La Justicia confirma que no derribará el chalé de Xabi Alonso en Donostia tras dos años de litigios en los tribunales
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la legalidad de la construcción de la villa del exfutbolista y entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, en el monte Igeldo de Donostia. Ha estimado, por tanto, los recursos de apelación de Tavaro XXI (sociedad vinculada a Alonso) y el Ayuntamiento donostiarra al fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Donostia en 2024, que la consideró “no ajustada a derecho”.
El fallo judicial, fechado el pasado 13 de octubre y sobre el que cabe interponer recurso de casación en el Tribunal Supremo, revoca el fallo del juzgado que en su día anuló la licencia de obras y declara su conformidad a derecho, por entender que el chalet, construido en una parcela de suelo no urbanizable en Txalin, en el monte Igeldo donostiarra, cumple con todos los parámetros urbanísticos de aplicación, recoge Europa Press.
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Donostia consideró que la villa no se correspondía con la reconstrucción del caserío expropiado por las obras del tren de alta velocidad (TAV) en el barrio donostiarra de Martutene a la que correspondía esta operación que avala la Ley vasca de Suelo y Urbanismo. El titular del caserío consiguió licencia municipal para levantar una réplica de su caserío de Martutene en Igeldo, que no construyó, y vendió la parcela y la licencia a un segundo propietario que a su vez se la transmitió en mayo de 2018 a la sociedad Tavaro XXI.
Ahora, el TSJPV determina que, “al ser imposible replicar una edificación desaparecida por expropiación y no existir imperativos legales de tipología tradicional rural, la obra cumple íntegramente con los parámetros y estándares constructivos y paisajísticos exigidos por el marco normativo vigente”. Así, el TSJPV estima los recursos de Tavaro XXI y el Consistorio donostiarra, revoca la sentencia apelada y declara “la conformidad a derecho de la resolución administrativa recurrida, confirmándola”.