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De Miguel defendió hasta el final la recalificación en Zambrana con unas "notas" contrarias a informes técnicos

El jefe de Urbanismo de Álava asegura que el político, que cobró de los promotores del proyecto, le planteó una "encerrona" en la reunión de la comisión que debía aprobar el plan

Una de las subordinadas de De Miguel afirma que hubiera "denunciado" al político de saber que tenía intereses económicos en Zambrana a través de Kataia Consulting

Arranca el macrojuicio por la presunta corrupción que salpicó al PNV de Álava

Alfredo de Miguel, con su abogado Gonzalo Susaeta EFE

"Desde aquí quiero pedir a mantenimiento que no nos apaguen las luces a las 20.00 horas", ha implorado el presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia, al ser consciente que la de este lunes puede pasar a la historia como la jornada más larga del macrojuicio. Desde las 9.30 hasta más de las 22.00 horas y nuevamente sin apenas atención de los medios de comunicación -sin luz desde las 21.45 horas-, cuatro testigos han depuesto sobre los vericuetos de la fallida recalificación urbanística de Zambrana, valorada en 65 millones de euros y que presuntamente proporcionó pingües comisiones al que fuera 'número dos' del PNV alavés y desde 2007 hasta su detención en 2010 diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), Alfredo de Miguel. El último de ellos ha sido el jefe de Urbanismo de la Diputación, Javier Gatón, funcionario y exmilitante del PNV, quien ha ratificado lo que ya declaró en la fase de investigación. Gatón ha confirmado que el político defendió la operación de cuyos promotores había cobrado más de 200.000 euros hasta el final y ante la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV), para lo cual se valió de unas "notas" realizadas a última hora y que eran contrarias a los informes de sus técnicos.
La operación se gestó en 2004 con la 'jeltzale' María Justina Angulo como regidora, pero Gatón ha explicado que el expediente de Zambrana llegó en marzo de 2009 a la COTPV, un órgano que sienta a Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos para discutir sobre las grandes modificaciones urbanísticas de Euskadi. Antes, la planteada recalificación de más de 120 hectáreas en el pequeño pueblo del sur de Álava para edificar un polígono industrial había recabado informes desfavorables de la Agencia Vasca del Agua (URA) y del área de Medio Ambiente de la Diputación. También había puesto objeciones la entonces viceconsejera del Gobierno vasco y responsable de Urbanismo, Ana Oregi, en aquel momento designada por EA antes de fichar por el PNV como consejera de Iñigo Urkullu primero y parlamentaria en la actualidad. Uno de los puntos en contra era el carácter inundable de unos terrenos próximos al Ebro y al Zadorra.
Pero De Miguel insistió en que la operación tenía que recibir el visto bueno de la COTPV. Reunido con Gatón en vísperas de esa reunión de marzo de 2009, el diputado le recordó el "interés" que tenía el plan de Zambrana para Álava y el funcionario le explicó que el único asidero que quedaba era cuestionar algunos aspectos de forma del informe de URA. "Era un informe muy serio", ha explicado Gatón sobre la calidad técnica de ese dictamen contrario a la operación.
Javier Gatón, funcionario jefe de Urbanismo en Álava

Javier Gatón, funcionario jefe de Urbanismo en Álava

Es en ese contexto cuando se gestan las "notas" elaboradas por Gatón favorables a la recalificación pero contrarias a los informes forales y a su propio criterio. "Yo esto no firmo", ha remarcado varias veces el técnico sobre esas notas, cuya apoyatura técnica es "bastante débil", según su propio autor, que ha destacado que fue "la primera y única vez" que se ha hecho algo semejante ante un expediente urbanístico.
Según Gatón, las "notas" deberían ser defendidas públicamente en la reunión de la COTPV por alguno de los dos representantes de Álava, el diputado De Miguel y su 'número dos', el director de Equilibrio Territorial Iñaki Nafarrate. Pero De Miguel tuvo un viaje privado con su mujer de última hora y Nafarrate se negó a exponerlas. Según el funcionario, hubo una "encerrona" y tuvo que ser él el que expusiera una versión de los hechos que no era la sostenida por los técnicos ni la posición de la Diputación. "Yo no asumía en mi fuero interno [esa opinión]", ha apostillado.

"No había plan B, queríamos 150 hectáreas"

Nafarrate también ha comparecido este lunes en el juicio. Y ha indicado en tres ocasiones que la decisión política del área de Urbanismo de Álava era lograr "más hectáreas" para Zambrana -ha dicho que hasta 150- ya que la COTPV restringía la operación a unas 20 y el Ayuntamiento de Zambrana ya hablaba de 60. "Intentamos que se nos autorizara las 150 hectáreas. Nosotros no tenemos plan B, tenemos plan A, 150 hectáreas", ha enfatizado Nafarrate, que fue el que sustituyó en el cargo a De Miguel en marzo de 2010 cuando fue detenido por corrupción.

Nafarrate ha indicado que Gatón hizo 'motu proprio' las notas y la defensa de éstas ante la COTPV. Ha remarcado, además, que es poco creíble que se le presionara para elaborar directrices contrarias a informes técnicos porque es un "profesional" de dilatada trayectoria. Igualmente, ha reconocido que el de Zambrana era uno de los proyectos señeros para la Diputación y que "no tenía ni idea" que De Miguel, a través de la mercantil Kataia Consulting, estaba cobrando de los promotores.

