Los hechos se remontan al mes de marzo de 2011, cuando el acusado dirigía la residencia 'Etxe Maitia' del municipio vizcaíno en el que residía la persona estafada, que era analfabeta, con su esposa.
La sentencia señala que, con la finalidad de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, el procesado, “valiéndose de la relación que tenía” con el hombre y el puesto que desempeñaba, le solicitó la entrega de una cantidad de dinero que necesitaba, con el compromiso de reintegrarlo, pese a que sabía que no lo haría.
Con la pretensión de “dotar a la preparación de unos visos de credibilidad y seriedad”, el acusado se presentó con la persona estafada en una sucursal bancaria, donde mostró unos documentos, suscritos por él mismo, en los que se decía que éste estaba inmerso en unos procedimientos judiciales y, con esa excusa, obtuvo la cantidad de 23.245 euros. Posteriormente, se negó a entregar esa cantidad al perjudicado ni a devolverle el dinero.