El Gobierno de Iñigo Urkullu iba a recibir este jueves un puntapié de la oposición, dispuesta a tumbar con sus votos la proposición de ley para la reforma del sistema de renta de garantía de ingresos (RGI). Formalmente, se trata de una iniciativa de los partidos políticos que sustentan al Ejecutivo, PNV y PSE-EE, pero desde un primer momento la iniciativa de la reforma había partido del Departamento que dirige Beatriz Artolazabal y altos cargos del Gobierno han estado al tanto de las negociaciones de última hora para intentar salvar una de las medidas estrella de la legislatura.
Según han confirmado eldiarionorte.es fuentes parlamentarias, PNV y PSE-EE no han conseguido ningún apoyo en la oposición en la negociación preparatoria del primer debate parlamentario de la reforma legislativa, que decide sobre la admisión a trámite de la proposición. Así las cosas, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP -con argumentos políticos diferentes, cuando no opuestos- se habían decantado por votar en contra de la propuesta original de PNV y PSE-EE, que decaería automáticamente al tener 38 escaños por 37 del Ejecutivo.
Al principio de la sesión se había ausentado Miren Larrion (EH Bildu), que es también concejal en Vitoria. Sin ella, se produciría un empate, el asunto se pospondría hasta el siguiente pleno (ya en septiembre u octubre) y se ganaría tiempo. Sin embargo, la presencia expresa de Larrion para esta decisiva votación había sido confirmada por EH Bildu.
En los pasillos del Parlamento se había valorado la opción de que el Gobierno evitara la fotografía de la derrota retirando del orden del día el punto sobre la RGI buscando ganar tiempo para seguir negociando. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo han descartado de plano esta opción durante gran parte de la mañana y habían asegurado que el debate serviría para que todos los partidos se “retraten” y expliquen a la sociedad por qué se niegan a debatir una reforma de uno de los pilares del sistema vasco de protección social. Esa decisión tenía el visto bueno de altas esferas del Gobierno.
Sin embargo, al filo de las 12.00 horas el PNV y PSE-EE han enviado un comunicado en el que cambiaban de posición y anunciaban que “se pospone el debate sobre la RGI a petición de la oposición para abrir un tiempo de acuerdo”. En la nota, los partidos de Gobierno indican que se abre una “oportunidad” para alcanzar un consenso en la materia, que tiene “importancia primordial para el conjunto de la sociedad vasca”.
Como el mal estudiante, con el examen para septiembre
Los partidos de la oposición, a pesar de la suspensión del debate, no han desechado la oportunidad de mostrar su posicionamiento crítico con la reforma de la RGI, aunque a través de ruedas de prensa en las que han volcado su argumentario. Según Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos), PNV y PSE-EE “han tenido que agachar la cabeza” antes de “quedar en evidencia”. Ha añadido que la retirada de la proposición de ley “es una victoria de la ciudadanía”. Desde el PP, Laura Garrido ha indicado que es “innegable” que ha habido “conversaciones” con el Gobierno pero también que “no ha existido ninguna voluntad de negociación”. Como los malos estudiantes, ha comparado Garrido, el Ejecutivo tendrá que volver a pasar el examen de la RGI a la vuelta de las vacaciones, en septiembre.
La representante de EH Bildu, Nerea Kortajarena, sí ha admitido que su formación ha pedido tiempo al Gobierno para buscar garantías de mejorar un texto inicial que no satisface para nada a la coalición abertzale. “Esto es una buena noticia. Se abre una ventana para seguir dialogando”, ha señalado.
Una trayectoria llena de polémica
La RGI lleva años en el centro de la polémica. En 2011, la entonces consejera del PSE-EE, Gemma Zabaleta, ya pactó con el PP una primera reforma restrictiva del derecho que existe en Euskadi a recibir un salario social en caso de no tener recursos o de acreditar una nómina o pensión baja. En aquella ocasión se elevó de uno a tres años, con carácter general, el requisito de empadronamiento para acceder al sistema. Semanas después, en 2012 entró en vigor un recorte del 7% en todas las prestaciones, percibidas por unas 60.000 familias.
Esa medida se ha mantenido en el tiempo hasta hoy y se complementó en 2017 al desindexar la RGI del SMI, que ese año tuvo una subida notable. Pasó a estar referenciada al IPC, un poder adquisitivo que no se mantuvo cuando el SMI subía menos que los precios. En este escenario, el PP introdujo también el debate sobre los extranjeros y el fraude en las ayudas sociales, que incluyó una recogida de firmas y un portazo del Parlamento a endurecer el control.
Sin embargo, el Gobierno de Urkullu sí inició una reflexión sobre el modelo que cristalizó una propuesta que presentó Artolazabal el pasado año. El nuevo sistema incluía un nuevo cálculo de las cuantías -mejor que el actual, pero peor que el propuesto en 2008- pero también limitar a una las prestaciones por vivienda.
El Ejecutivo no registró su propuesta en la Cámara como proyecto de ley, pero PNV y PSE-EE lo hicieron como proposición de ley. Ambas fórmulas tienen tramitaciones distintas. Según la oposición, el Gobierno ha querido esquivar algunos informes y trámites para agilizar los plazos. Decaída la iniciativa, será posible retomarla a la vuelta de vacaciones, si bien las circunstancias obligarán a Artolazabal a buscar nuevas propuestas en torno a la RGI.