Euskadi compromete otra vez la “gratuidad” de la mitad concertada de su sistema educativo con un nuevo decreto
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, del PNV, ha vuelto a comprometer el final del cobro de cuotas en los colegios privados sostenidos con fondos públicos, esta vez con un “decreto de gratuidad” que, en todo caso, no llegará para el curso que arrancará en septiembre. Euskadi es la comunidad con más peso de la concertada, que aglutina a casi la mitad del alumnado total. Y estos pagos encubiertos, recurrentes durante años aunque técnicamente están ya prohibidos por la normativa estatal desde hace lustros y por la vasca desde 2023, han generado un sistema con problemas de segregación y guetización.
Según datos ofrecidos por 'Deia', la pública acoge casi el 70% del alumnado extranjero o el 60% de los becados incluso habiendo pasado ya tres años de la entrada en vigor de un nuevo sistema de admisión que estableció cupos para alumnado vulnerable en todos los centros sostenidos con dinero público, también los privados. Aquel movimiento soliviantó sobre todo a las ikastolas. La normativa es clara y estima que los centros concertados solamente pueden cobrar por lo mismo que cobraría uno público, nunca por el servicio educativo como tal, que es enteramente gratuito. Actualmente, la media es unos 100 euros mensuales.
El “decreto de gratuidad” es una de las principales medidas del foro Eskola Bikaina Denontzat, una mesa que desde septiembre ha reunido a diferentes agentes educativos en la búsqueda de consensos para mejorar el sistema educativo vasco. Sin embargo, como le ocurrió al denominado Pacto Vasco de Salud, la mesa para mejorar Osakidetza que tuvo una dinámica similar, aunque sí se han sumado al pacto sindicatos como CCOO y UGT, no lo ha hecho la mayoría del sector, Steilas, ELA y LAB. En lo político, sí ha llegado hasta el final del camino EH Bildu, pero no PP, Sumar o Vox, las otras fuerzas de la oposición. También se ha baado EHIGE, las familias de la pública. O la patronal Ikastolen Elkartea, dentro de esa mitad privada del sistema.
¿Qué ofrecerá el decreto frente a las medidas ya anunciadas años atrás? Según el documento de Eskola Bikaina Denontzat, supondrá condiciones para hacer “efectiva” esa obligación. “El proyecto plantea regular la gratuidad efectiva de las actividades educativas necesarias para la adquisición de las competencias curriculares, en condiciones de equidad. Para ello, parte de la necesidad de definir de forma precisa y transparente qué se entiende por gratuidad, delimitando qué elementos forman parte de ella y cuáles quedan fuera de su alcance. Esta definición permitirá evitar interpretaciones ambiguas, favorecer una aplicación homogénea y reforzar la seguridad jurídica y la transparencia. Asimismo, cualquier desarrollo normativo deberá partir de un conocimiento riguroso de los costes reales del sistema educativo, mediante la identificación, análisis y evaluación de dichos costes. El planteamiento vincula directamente la gratuidad con la equidad y la reducción de la segregación. Por ello, las medidas de organización, financiación y planificación deberán orientarse a promover la inclusión”, se puede leer. “La propuesta incorpora también la transparencia en la financiación y en las aportaciones económicas como elemento esencial. El uso de los recursos públicos, las fuentes de financiación y las aportaciones vinculadas a las familias deberán explicarse de forma clara y comprensible”, se indice.
En paralelo, se creará la denominada “mochila escolar”. “El coste de determinados elementos vinculados a la escolarización puede convertirse en una barrera para el alumnado en situación de vulnerabilidad y generar dinámicas de segregación. Para garantizar una equidad real, es necesario que este alumnado pueda acceder, permanecer y participar en la educación infantil y obligatoria sin que el coste limite sus oportunidades”, se argumenta. Así, “la Eskola Motxila se concibe como un instrumento estructural del sistema para garantizar la equidad real, y no como una ayuda puntual o asistencial”. “Se plantea desde un enfoque de derechos, con vocación de estabilidad y con un procedimiento de tramitación ágil”, se expone.
En definitiva, será una línea de crédito para todos “los elementos necesarios para participar plenamente en la educación obligatoria, comedor, transporte, material, libros, recursos digitales, actividades complementarias pedagógicas y salidas”. “La ayuda se canalizará a través de los centros educativos, lo que permitirá controlar el uso, simplificar la gestión y reducir la visibilidad individual”, se indica. Eso sí, aunque el dinero será público, podrá usarse igualmente en colegios privados concertados.
Educación también se abre a retocar el decreto de admisión de 2023, el que inició el reparto de alumnado vulnerable tanto en la matrícula ordinaria como durante el curso, la conocida como matrícula viva. Se trata de “ordenar la escolarización de manera equilibrada”. “En este marco, la reserva de plazas se mantiene como una herramienta central para favorecer una distribución equilibrada de la vulnerabilidad entre centros de una misma zona, si bien se considera necesario revisar o precisar algunos aspectos de su aplicación en la admisión ordinaria. En relación con la matrícula viva, se propone clarificar y jerarquizar los criterios de asignación, de modo que la incorporación de alumnado una vez iniciado el curso responda mejor a los objetivos de equilibrio y corresponsabilidad. Uno de los bloques con mayor grado de propuesta es el relativo a la planificación, el mapa escolar y la corrección de la sobreoferta. Se plantea incorporar criterios más objetivos vinculados a la prospectiva demográfica, la evolución de la matrícula, la matrícula viva y las necesidades específicas de apoyo educativo para fundamentar decisiones sobre oferta, continuidad, cierre, integración o fusión de centros”, se lee en el plan aprobado.
La mesa Eskola Bikaina Denontzat ha aprobado también programas de acogida de alumnado extranjero. “Se propone nombrar un equipo estable de profesionales, Harrera Taldea, liderado por la persona coordinadora de bienestar, encargado de planificar, organizar y acompañar los procesos de acogida en todos los centros”, se indica. Igualmente, se aboga por un “relato positivo” sobre el euskera. La ley de 2023 mantuvo formalmente los modelos A, B y D pero, a la vez, fijó un mínimo de nivel B2 a los 16 años en ambas lenguas oficiales, sin diferencias en función del origen del estudiante. La mesa entiende que hay que caminar a un marco plurilingüe con el euskera como eje, pero desde un “discurso esperanzador y cohesionador”. El plan se llama Keinua Elkarri.
Pedrosa se ha mostrado muy satisfecha por el resultado del foro. “Uno de los mayores logros de este proceso ha sido reunir a más de cien representantes de la comunidad educativa en torno a un objetivo común. El mejor resultado de este trabajo ha sido comprobar que es posible construir respuestas entre todos para seguir mejorando la educación con el alumnado siempre en el centro”, ha manifestado. Y ha añadido: “Hoy culmina una etapa importante de trabajo compartido, pero comienza otra igual de relevante como es la de convertir estos proyectos en actuaciones concretas que contribuyan a mejorar la equidad, la inclusión y la calidad de nuestro sistema educativo”.