La Comisión Arbitral del País Vasco -una suerte de Tribunal Constitucional interno que dirime los conflictos competenciales entre la Administración autonómica y la foral- ha admitido a trámite el recurso de las tres Diputaciones contra la ley anticorrupción propuesta por EH Bildu en el Parlamento. El texto, con la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, perseguía aplicar determinadas cautelas no sólo en el Gobierno vasco sino también en estas instituciones, que han entendido que se invaden sus prerrogativas. Aunque la tramitación del texto fue acordada por una mayoría parlamentaria holgada, el triple recurso lo deja bloqueado 'sine die', lo que según los proponentes es un “subterfugio” de tres instituciones controladas por el PNV para parar estas medidas por la puerta de atrás.
La Mesa del Parlamento conoció este martes la decisión de la Comisión Arbitral -dirigida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra- y ha abierto un plazo de alegaciones para todas las partes que expirará el 26 de marzo. Se ha acordado que el triple recurso se acumulará para simplificar los trámites. Fuentes parlamentarias indican que este órgano -que históricamente se ha utilizado como contrapoder- no tiene un plazo determinado de resolución. Los últimos pleitos se prolongaron durante más de un año, lo que en la práctica haría inviable que esta iniciativa de EH Bildu viese la luz en esta legislatura, que se agota en el verano de 2020.
Son siete los miembros de la Comisión Arbitral. En una reunión celebrada en Bilbao el pasado 20 de febrero acordaron designar a tres de ellos como ponentes de los recursos. Kepa Bilbao examinará las alegaciones de Álava, Andrés Urrutia las de Gipuzkoa y Carmen Agoués las de Bizkaia.
EH Bildu: “Es urgente seguir adelante”
Dado que EH Bildu no logró que la Mesa solicitara a la Comisión Arbitral el levantamiento de la suspensión, intentará un pronunciamiento de la Cámara a través de una proposición no de ley para que, al menos, el contencioso se resuelva a la mayor brevedad. “Puesto que consideramos que la suspensión de la tramitación de una proposición de ley es un hecho grave, vemos imprescindible que la Comisión Arbitral emita inmediatamente su resolución [...]. Esta proposición de ley propone los necesarios mecanismos efectivos para acabar con la corrupción en este territorio y, al ser los procedimientos de ley largos de por sí, si se mantiene la suspensión del procedimiento, la tramitación se alargará mucho. Con ello pierde toda la ciudadanía. Es urgente, por tanto, seguir adelante con la tramitación de la ley”, defiende la coalición de la izquierda abertzale.
En paralelo, otra normativa contra la corrupción -ésta propuesta por Elkarrekin Podemos para proteger a los denunciantes de irregularidades- se encuentra en el alero. El Gobierno, en un informe aprobado en febrero, manifestó su criterio desfavorable a la toma en consideración de esta iniciativa. Uno de los argumentos para decir 'no' a este texto era precisamente que el Parlamento ya tenía sobre la mesa la iniciativa de EH Bildu, lo que supondría una duplicidad. “La iniciativa que nos ocupa contempla la creación de un nuevo organismo público -la Oficina de Alertas Ciudadanas de Euskadi- al que se asignan unas funciones que se solaparían abiertamente con algunas de las encomendadas a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción a las que se refería la citada proposición [de EH Bildu]”, señala el Ejecutivo de PNV y PSE-EE, que fue posterior a que se conociera el recurso y la paralización.
Entiende el Gobierno que “el instrumento idóneo” para establecer nuevos mecanismos de vigilancia contra las malas prácticas es la ley sobre Transparencia y Participación Ciudadana que en 2017 presentaron los partidos que sostienen el Ejecutivo, PNV y PSE-EE. Esa norma entró en la Cámara en julio de 2017 y, desde hace más de un año, están sobre la mesa las más de 200 enmiendas de la oposición. La ponencia que trabaja en el articulado continúa sus trabajos sin que, por el momento, haya un borrador definido.