
La prohibición de las empresas de desokupación y de pisos turísticos “mientras dure la crisis residencial”, en el segundo caso, son dos medidas también propias de Podemos, que también propone aplicar un impuesto a viviendas vacías y una inmobiliaria pública.
En vivienda pública, también se prevé la compra de vivienda privada para aumentar la oferta y se prohíbe la venta y subasta de vivienda pública, que lo será para siempre.
Otra medida novedosa de Podemos es la creación de un Fondo de Responsabilidad Social que, con el 0,15% del volumen total de crédito bancario durante 30 años y bajo gestión pública, servirá para regular los costes hipotecarios.
El dato
816.000
Será el déficit de vivienda acumulado en 2027, según un estudio de Caixabank Research. El mismo prevé que la subida de precios de la compraventa siga el año que viene, pero que se modere al 7,2%.
Emergencia social
Los juzgados siguen encontrando brechas para saltarse el decreto de vivienda y continúan ejecutando desahucios. El último este miércoles en Bilbao a una familia con dos menores a cargo. Desde el sindicato de vivienda Azet han precisado que este desahucio se ha llevado a cabo “por una sentencia judicial de divorcio que adjudica al exmarido” de una de las mujeres “como propietario de la vivienda, a pesar de contar este con otras dos viviendas más en propiedad”, informa Europa Press.
El compañero Guillermo Martínez ha publicado esta semana dos reportajes sobre exclusión y vivienda, el primero sobre las personas sin padrón y el segundo sobre la dificultad para adaptar una vivienda o conseguir una vivienda adaptada a un precio razonable para familias con personas con movilidad reducida.
El responsable de educación de elDiario.es, Daniel Martínez Caballero, explicaba la lucha de los profesores contra los desahucios de alumnos que pueden ver truncado sus procesos personales y de enseñanza si se les echa a la calle.