Los responsables de Verter Recycling, la empresa privada gestora del vertedero de Zaldibar que se desprendió el pasado 6 de febrero y mantiene atrapados a dos trabajadores casi dos semanas después, admitieron después de la catástrofe que “días atrás se había detectado la existencia de grietas”, según el informe presentado en el Parlamento Vasco por el consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola, que ha negado cualquier tipo de negligencia por parte del Gobierno en esta crisis y ha señalado claramente a la empresa. Fue precisamente una de las víctimas la que dio la voz de alerta a sus superiores 48 horas antes, sin obtener respuesta. Es más, el 21 de enero, solamente 17 días antes de los hechos, la compañía había enviado a la Administración un “estudio de estabilidad” firmado por la empresa Lurtek que concluía que el vertedero, ubicado en una ladera, “era estable con la configuración actual”. Éste es el historial del ahora archiconocido vertedero de Zaldibar, el que más residuos recibió en Euskadi en 2018, el “segundo mejor” de la comunidad autónoma en 2014 y por el que nadie había preguntado en el Parlamento desde su apertura. “A la vista de las consecuencias, los mecanismos de control no han sido suficientes y esto deberá ser proyectado al futuro”, ha admitido ahora el lehendakari, Iñigo Urkullu.
Verter Recycling se constituyó como empresa gestora el 21 de junio de 2002 y el 7 de mayo de 2004 presentó la documentación del proyecto constructivo del vaso. Fue en enero de 2007 cuando el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco concedió la autorización ambiental integrada al proyecto. La apertura se realizó en 2011 después de que en años anteriores se produjeran varias modificaciones sustanciales respecto al proyecto original, relativas al dique, viales o lixiviados. En marzo se ajustó la autorización ambiental a los cambios.
En Zaldibar se gestionan “residuos industriales no peligrosos”. Hay tres tipos de restos: urbanos (RSU), de la construcción (RCD) e industriales, que pueden ser, a su vez, peligrosos o no peligrosos. Los industriales suponen el 60% del total -55% normales y 5% “peligrosos”-. En cifras más claras, cada habitante vasco genera 2.900 kilogramos anuales de residuos. Los industriales son 3,5 millones de toneladas, por 0,3 millones de sustancias “peligrosas”. El 58% se recicla, pero Euskadi sigue necesitando vertederos. Hay 350 gestores gestores de residuos autorizados en la comunidad autónoma, entre ellos 15 vertederos (ninguno de sustancias peligrosas, que son enviadas fuera), dos de valorización energética de residuos urbanos y dos celdas de lindano, muy polémico en su momento. Es un sector claramente privatizado. O directamente los explotan firmas privadas -como en Zaldibar- o en los que son públicos se subcontratan a empresas gestoras -como en Vitoria-.
El volumen total del vaso de Verter Recycling son -o eran- 2,8 millones de metros cúblicos. Su ocupación era de 1,7 millones y la lengua de la avalancha es de 0,5 millones. En camiones, el material desprendido equivaldría a 23.800 vehículos. Puestos en fila uno detrás de otro, ocuparían todo el recorrido entre Vitoria y Madrid por carretera. La vida útil de Zaldibar era de 35 años con 80.000 metros cúbicos anuales de depósito. Pero el ritmo de llenado era mucho mayor. Era el de mayor actividad de Euskadi. Según Medio Ambiente, eso no es ilegal, pero sí que admite que, con esa actividad incesante, en 2022 habría tenido que cerrar sus puertas. Acumulaba un 23% de tierras, rechazos de plantas de valorización (22%), lodos papeleros (17%), escorias de acero y fundición (13%) y RCD (10%). Pero también tenía amianto. Si inicialmente el Gobierno habló de 10.000 toneladas, ahora apunta a 16.148 y remarca que eso supone el 0,57% del total.. 4.253 de ellas llegaron en 2019, unos 200 camiones. El amianto es una sustancia peligrosa y altamente tóxica, pero se admitía con condiciones: que viniera inserto en materiales de construcción como uralita -el peligro real de que sea cancerígeno está al cortarlos, cuando salen las fibras- y que se ubicara en celdas separadas y estancas. Había varias de esas celdas -Medio Ambiente insiste en que “sí se cumplían” los requisitos- pero con la avalancha se rompieron y las sustancias con amianto se mezclaron con el resto de residuos.
Desde la apertura de Zaldibar, el vertedero recibió siete inspecciones, todas ellas superadas con aspectos menores que se iban subsanando. La última -de verano de 2019- fue diferente, por la larga lista de deficiencias detectadas, hasta el punto de que iba a motivarle un expediente sancionador. Arriola lo recibió el 14 de febrero, ocho días después del accidente, lo que explica que cuando se conoció el suceso su 'número dos', Elena Moreno, dijera a los medios de comunicación que estaban “a punto” de actuar contra Verter Recycling. A ello se le añadirá ahora un segundo expediente “por el deslizamiento”, ya que en el primero los inspectores nada habían hallado sobre la existencia de grietas o fisuras. Fueron 18 incumplimientos los localizados, tales como problemas de gases y de sellado de las zonas ya completas. “Es cierto que, cuantitativamente, es un número elevado de desviaciones. Pero, cualitativamente, ninguna de ellas tenía la clasificación de significativa o severa”, insiste el consejero Arriola. Antes, en 2012, el Gobierno ya multó con 33.000 por una infracción grave a la empresa ya que acumulaba PCB (bifenilos policlorados) sin permiso, un material tóxico. Era un depósito temporal en contenedores, no enterrado, que se retiró y no afectó al resto de los residuos.
Los responsables de Verter Recycling avisaron a las 16.40 horas de la avalancha a Medio Ambiente. Quien recibió la llamada se hallaba precisamente atascado en la autopista AP-8, que tuvo que ser cortada por la caída de los residuos del vertedero. A las 16.42 horas hubo una segunda comunicación. Y a las 16.48 horas ya estaba avisada la 'número dos' de Arriola. En paralelo, el Departamento de Seguridad también estaba en alerta. La consejera, Estefanía Beltrán de Heredia, se encontraba reunida con el lehendakari.
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