“200.000 es la mitad de 400.000. Ya veremos cómo acaba el 'caso De Miguel'. Cuando haya una condena hablamos. ¡Joder!”, se enfadó en un foro organizado por 'El Correo' el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, preguntado por el mayor caso de corrupción investigado en Euskadi y que sienta en el banquillo a 26 personas, algunos de ellos exdirigentes de su partido en Álava, otros excargos institucionales y otros militantes de base. Se refería con la comparación de cifras al quebranto económico generado por un leonino alquiler de unas oficinas municipales en Vitoria en la etapa de Alfonso Alonso (PP) como alcalde (caso San Antonio) y a una supuesta cuantificación económica del 'caso De Miguel', no pocas veces minimizado.
En realidad, esos 200.000 euros, aproximadamente, es la cantidad que estima el Gobierno vasco que pudo haber sido perdida por las arcas públicas en contrataciones 'a dedo' salidas desde la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles a empresas del entorno de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV Álava. Pero ésa es sólo una de las doce patas en que se ha subdividido este caso, que es mucho más complejo y que ha movido cantidades mucho más abultadas. Sólo la fallida recalificación de Zambrana impulsada por De Miguel estaba cuantificada en 65 millones de euros y los promotores pactaron con los intermediarios 3 millones de euros en comisiones.
Precisamente al hilo de las enormes cantidades de dinero que se movieron entre los inversores en Zambrana (los catalanes de Construcciones Riera) y la persona que De Miguel situó como facilitador del proyecto urbanístico, su amigo Iosu Arruti, se amplió la investigación a la posible existencia de fraude fiscal. La perjudicada sería la Hacienda de Bizkaia porque la mercantil con la que operaba Arruti, Sidepur, tenía su domicilio social en Bilbao. La sesión de este miércoles del macrojuicio que celebra la Audiencia Provincial de Álava está dedicada al análisis de esos delitos fiscales.
La novedad es que a la Fiscalía, que ha sostenido en solitario la acusación contra De Miguel y el resto de imputados -con la excepción de las intervenciones del letrado del Gobierno vasco, Javier Otaola, en lo relativo a Juventud- se le unirá la Diputación de Bizkaia, controlada por el PNV y que reclama con claridad penas de prisión para Arruti y para su padre, del mismo nombre y que participó igualmente en los movimientos económicos. Y Bizkaia tiene muy claro que el 'caso De Miguel' no son sólo 200.000 euros.
En su escrito de acusación, los abogados de la Diputación desgranan las cantidades no abonadas al fisco. Así, se aprecia que dentro de los 3 millones pactados entre Riera y Arruti por su intermediación en Zambrana -camuflada como asesoramiento técnico- en 2009 se regularizó unos ingresos de años anteriores por valor de 580.000 euros, 500.000 euros más IVA. Aplicado el 28% del Impuesto de Sociedades, “el importe defraudado por la sociedad Sidepur SL en el ejercicio 2009 [sería] de 140.000 euros”.
La Hacienda de Bizkaia también detectó otro ingreso procedente de Riera en la cuenta del padre de Arruti por valor de 584.000 euros, en este caso en el año 2008. Arruti padre realizó después 55 extracciones en ventanilla y más de 100 en cajeros por un valor aproximado de 600.000 euros. La investigación no ha podido determinar el destino de ese dinero al haber sido movilizado en efectivo. Sin embargo, sí es posible sancionar el no abono del IRPF en ese ejercicio: 285.336,46 euros.
Hay un tercer delito fiscal, relativo a la sociedad Zerulur, cuyo administrador era Arruti padre y el socio mayoritario Gorka Errasti, marido de la hermana de Arruti hijo. Ella y Errasti están igualmente imputados en el 'caso De Miguel'. Zerulur también obtuvo ingresos de empresas vinculadas con Riera y habría defraudado otros 129.920 euros en 2009.
Por todo ello, Bizkaia solicita penas de dos años de cárcel para Arruti hijo, de cuatro años para su padre y una indemnización de más de 500.000 euros por los impuestos no abonados en 2008 y 2009. Este miércoles comparecerá en el juicio el inspector de Hacienda Joseba Garmendia para detallar estos movimientos.
Este martes, el juicio del 'caso De Miguel' se ha detenido en la compra de terrenos en Frúniz (Bizkaia) que realizaron los exdirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, así como otros imputados y otros cargos y militantes del PNV. El suelo era propiedad de los Goirizelaia, la familia de la secretaria de De Miguel, Judith Goirizelaia, y del exidirgente nacionalista Igor Goirizelaia, ahora cargo del Gobierno vasco. Se trataba de unas parcelas en una zona de posible expansión urbanística. Según consta en la investigación, parte de los fondos para la operación procedieron de una filial de Construcciones Riera (los promotores catalanes que impulsaron con De Miguel la recalificación de Zambrana) llamada Enginergy. Los empresarios Jon Iñaki Echaburu y Prudencio Hierro, acusados pagar comisiones por adjudicaciones de contratos públicos, costearon para los compradores los gastos de notaría e impuestos. En el juicio ha comparecido como testigo Judith Goirizelaia, aunque sus “no recuerdo” constantes no han permitido aclarar la operación. El propio presidente del tribunal, el juez Jaime Tapia, le ha afeado la “falta de memoria” aunque ha concluido que “también hay silencios muy significativos”.