En apenas 24 horas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato SUP de la Policía Nacional contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley de víctimas policiales de 2016 para analizar las solicitudes de reconocimiento y reparación. Mediante este ardid jurídico, el SUP -como cabeza de una plataforma más amplia que agrupa a otras asociaciones policiales y de víctimas de ETA- pretende lograr activar una cuestión de inconstitucionalidad ante el acuerdo político entre los Gobiernos central y vasco para la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta normativa a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco.
Si el recurso se presentó el 24 de julio, el 25 de julio la sala de lo contencioso-administrativo del Superior ya había admitido a trámite el escrito del SUP. Esta decisión, en todo caso, no entra en ningún caso al fondo del asunto y se limita a reseñar que formalmente las documentación presentada es correcta y que la sala es competente para resolver. Se ha designado ponente a María del Mar Díaz Pérez. Completarán el tribunal Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi. Por el momento, la única decisión adoptada es requerir al Gobierno vasco que remita el expediente administrativo completo afecto a este caso.
La ley de reconocimiento de las víctimas policiales entre 1978 y 1999 se halla sumida en una batalla jurídica. La norma es de 2016 y fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del PP al entender que Euskadi se arrogaba la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces y magistrados al proceder a investigar casos sin garantías procesales como el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia. El actual Ejecutivo del PSOE asume que la redacción vigente lleva también a esa conclusión pero ha acordado esta semana con el Gobierno vasco el “desestimiento” en el pleito a cambio de modular algunos artículos. La idea es dejar claro que sólo se atiende a las víctimas en el uso de una competencia de asistencia social, sin que en ningún momento se investigue o condene a victimarios al margen de la vía judicial ordinaria.
Estos movimientos, en cambio, han suscitado la creación de una plataforma encabezada por el SUP y a la que se han unido otras organizaciones como Covite o la AUGC, incluso también Erne de la Ertzaintza. Están asesorados por Macarena Olona, exresponsable de la Abogacía del Estado en Euskadi ahora en otro destino, autora en su día del recurso de inconstitucionalidad.
En este grupo entienden que, pese a los cambios, la normativa continúa estableciendo responsabilidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin las debidas garantías y comprobaciones. Políticamente, van un paso más allá y aseguran que esta normativa alimenta la “teoría del conflicto” al dar a tender que hubo víctimas del Estado como las hubo de ETA. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, ha asegurado públicamente y en privado que hará pedagogía para evitar esta, a su juicio, incorrecta interpretación. Ha destacado incluso que las víctimas -que las hubo- fueron casos aislados y que han ido disminuyendo en el tiempo conforme se ha consolidado la democracia constitucional española.