Durante todos los interrogatorios, el letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha querido insistir en que "el único informe negativo que había era de URA", la agencia autonómica de Aguas que "no era competente" en la operación de Zambrana porque "estaba el río Ebro de por medio" y, por lo tanto, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Según Susaeta, este organismo manifestó finalmente una posición "favorable" a la recalificación, por lo que quedaría descartado que tanto De Miguel como su equipo actuaron a favor de este proyecto por intereses propios y en contra de criterios técnicos. 
Susaeta también ha querido sembrar la duda de que la recalificación fuese un proyecto del PNV, ya que ha destacado que el "impulsor" más decidido fue el alcalde de Zambrana que relevó a la imputada Angulo, el independiente Aitor Abecia "apoyado por el PP". Es la misma tesis de la defensa de la exregidora. Sin embargo, Abecia -extremadamente crítico con todo lo ocurrido en su pueblo- ni siquiera comparecerá en el juicio porque Susaeta renunció a última hora a su comparecencia y porque la abogada de Angulo, María José Tapia, ni siquiera planteó su declaración.
Sobre Gatón, el defensor Susaeta ha insinuado que ha cambiado su versión en torno a las "notas" y ha alegado que en la fase de investigación manifestó que aquel dictamen de última hora sí era su opinión. "¿Era su opinión o no era su opinión?", le ha requerido el abogado al testigo, a lo que ha contestado de manera sintética: "Lo que yo dije era cierto, otra cosa es que lo considera endeble". También ha querido atribuir a la "diabólica" acusación de la Fiscalía la palabra "encerrona", pero Gatón se ha reafirmado en que sintió que aquella reunión de la COTPV fue una "encerrona" para su persona.

"Hubiera denunciado a De Miguel"

A De Miguel, por su viaje familiar, le cubrió en la reunión de la COTPV su otra directora, Izaskun Martínez de Lahidalga, que no tenía competencias en Urbanismo. Ella ha explicado que fue en el breve viaje en coche desde la Diputación a la sede del Gobierno vasco en Lakua cuando conoció la existencia del informe de última hora. La militante del PNV ha indicado que si hubiese conocido entonces que De Miguel tenía "interés" en esa operación no habría ido a la reunión a votar a favor de la recalificación. Y ha añadido preguntada por las cantidades que percibió su exjefe a través de Kataia Consulting: "Hubiese venido a este juzgado, lo hubiese denunciado y hubiese pedido que me cesaran como directora".

Martínez de Lahidalga recuerda como una "convulsión" aquel 17 de marzo de 2010 en que se conoció la detención de De Miguel y otros dirigentes del PNV alavés. Ha explicado que ella misma, que trabaja en los juzgados y en aquel momento estaba en excedencia por ser un cargo público, se desplazó a hablar con el impulsor de la investigación, el juez de instrucción Roberto Ramos, para conocer más información sobre el sumario. En el exterior del Palacio de Justicia se encontró con una de las hermanas del político, Eguzkiñe, quien le explicó cuál era el posible nexo de los arrestados en aquella jornada: Kataia Consulting.

278.000 euros para "arreglar calles"

La larguísima sesión de este lunes del juicio del 'caso De Miguel' ha arrancado con un igualmente extenso interrogatorio de la Fiscalía al empresario Martín Balda Goñi, quien fue el primer inversor captado en 2004 para comprar las 120 hectáreas rústicas de Zambrana para levantar un polígono industrial. Balda Goñi ha ofrecido un rosario de "no me consta" y "no recuerdo". Su 'amnesia' ha motivado incluso una crítica por parte del presidente del tribunal, Jaime Tapia. "¿Qué pensaba que le iban a preguntar, por un accidente de tráfico? ¿No lee la prensa?", ha ironizado Tapia. El fiscal, Josu Izaguirre, le ha preguntado por un pago de 278.000 euros que realizó al intermediario Iosu Arruti una vez formalizado un convenio con el Ayuntamiento de Zambrana. El pago fue realizado a través de las propias cuentas municipales. Aunque aparentemente se trataba del pago por servicios de gestión urbanística que iba a proporcionar la asesoría de Arruti, Sidepur, el constructor ha asegurado que en su día le dijeron que era "para arreglar calles del pueblo". Ni siquiera las del futuro polígono, sino del propio pueblo. "Se me pide dinero y yo lo doy", se ha sincerado Balda Goñi, al cual no le causó sorpresa que nada de ello fuera documentado o recogido en contratos y facturas. Las circunstancias hicieron que Arruti pactara que serían los catalanes de Construcciones Riera los que harían de promotores de la recalificación de Zambrana. Mientras la empresa de Balda Goñi (Capiresgo) no pasaba de su oferta de 8 euros/metro cuadrado para los propietarios de las fincas -entre ellos familaires de la alcaldesa, María Justina Angulo-, Riera accedió a un precio de 13,45 euros y adelantando además una opción de compra. En ese contexto, Balda Goñi exigió la devolución de esos 278.000 euros. Arruti entregó ese dinero al Ayuntamiento y Angulo ordenó una transferencia al constructor. El dinero volvió íntegro, sin que haya constancia de ningún descuento por los trabajos de asesoría de Arruti o de los arreglos en calles del pueblo. En paralelo, Arruti ya tenía firmado un nuevo convenio para asesorar a Riera en Zambrana, para lo cual pactó unos honorarios de 3 millones de euros.

¿Qué pensaba que le iban a preguntar, por un accidente de tráfico? ¿No lee la prensa?

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