Un informe jurídico recibido por la Mesa del Parlamento Vasco decreta que Amaya Fernández no podrá continuar como auditora-jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) si pretende ser la presidenta del PP de Bizkaia, como le ha planteado Génova en una operación para reflotar esta organización tras la etapa de Raquel González. La Cámara, después de pedir un dictamen adicional al órgano auditor con las funciones detalladas de Fernández, enmienda así la decisión que adoptó en 2023 cuando no vio conflicto de intereses para que la asesora entrase a formar parte del comité electoral nacional. Ahora entiende que podría acceder a “información confidencial” de sus “rivales políticos” en caso de simultanear ambas labores.
La operación de Génova para reorientar el PP de Bizkaia con una gestora encabezada por Fernández y con el parlamentario Santiago López Céspedes como 'número dos', se ha encontrado con un obstáculo no previsto. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es un órgano auditor externo que depende del Parlamento Vasco. Sus siete vocales son designados por la Cámara y responden a cuotas de los partidos. Desde finales de 2021, son tres del PNV, dos del PSE-EE y uno de PP y EH Bildu. A su vez, estos vocales pueden designar un número acotado de asesores. Así es como, en el arranque de 2022, Fernández entró en la institución una vez alejada de la primera línea tras una convulsa etapa anterior en la que tuvo que ser presidenta interina del PP tras la abrupta salida de Alfonso Alonso por decisión expresa de Pablo Casado, entonces líder de los 'populares'.
Fernández pidió la compatibilidad para sus nuevas funciones en el PP el 11 de septiembre. Dos días después, un sábado por la tarde, se hizo público que Génova la iba a plantear para liderar una gestora en Bizkaia tras apartar a la presidenta desde 2017. El 16 de septiembre ya se pidió un primer informe jurídico pero, días después, se solicitaron más datos al propio Tribunal de Cuentas. Ese documento llegó el 26. Antes, el 22, la aludido presentó “información adicional” para intentar lograr la compatibilidad.
El dictamen final, al que ha tenido acceso este periódico, remarca que Fernández asesora a una vocal que audita a la Diputación de Gipuzkoa y otros consorcios. Y apunta que también forma parte de la comisión técnica de auditores, que revisa los documentos “principales” de “todas” las fiscalizaciones. El informe menciona que, internacionalmente, hay un estándar “ético” que incluye la “independencia política” como un factor determinante para los miembros de órganos auditores. “El deber de imparcialidad o independencia profesional también comprende el deber de apariencia de imparcialidad”, se puede leer también de un órgano cuyo anterior presidente, José Luis Bilbao, por ejemplo, acaba de dejar de ser diputado general de Bizkaia.
La ley es clara al vetar la compatibilidad a los vocales electos pero no tanto con los asesores. Hay un precedente: la ex 'número dos' del PNV alavés, Amaia Ruiz de Biñaspre, simultaneó el ser asesora con su cargo orgánico en su partido. Sin embargo, en este caso se estima que las labores de Fernández comportan que podría acceder a “información estratégica confidencial” sobre sus “rivales políticos” mientras ocupa la “dirección activa” del PP de Bizkaia. Eso “compromete gravemente la credibilidad del TVCO y la confianza pública en su trabajo”.
No bastaría con que se abstuviera en los temas más ligados a su labor partidaria porque su nueva función en el PP “genera un perjuicio intrínseco a la independencia y objetividad institucional”. Así, se le dan “diez días hábiles” para su “cese definitivo” en el PP o bien que “renuncie” a ser asesora en el Tribunal de Cuentas autonómico.
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