El Gobierno vasco rechaza las alegaciones y autoriza a Agaleus en el puerto de Bilbao, que permitirá cerrar Sader
El Gobierno vasco ha dado la autorización ambiental a la nueva planta de Agaleus -grupo propietario de Sader y Profersa- en el puerto de Bilbao. La construcción de esta nueva planta es un paso esencial para el cierre de estas dos empresas en su actual ubicación el barrio de Zorroza, en Bilbao, ya que la actividad que ahora realiza Sader, descontaminación y eliminación de residuos, peligrosos y no peligrosos, se asumirá por la nueva planta. Respecto a Profersa, dedicada a fabricar fertilizantes a través de residuos, la idea del grupo es cerrar la empresa, aunque esta función no se realizará en las nuevas instalaciones del puerto.
Los vecinos de Zorroza y de otros barrios cercanos de Bilbao llevan años esperando este traslado con quejas continuas por las molestias que suponen estas plantas, en olores y humos. Son unas quejas que se han trasladado de modo preventivo a los municipios que van a tener próxima la nueva planta, como Getxo o Santurtzi, cuyos ayuntamientos -ambos gobernados por el PNV- y partidos políticos como PP o Elkarrekin en estas localidades presentaron alegaciones al proyecto, pero el Gobierno vasco ha rechazado todas ellas. En total, han sido cinco escritos de alegaciones que no han sido tomadas en consideración por el órgano medioambiental.
Por ejemplo, algunas de las alegaciones se centraban en la cercanía que la planta Agaleus Circular Thinking SL, que tendrá capacidad para gestionar 144.500 toneladas al año de residuos peligrosos y no peligrosos en una superficie de 17.000 metros cuadrados en el término municipal de Zierbena, en terrenos del puerto de Bilbao, tendría respecto al núcleo urbano de Getxo. De hecho, habrá casas a menos de dos kilómetros, al otro lado de la ría. La alegación se aferra a que el artículo 4 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, establece que las instalaciones que puedan ser consideradas como peligrosas, insalubres o nocivas, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros.
Sin embargo, el Gobierno rechaza la alegación, no porque no haya esta distancia al núcleo urbano, sino porque ese artículo que se cita en la alegación está derogado en el ámbito de la CAPV desde la aprobación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco que establece el régimen jurídico de las actividades clasificadas, y “en consecuencia, no resulta de aplicación”.
De igual forma, rechaza la afectación por olores que pueda tener en la población de Getxo, señalado en primer lugar que “no existe normativa de aplicación en relación con los olores que permita al órgano ambiental incorporar obligaciones en esta materia”. En todo caso, asegura que “la planta se ha diseñado de tal forma que las actividades de gestión de residuos susceptibles de generar molestias por olor se desarrollan en el interior de edificios cerrados, al objeto de minimizar la propagación de olores hacia el exterior”.
En cuanto al uso de “sustancias peligrosas como metanol y ácido clorhídrico, sin un análisis adecuado de los riesgos asociados”, se puntualiza que no compete al órgano ambiental comprobar el cumplimiento de la normativa de almacenamiento de productos químicos, pero que, en el proyecto, la empresa señala que “a pesar de que solo una pequeña parte de los residuos que se reciben en la planta son inflamables o combustibles, se ha diseñado su almacenamiento cumpliendo siempre las medidas exigidas en la legislación vigente para las instalaciones de almacenamiento de productos químicos”. Además, señala que el proyecto ha sido remitido a la dirección de Salud Pública, así como por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Gobierno vasco, para su conocimiento y efectos oportunos “sin que se haya recibido oposicionamiento alguno”.
También rechaza las alegaciones que hacen referencia a las afecciones sobre el terreno o el medio ambiente de la zona al señalar que se trata de un muelle en el puerto de Bilbao, “un entorno plenamente antropizado, caracterizado por superficies portuarias artificiales y carente de vegetación natural. De acuerdo con la clasificación de hábitats marinos EUNIS, el área se incluye dentro de la categoría de ”construcciones y hábitats artificiales“, no identificándose en este emplazamiento ”hábitats naturales de interés“.
Por otra parte, tampoco se acepta “especificar los residuos no confidenciales y aclarar la versatilidad y gestión futura”, como se solicitaba en alguna de las alegaciones por considerar que “posibles residuos no incluidos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) vigente pueden hacer variar las emisiones o ruidos en la planta”. El Gobierno señala que “la información relativa a los residuos gestionados se presenta como confidencial por motivos de competencia empresarial”, ya que “la tipología y volumen de residuos pueden revelar detalles sensibles sobre procesos productivos, tecnologías empleadas o estrategias operativas, lo que podría comprometer la posición competitiva de la empresa si se divulga públicamente”. Considera, no obstante, que esa confidencialidad “no implica que los residuos sean peligrosos o que se esté ocultando un riesgo ambiental”.
Pese al rechazo de las alegaciones, la autoridad ambiental da el visto bueno a la nueva planta con ciertos condicionantes como controles de la emisión de residuos, aguas residuales y olores y señala que “en caso de que las emisiones produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes o guías de mejora que correspondan”. Además, el transporte de los residuos “evitará, en la medida de lo posible, el paso por núcleos de población” y los vehículos que transporten residuos a la planta “deberán mantener la carga cubierta en todo momento, tanto en la entrada como en la salida de la planta y durante la totalidad del trayecto”.
El pasado mes de diciembre, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibildad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi, defendía en el Parlamento Vasco que la actividad de Sader, a la que se ha ampliado en un 38% su capacidad para tratar residuos, no supone ningún riesgo para la población pese a que está ubicada en el entorno urbano de Bilbao. Pese a minimizar este impacto y asegurar incluso que no es foco de malos olores, algo que es una queja reiterada de los vecinos de Zorroza, reconocía que la nueva empresa del grupo en el puerto de Bilbao, será “más moderna y eficiente”y “minimizará el impacto ambiental”.