La Fiscalía ha apuntado en la sesión de este lunes del juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción del País Vasco, a que la trama articulada en torno al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, preveía haber ingresado de la empresa Urazca una comisión de 800.000 euros. Según anotaciones manuscritas en poder del también dirigente nacionalista Koldo Ochandiano, socio con Aitor Tellería y el propio De Miguel de la mercantil Kataia Consulting, una presunta empresa pantalla que era el centro de la red mercantil, estaba prevista una participación de 20 millones de euros de Urazca en la luego frustrada operación urbanística que se iba a desarrollar en Zambrana, al sur de Álava. Los 800.000 euros se corresponderían con el 4% de esa cantidad.
En la sesión de este lunes han comparecido nuevamente los agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431, adscritos a la unidad especializada en delitos económicos de la Policía vasca y que, durante la investigación, elaboraron para el juez instructor, Roberto Ramos, varios informes sobre los movimientos dinerarios entre las personas y empresas implicadas en el 'caso De Miguel'. Los ertzainas han confirmado que hay pruebas de que “curiosamente” las sociedades controladas por el político -su hermana era la contable de todas ellas- ingresaron una cantidad equivalente al 4% de dos adjudicaciones que recayeron en el constructor, Jon Iñaki Echaburu, uno de los acusados en el procedimiento. En concreto, procedían de obras de los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia.
“Al aplicar el 4% a esas adjudicaciones nos daban esas cantidades concretas con decimales”, han abundado los policías sobre la coincidencia entre las facturas cobradas y las notas escritas que guardaba Ochandiano en un cuaderno que fue hallado en su camarote el día de su detención y de la de De Miguel, Tellería y Echaburu, entre otros, el 17 de marzo de 2010.
El fiscal Manuel Pedreira, que acompaña a Josu Izaguirre en todas las sesiones del macrojuicio, ha incidido en una anotación de ese mismo cuaderno que alude a un nuevo 4%, en este caso aplicado a la empresa Urazca - una potente empresa constructora y de servicios- y a un supuesto negocio valorado en 20 millones vinculado al 'pelotazo' de Zambrana, impulsado políticamente por De Miguel desde el partido y luego como máximo responsable de Urbanismo de la Diputación de Álava mientras cobraba importantes sumas de dinero de los promotores catalanes de Construcciones Riera (ingresó 130.000 euros al día siguiente de que Riera decidiera su participación en el plan).
En otro punto del cuaderno de Ochandiano se hace referencia a los pagos de Urazca como dinero “negro”.
El abono de esa supuesta comisión de 800.000 euros no se pudo producir en “2008 y 2009”, como la tenía temporalizada Ochandiano, porque la compañía vasca entró en concurso de acreedores en 2008 y porque el propio proyecto de Zambrana naufragó a pesar de la implicación hasta el final de De Miguel. Se da la circunstancia de que en 2008 y 2009 la hermana del político y contable de la red de empresas, Aintzane de Miguel, alertó ya de que la situación económica de Kataia Consulting era crítica. Según el ministerio fiscal, ello forzó que De Miguel buscara nuevas formas de financiación y que presionara a la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi para que abonara a Kataia Consulting una comisión de 100.000 euros por la adjudicación 'a dedo' que su empresa, Urbanorma Consulting, recibió en el parque tecnológico de Miñano. Alberdi denunció en 2009 esta extorsión ante el fiscal Izaguirre y aportó pruebas como correos electrónicos y grabaciones en las que se alude a las 'mordidas' como una práctica “dentro de lo normal”.
Se da la circunstancia de que hace unas semanas el abogado defensor de De Miguel, Gonzalo Susaeta, citó como testigo a un directivo de la empresa Urazca. Jesús Miguel Aguinagalde, fue llamado para exponer que Kataia Consulting, para la elaboración de unos aparentes trabajos de asesoría en Zambrana que justificarían los abultados ingresos, abonó unos 35.000 a su compañía por unos servicios especializados subcontratados. Con rotundidad, el empresario afirmó que “efectivamente se hacen esos trabajos” para la compañía de De Miguel. Pero luego fue incapaz de aportar mayor detalle sobre ese movimiento económico y admitió que no existe soporte documental alguno.
El “delegado” de Urazca que gestionó este contrato fue “Josu Álvarez”, según Aginagalde. Josu Álvarez es amigo de De Miguel y su esposa, Leire Orueta, exteniente de alcalde de Llodio por el PNV, trabajó para una de las empresas de la trama, Errexal, y cobró en B parte de su nómina, como consta en el sumario. La factura de Kataia Consulting a Urazca coincide en fechas (noviembre de 2005) con la contratación por parte de esta compañía de la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao. Según explicó ella misma en el juzgado, su misión era elaborar informes para concursos públicos del área de Medio Ambiente en los que participaba la compañía. En el sumario hay un correo electrónico de Josu Álvarez dirigido a De Miguel y Tellería en el que les “agradece” los “esfuerzos” para que Urazca se llevase una adjudicación en la Sanidad vasca y en el que se sugiere que esta trama no pudo imponerse a otra que habría manipulado ese proceso.
No es el primer caso de corrupción en que se cita a Urazca. Su exgerente, el que fuera presidente del Athletic Ignacio Ugarteche, declaró como imputado en el 'caso Bárcenas'. En la contabilidad B del excontable del PP, consta un ingreso de 90.000 euros de Urazca a la formación conservadora. La aparente donación se produjo días antes de que la compañía vasca recibiera un contrato para la construcción de un aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Para impulsar el proyecto de Zambrana, De Miguel situó como intermediario a su amigo Iosu Arruti, también militante del PNV. A través de la asesoría Sidepur, Arruti pactó con Riera unos honorarios de 3 millones de euros. En la investigación, consta que, fruto de esos abonos desde la empresa catalana, el padre de Arruti, del mismo nombre, extrajo en metálico del orden de 600.000 euros tanto en ventanilla (más de 50 reintegros) como en cajeros (más de 100). “¿Dónde está el dinero?”, ha preguntado el fiscal Manuel Pedreira a los expertos de la Ertzaintza que investigaron estos movimientos. “No tenemos ese control, es efectivo”, han reconocido sobre uno de los puntos oscuros de este caso. Lo que sí es más claro es que ese dinero fue ocultado a Hacienda. La Hacienda foral de Bizkaia está personada en la causa y, como el ministerio pública, imputa delitos fiscales a Arruti y a su padre por estos movimientos opacos. Un informe estima que de esos 600.000 euros el padre de Arruti debió ingresar unos 250.000 euros al erario público.