La Mesa de las Juntas Generales de Álava, reunida este martes, ha decidido posponer hasta después de las vacaciones de verano la tramitación de una modificación normativa pactada por PNV, PSE-EE y PP para regular el funcionamiento interno de la Cámara foral que, como primera medida de la nueva legislatura, iba a suponer un incremento en el número de asesores de los partidos y, por ende, de los gastos de personal, como adelantó eldiarionorte.es. Aunque en un inicio se planteó una tramitación de “urgencia” para formalizar los cambios antes del 1 de agosto, ahora se ha optado por hacerlo “como cualquier otro asunto ordinario” a partir de septiembre, según han confirmado a este periódico fuentes parlamentarias.
En líneas generales, aunque el nuevo sistema de reparto de asesores no perjudicaba a ningún partido político, en relación a la pasada legislatura, los principales beneficiarios eran los tres partidos firmantes de la propuesta. Nacionalistas y socialistas -que han ganado escaños en las generales y que gobiernan en coalición en Álava- tendrían ocho nóminas más a su disposición (cada asesor percibe 55.000 euros de sueldo), mientras que el PP tan sólo tendrá que prescindir de un trabajador, cuando le correspondería haber perdido cuatro por sus malos resultados. También en el Ayuntamiento de Vitoria ambos partidos habían acordado mitigar la maltrecha situación económica en la que había quedado el PP cediéndole dos asesores adscritos al alcalde, Gorka Urtaran.
Fuentes de los partidos firmantes de la iniciativa habían estimado en algo más de 250.000 euros el coste de esta medida en 2019. Y se añadía que había presupuesto disponible para ello con cargo a los remanentes. Sin embargo, portavoces oficiales de las Juntas Generales indican que “no se puede hacer un cálculo exacto” hasta que se apliquen los cambios y los partidos políticos decidan su estructura interna definitiva. Algunas formaciones como EH Bildu y Elkarrekin Podemos habían mostrado su malestar por el sentido de la primera iniciativa de la legislatura, que coincide también con una subida de hasta 5.000 euros de los sueldos de los miembros del Gobierno de la Diputación.
En este escenario, las Juntas Generales, recién constituidas y que han iniciado la legislatura con la investidura de Ramiro González para un segundo mandato como diputado general, han decidido retrasar la tramitación de esta norma foral hasta después de las vacaciones. Ahora mismo, la institución está a medio gas y sólo está constituida la comisión permanente (diputación permanente). Ya en septiembre, cuando se vayan creando todas las comisiones y se inicien los trabajos ordinarios, se debatirá este asunto como uno más, sin darle prioridad o urgencia como se pretendía al principio.