“No reclaman comisiones en un callejón oscuro, sino sin ningún tipo de vergüenza desde un correo oficial”

Hasta ahora, las sesiones del juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción investigado en Euskadi y por el que se juzga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales articulada en torno al que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, habían sido monopolizadas por los abogados de los 26 imputados. Con palabras gruesas, los letrados -muchos de ellos con una dilatada trayectoria- habían solicitado la nulidad de toda la causa al entender que las grabaciones que aportó la denunciante estaban manipuladas o al sugerir que la Ertzaintza había “blanqueado” pruebas obtenidas de manera “inconfesable”. También habían rebajado el alcance de este sumario de corrupción, menester en el que también lleva años el PNV, partido al que pertenecían muchos de los implicados. En este escenario, el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, quien en diciembre de 2009 inició la investigación, ha puesto pie en pared y durante 90 minutos ha recordado la gravedad de la causa poniendo voz por vez primera a las acusaciones concretas y detalladas contra De Miguel y el resto de acusados.

“Esta persona tiene el poder, la inconsciencia o la desvergüenza, que cada uno lo califique como quiera, de poder reclamar estas comisiones no en un callejón oscuro, no a través de intermediarios, sino remitiendo correos electrónicos desde una dirección oficial de la Diputación foral de Álava, reclamando sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro cantidades concretas para que se le paguen. Y no es una persona aislada. No es un calentón. Se encuentra amparado todo el 'establishment'”, ha proclamado Izaguirre en la que es ya la cuarta sesión de este macroproceso que, en principio, se prolongará hasta octubre.

Izaguirre ha querido leer en la vista pública parte de la denuncia original que la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi interpuso en el despacho de Izaguirre en diciembre de 2009, testimonio que ha ratificado en varias ocasiones y que previsiblemente repetirá próximamente en el juicio. Alberdi era socia del constructor Jon Iñaki Echaburu -contratista habitual del Gobierno vasco afiliado al PNV- en Urbanorma Consulting y adquirió en su día la totalidad de la sociedad, que había recibido 'a dedo' el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano (Álava), una sociedad pública.

Alberdi refirió que De Miguel y otro dirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la estaban extorsionando a ella y a su padre para cobrarle una comisión de 100.000 euros en Miñano, ha explicado el fiscal. Aportó 24 grabaciones en las que se alude al pago de comisiones como algo “dentro de lo normal” y también correos enviados por el político desde su cuenta oficial de la Diputación con frases como “¿cuánto para este año y cuánto para el siguiente?”. A partir de ahí, ha recordado Izaguirre, se inició una investigación que destapó una red muy compleja en la que la exigencia de comisiones, presuntamente, se habría repetido en otros escenarios a cambio de “contratos muy sustanciosos”. “De Miguel estaba en todas partes”, ha sintetizado el fiscal para justificar los 54 años de cárcel que solicita para él por la presunta comisión de hasta 21 delitos relacionados con la corrupción.

En este sentido, Izaguirre ha querido subrayar que Alberdi, antes de acudir a la Justicia, se dirigió al presidente de la red de parques tecnológicos y alto cargo del Gobierno vasco Julián Sánchez Alegría. “La sorpresa es que el señor Sánchez Alegría, en vez de proceder a poner una denuncia, que es lo que tenía obligación, lo que hace es contarle a De Miguel 'sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero por favor, sé más discreto'”, ha relatado el titular del ministerio público.

Izaguirre ha rechazado de plano la petición de las defensas para anular esas grabaciones aportadas por Alberdi. Ha defendido que no están recortadas ni manipuladas y ha asegurado que la cadena de custodia se respetó en todo momento. Asimismo, se ha referido a la comparación que las defensas hicieron con el 'caso Guateque' de Madrid, que quedó archivado por irregularidades en las grabaciones, y ha recordado que no tiene nada que ver con lo ocurrido aquí porque en Madrid fue la Guardia Civil quien instó a un testigo a forzar unas escuchas. Izaguirre ha ironizado que sería mucho más interesante tener en cuenta como jurisprudencia la reciente sentencia del 'caso Palau', por la cual excargos de Convergència han sido condenados por el cobro de comisiones ilegales.

Igualmente, ha recordado que la supuesta anulación de estas pruebas no supondría la suspensión del juicio y el decaimiento de la totalidad de las acusaciones. “Aunque se anulasen, seguiría el testimonio [de Alberdi], seguiría Zambrana [el fallido pelotazo urbanístico de 65 millones de euros], seguiría Gorliz, seguiría Fruniz, seguiría la asociación ilícita, los correos del señor De Miguel con el pago de comisiones, … No se puede anular la totalidad del sumario”, ha enumerado el fiscal.

Izaguirre ha querido detenerse también en la demanda de uno de los imputados, el constructor Prudencio Hierro, de que no se autorice un testimonio que probaría que Hierro corrió a cargo de la reforma de la casa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia) luego de que se beneficiara de un contrato público teledirigido. Según la letrada del empresario imputado, la Ertzaintza obtuvo las pruebas de manera “inconfesable”. El fiscal, en cambio, ha roto una lanza a favor de los agentes adscritos al caso, algo que no ha hecho ningún responsable político de la Policía vasca. “La unidad de delitos económicos de la Ertzaintza ha hecho un trabajo impecable con escasez de medios y sometida a muchas presiones. Algunas de las referencias a su trabajo son, como mínimo, injustas”, ha asegurado el fiscal, quien también ha aplaudido la meticulosidad del juez instructor que dirigió todas las actuaciones, Roberto Ramos, quien nunca tuvo el refuerzo judicial que ahora sí ha sido concedido al tribunal que enjuicia estos hechos.

El fiscal ha ironizado que es normal que los imputados busquen anular algunas pruebas “demoledoras” como las relacionadas con la reforma de la casa de Gorliz y también con que no tiene sentido la alegación de que ese pago de Hierro a De Miguel no supuso un beneficio personal para el expolítico. “El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas….”, ha soltado Izaguirre.

En todo caso, el fiscal ha recordado que muchas de las peticiones jurídicas de las defensas ya habían sido formuladas en 2015, al finalizar la fase de instrucción, y que la propia Audiencia de Álava -en concreto dos de los tres jueces- ya las había rechazado. “A dichas cuestiones les afecta el principio de cosa juzgada si no material, sí formal. La sala ya ha resuelto sobre ellas. No deben a volver a ser resueltas. Es cierto que existe una jurisprudencia que dice que las cuestiones previas pueden volver a ser resueltas -e incluso en sentido contrario- pero sólo en aquellos supuestos en que se aporten nuevos elementos. Entendemos que en este acto la semana pasada no se ha aportado ningún elemento nuevo”, ha zanjado Izaguirre.