Izquierda y derecha
Me manda Antonio un curioso test de una web estadounidense que sirve para conocer tu ideología política. A mí me sale “left liberal”, básicamente porque estoy a favor de las libertades individuales pero defiendo cosas como la sanidad pública, el sueldo mínimo o los impuestos. Resulta curioso qué entienden los estadounidenses por “izquierda” y la trampa del test –hecho por “libertarians” estadounidenses– está en dónde se sitúa el centro. Sin embargo, es preocupante cómo los ejes políticos yankees están también calando en la sociedad española de la mano del Partido Popular.
Por ejemplo: hace unos días, Rodrigo Rato defendía abandonar el dato de inflación en la negociación colectiva a favor de “otros factores, como la competitividad o los beneficios empresariales”. Es decir, Rato propone renunciar a otro mínimo más que los trabajadores han ganado después de siglo y medio de pelea con la patronal: que los sueldos no bajen en relación al coste de la vida.
En realidad, ya es casi una lucha perdida. Desde el momento en que el Gobierno saca y mete productos en la cesta mediante la que se calcula el dato de inflación (el IPC) para que el resultado salga lo más bajo posible, los trabajadores, que renegocian colectivamente cada año sus sueldos en función a este factor, ganan cada vez menos en euros reales. Un ejemplo: el peso de la vivienda en el IPC (sumando el coste en agua, gas y electricidad) sólo es del 10,68%. Sin embargo, la realidad es que el gasto en vivienda, que se ha duplicado en los últimos años, supone para la media de las familias españoles muchísimo más que este pequeño porcentaje. ¿Quién paga hoy un piso con el 10,68% de su salario? ¿Por qué no se adecua la cesta del IPC al coste real de la vida? ¿Cómo sería el dato de inflación si la vivienda ponderase lo que de verdad pagamos por ella?
El sueldo mínimo, ese que “crea paro” a ojos de los liberales, sigue existiendo en España, pero su función es sólo testimonial. Hoy es como el apéndice, un órgano inútil de una función pasada que se eliminará quirúrgicamente si algún día provoca molestias a los empresarios. Ahora está en 460,20 euros al mes –¿Quién vive con eso?–. Pero el enorme abanico de posibilidades laborales basura por debajo de esta ridícula cifra –becas, contratos a tiempo parcial o por obra, ETTs y demás– lo convierten en una molestia menor para los intereses económicos. Preocupa tan poco que ni siquiera merece la pena suprimirlo.
En cuanto a la sanidad pública, en claro deterioro durante los últimos años, llama la atención que muchos discutan la supuesta poca efectividad del estado para curar (o educar) a la gente, pero nadie critique su eficacia a la hora de matar. Dicho de otro modo, ¿por qué los liberales abogan por una sanidad privada pero no cuestionan que el ejército sea público?