El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha ofrecido este martes algunas pinceladas del papel que se ha autoasignado el Ejecutivo autonómico como “puente” entre el Gobierno central y los interlocutores del desarme de ETA, un proceso que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, calificó de “histórico”. Aunque ha apelado a la “discreción”, Erkoreka ha confirmado que el pasado martes Urkullu se desplazó a La Moncloa con carácter urgente para avanzar a Mariano Rajoy el anuncio que se iba a conocer el viernes y que pone plazo a la entrega de armas para el 8 de abril y ha adelantado que el “compromiso” es el de “informar cumplida y lealmente” de los datos que los “colaboradores” del Gobierno vasco obtengan de sus contactos tanto con el grupo social que impulsa el desarme como con el comité internacional de verificadores liderado por Ram Manikkalingam.
El papel del Gobierno vasco, que en 2014 lanzó ya una propuesta de desarme como respuesta a una situación que apreciaba de bloqueo, será el de “ofrecer la cobertura institucional” que corresponde para llevar a buen puerto el proceso. Ha habido “numerosos contactos” con los “grupos sociales implicados en el desarme” por parte de “colaboradores” del Ejecutivo que han mantenido al tanto a Urkullu. Con esa información, el lehendakari ha hecho “de puente” con Rajoy -con quien no se reunía formalmente desde hace tres años- y le trasladó su voluntad de mantener ese canal de comunicación abierto permanentemente. Euskadi entiende que para completar el desarme es necesario “garantizar la presencia de una institución pública”, entre otros aspectos para dotar de una barniz de legalidad a una entrega de armas que constituyen pruebas de acciones terroristas.
Y esos contactos se van a mantener al más alto nivel. Este miércoles se reúnen el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. En principio, se trata de una primera toma de contacto tras la salida de Jorge Fernández Díaz del Gobierno y una oportunidad para que Euskadi insista en sus reivindicaciones de que se retiren los recursos judiciales a las OPE de la Ertzaintza, de que se impulse el papel de la Ertzaintza como “Policía integral” vasca o de que se convoque una Junta de Seguridad para abordar el ajuste del despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. No obstante, la gestión del final de ETA estará también sobre la mesa.
El Gobierno autonómico, una coalición de PNV y PSE-EE, apela en todo caso a la “discreción” en este proceso. “Nada puedo decir a propósito de fechas, actuaciones o escenarios”, ha argumentado Erkoreka, que entiende que la “sobreexposición” podría frustrar esta operación.
El consejero, Josu Erkoreka, ha manifestado que Euskadi mantiene su propuesta de flexibilización de la política penitenciaria que se aplica a los condenados de ETA. Dentro de la “legalidad”, Euskadi propone limitar a 250 kilómetros el alejamiento máximo de los presos, lo que beneficiaría a un grupo importante recluido en penales andaluces, extremeños o valencianos. En 2013, cuando se redactó esta propuesta, las personas privadas de libertad “alejadas de sus domicilios” eran 500 y en la última revisión del documento, de noviembre de 2016, se habían rebajado hasta los 360. Erkoreka ha explicado que no se trata de una propuesta que se haya trasladado específicamente al Gobierno central para su evaluación, sino simplemente un plan que se va revisando regularmente. Las competencias de Prisiones corresponden en exclusiva al Ministerio del Interior excepto en Cataluña, que recibió una transferencia que también reclama Euskadi.