La Fiscalía pide el archivo de la última pieza penal sobre posibles irregularidades en el chalé de Xabi Alonso en Donostia
La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la última pieza penal que seguía viva en torno a los accesos al chalé de Xabi Alonso y su familia en la zona de Igeldo, en Donostia. A finales de marzo, el ministerio fiscal pidió al juez instructor de este caso de presuntos delitos urbanísticos que archivara todas las actuaciones al entender que el arquitecto municipal, Haritz Orruño, el único investigado que quedaba en este sumario, no realizó un “apartamiento consciente” de la normativa en vigor ni agotó ninguna resolución “grosera” en lo tocante a las autorizaciones municipales sobre el camino hacia la vivienda unifamiliar del exfutbolista y entrenador, un complejo de grandes dimensiones. La condena por prevaricación no solamente requiere una irregularidad sino demostrar que se cometió a sabiendas.
El lunes 12 de enero, el mismo día en que el Real Madrid comunicó a Xabi Alonso su destitución como entrenador del equipo masculino de fútbol, la fiscal de Donostia Lorena Arocena estampó su firma en una resolución de archivo de otras diligencias de investigación abiertas en junio del pasado año a raíz de una denuncia de Haritzalde Naturzaleen Elkartea y Ekologistak Martxan por presuntas irregularidades en los accesos a su chalé de Txalin, como adelantó este periódico. Como el asunto aún no había sido judicializado, el camino de esa denuncia quedó ahí.
Con los argumentos esgrimidos entonces por la Fiscalía, la defensa de Orruño se aprestó a pedir poco tiempo después que este otro expediente siguiera el mismo camino. Parafraseando al ministerio fiscal, el letrado del imputado recalca que “el derecho penal constituye el último recurso” para resolver una controversia que puede tener otras soluciones. “Son los mismos hechos y, en consecuencia, resultan de aplicación las mismas conclusiones”, alegan.
Semanas después, el 26 de marzo, el ministerio fiscal ha mostrado en otro escrito su “adhesión” a esta tesis y solicita igualmente el cierre de la investigación. A diferencia de la anterior, como estas diligencias sí están en manos de un instructor, en concreto del juez sustituto Javier Díez Yebra, de la plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, el cierre definitivo de esta pieza requiere de una resolución que, según fuentes judiciales, aún no ha llegado.
La gran casa de Alonso, guipuzcoano de origen, está gestionada a través de una sociedad mercantil llamada Tavaro XXI y ya fue considerada ilegal en un proceso contencioso-administrativo en el que se han sucedido los recursos y sobre el que aún no hay una resolución firme, según el entorno del preparador, que busca evitar la demolición. En paralelo, estos procesos penales sobre los accesos han ido surgiendo en los últimos años.
Esta causa tiene su origen en una denuncia de un particular de 2023. En ella, además de a Orruño, se apuntaba al exconcejal del PSE-EE Enrique Ramos, luego alto cargo del Gobierno vasco, y a otros responsables de Urbanismo de Donostia. La causa, sin embargo, fue archivada sin siquiera la práctica de las mínimas comprobaciones. El denunciante presentó un recurso y la Audiencia Provincial, después de una larga deliberación, ordenó en 2025 reabrir la instrucción, pero solamente contra Orruño, excluyendo expresamente al resto, que ni siquiera recibieron notificación alguna sobre nada de esto.
Fue a finales de diciembre cuando comparecieron en sede judicial tanto el denunciante como el imputado. Recalca la defensa de Orruño que “el investigado negó la comisión de irregularidad alguna” -los imputados tienen derecho a no contestar o incluso a mentir-, mientras que insiste en la inconsistencia de los argumentos de la denuncia. No consta que se hayan celebrado más comparecencias 'a posteriori' y el asunto ya está en rampa de salida para ser cerrado.
El asunto de los accesos es colateral al de la legalidad de la reforma de un viejo caserío y su reconversión en un edificio moderno. La vivienda de Txalin está cerca de un depósito de agua y hay un camino desde allí hasta la carretera de Igeldo, una zona de curvas de unos 300 metros. Pero es una vía que “no es de uso público”, según las reiteradas denuncias. Tavaro XXI, en cualquier caso, recibió una licencia temporal de uso del camino, aunque quedó agotada en 2025. Se ha discutido tanto la legalidad de la excepción concedida como el hecho de que se siguiera utilizando después de terminada la concesión temporal.