¿A dónde se desahucia a una persona?

Hay palabras cuya normalidad debería escandalizarnos; una de ellas es “lanzamiento”. En el lenguaje judicial, “lanzar” significa ejecutar un desahucio, expulsar a alguien de la vivienda que ocupa. Pero, cuando se lanza a una persona fuera de la casa en la que ha vivido durante setenta años, ¿a dónde se la lanza?

El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa de Madrid, debería permanecer para siempre en nuestra memoria democrática, no porque sea un caso excepcional, sino precisamente porque no lo es. Lo excepcional son sus circunstancias extremas, la edad de Maricarmen, su estado de salud, el tiempo vivido en aquella casa, la imagen insoportable de su salida en camilla camino del hospital, pero detrás de esa imagen hay miles de historias menos visibles atravesadas por el mismo miedo, el de perder la vivienda y descubrir que, una vez traspasado el umbral de la puerta, no hay ningún lugar decente al que ir.

Ese miedo es una de las formas contemporáneas de la desolación. Porque una vivienda nunca es únicamente un inmueble, es una dirección, pero también una biografía, el lugar desde el que una persona se relaciona con el mundo, recibe correspondencia, guarda fotografías, reconoce a sus vecinas y vecinos, compra el pan, sabe dónde está el interruptor cuando se levanta de noche. Habitar significa haber ido depositando vida en un espacio hasta convertirlo en lugar. Por eso expulsar a alguien de su casa no consiste simplemente en trasladarlo de un inmueble a otro, sino que se convierte en una forma contemporánea de destierro.

El caso de Maricarmen resulta especialmente perturbador porque mientras se acercaba la fecha de su desahucio Madrid acogía The District, uno de los grandes encuentros internacionales del capital inmobiliario, reuniendo a lo peor-mejor del rentismo especulativo internacional, como BlackRock, Blackstone, Brookfield y otras grandes compañías de inversión. Isabel Díaz Ayuso, la máxima expresión de la necropolítica sociopática de la derecha, inauguró el encuentro defendiendo su política económica y su concepción del mercado inmobiliario. Son dos imágenes simultáneas de una misma ciudad: en una, responsables públicos reciben al capital inmobiliario internacional y celebran la capacidad de Madrid para atraer inversión; en otra, una mujer de 87 años espera que irrumpa, rodeada de personas armadas, la comisión judicial que va a sacarla de la casa en la que ha vivido toda su vida.

Además de un conjunto de procedimientos, la democracia es, sobre todo, una experiencia de vida que se encarna en la experiencia cotidiana de seguridad que ofrece a quienes viven en ella: la seguridad de saber que enfermar no significará quedar abandonada, que envejecer no significará quedar desprotegida, que perder el empleo no supondrá caer en la indigencia y que ninguna persona será expulsada de su hogar para satisfacer una expectativa de rentabilidad sin que exista una alternativa habitacional digna. Cuando estas seguridades desaparecen, la democracia empieza a vaciarse por dentro al producirse una fractura insoportable entre legalidad y legitimidad. Y la función de la política democrática consiste en impedir que la legalidad termine amparando situaciones incompatibles con la dignidad y la justicia social.

Y aquí convendría volver a leer la Constitución. Pero leerla entera, hasta ese artículo 128 que dice que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, añadiendo que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y que podrán intervenirse empresas cuando así lo exija el interés general. Por eso, el desahucio de Maricarmen nos obliga también a mirar hacia el Gobierno de España. Pedro Sánchez lo ha calificado de “tragedia social que no podemos aceptar como país” y ha recordado que el decreto sobre vivienda rechazado en el Congreso habría permitido evitar situaciones como esta. También ha señalado las responsabilidades de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Son datos políticamente relevantes, pero no agotan la cuestión. Pedro Sánchez no es un comentarista de la actualidad ni un activista de un sindicato de vivienda, es el presidente del Gobierno de España, y de quien ocupa el máximo poder ejecutivo no esperamos solamente que describa una injusticia, sino que movilice todas las capacidades constitucionales, legislativas, presupuestarias y políticas disponibles para combatirla.

Por eso me parece muy insuficiente que el debate termine convertido en un intercambio entre la “tragedia social” de Maricarmen y el “aticazo” de Ayuso, pese a reconocer que la contradicción entre la adquisición por la Comunidad de Madrid del polémico inmueble de lujo en Chamberí y el desahucio de una mujer de 87 años posee una enorme fuerza simbólica que, en parte, explica que miles de personas se hayan movilizado. Pero el problema es mucho mayor que Ayuso, más sierva que ejecutante del brutalismo capitalista, y mucho mayor que Sánchez, que en esto todavía no se ha despegado de su “abalista”, aquel que cuando era ministro de Vivienda dijo que la vivienda “es un derecho pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca seguridad jurídica”.

Lo que está en cuestión es una transformación profunda de nuestras sociedades, la creciente conversión de bienes indispensables para la vida en activos financieros sometidos exclusivamente a la lógica de la rentabilidad. La vivienda es su manifestación más dolorosa porque nadie puede dejar de habitar en algún lugar: podemos renunciar a muchos consumos cuando suben los precios, pero no podemos renunciar a tener un techo. Y sobre todo, no deberíamos imaginarnos teniendo que renunciar a ese derecho fundamental. Porque cuando una parte creciente de la población siente que las instituciones pueden proteger contratos pero no vidas, garantizar transacciones pero no hogares, asegurar la circulación del capital pero no la permanencia de las personas en sus barrios, el fundamento de la democracia salta por los aires. 

La democracia deja de pensarse y sentirse como algo a defender cuando cumplir todas las reglas (trabajar, pagar, cotizar, pagar durante décadas un alquiler) deja de ofrecer siquiera la expectativa razonable de una vejez segura, cuando descubrimos que podemos ser formalmente ciudadanas y ciudadanos y, al mismo tiempo, vivir permanentemente amenazadas por fuerzas económicas sobre las que nuestra capacidad democrática de decisión parece cada vez menor. Por eso el miedo al desahucio es también miedo político, es el terror a ser expulsadas del lugar propio y descubrir que detrás no existe ninguna red suficientemente fuerte para sostenerte.

“Lanzamiento”, dice asépticamente el lenguaje jurídico. Pero una sociedad democrática debería preguntarse siempre, antes de “lanzar” a alguien: ¿hacia dónde? Si la respuesta es hacia ninguna parte, algo esencial ha fracasado, no solo ahora, desde hace décadas. ¿Qué clase de democracia es aquella en la que podemos llegar a considerar jurídicamente normal lo que socialmente reconocemos como insoportable? Y si “toda la riqueza del país” está subordinada al interés general, habrá que preguntarse qué significa esa frase cuando una mujer de 87 años es expulsada por la fuerza de la casa en la que ha vivido durante setenta años. Y hacer algo ya, por fin, para que no vuelva a ocurrir.