Las plataformas antidesahucios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se temen lo peor en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Vivienda. Después de los últimos movimientos de los partidos entiende que se está desvirtuando el espíritu original del proyecto de ley de Vivienda que presentó el PSE hace más de año y medio. Por eso, han solicitado comparecer de manera urgente en el Parlamento vasco.
Su intención es expresar a los parlamentarios su “preocupación” por cómo se está tramitando la norma impulsada. “La futura ley debe incluir ineludiblemente el derecho subjetivo y efectivo a una vivienda digna, exigible frente a la Administración y los tribunales, y también determinar su función social”.
En esta línea, defienden que se considere “vivienda deshabitada” aquella que permanezca seis meses sin ocupación y no durante dos años tal y como plantea en estos momentos la ponencia que se encarga de cerrar el texto. Stop Desahucios también considera necesario establecer medidas de expropiación de uso y alquiler forzoso, especialmente para aquellas viviendas cuya propiedad se debe a una ejecución hipotecaria.
Otra de sus peticiones es que todas las viviendas de protección oficial se dediquen al alquiler, para que el parque público pueda crecer y alcanzar unos niveles similares a los de otros países europeos, y que se prohíba desahuciar en viviendas de gestión pública cuando la causa sea el impago del alquiler por una insuficiencia de ingresos.
El Gobierno vasco ha cifrado en 715 millones de euros el impacto económico en los próximos díez años de la Ley de Vivienda si se aprobase en los términos planteados por el PSE en la propuesta original. Una cifra inasumible en estos momentos para el Ejecutivo, según manifestó hace unas semanas el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto.