Al cabo de cincuenta años de los dramáticos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria ha llegado el momento de preguntarse si la memoria de aquello ha de ser de una parte o de todos. Esta no es la primera ocasión, ni será la última, en que se plantee este tipo de situaciones. Es propio de los procesos de construcción de memoria, donde compiten los partidarios de retener un recuerdo exclusivo, circunscrito a los hechos, pero con una interpretación que se renueva por quienes se ven como preservadores de la memoria, frente a quienes conectan los hechos con otros sucedidos históricos –en nuestro caso, la Transición- y tratan de obtener una consecuencia positiva que alcance a la mayoría de la ciudadanía actual.
Esta segunda opción, ciertamente, transciende el carácter genuino de lo ocurrido, pero lo inscribe en un contexto superior que todos podemos compartir: en nuestro caso, la democracia y el Estado de Derecho que disfrutamos y a los que colaboraron los huelguistas de aquel conflicto y, por desgracia, los muertos y heridos que provocó aquella policía todavía de la dictadura.
Tenemos la oportunidad de desplegar una política de memoria pública sobre el 3 de marzo de 1976 a través del Memorial de víctimas. Lamentablemente, no vamos a llegar a verlo hecho realidad en este cincuentenario, pero estamos dando los pasos necesarios para que a corto plazo lo sea. En él participamos cuatro instituciones y las asociaciones de víctimas. Es claro que aquellas y estas tienen perspectivas diferentes y así lo han expresado.
La elección excluyente no debería ni plantearse. No tiene sentido un Memorial sin asociación de víctimas, ni lo tiene sin las instituciones que representan a la ciudadanía y que proveen los recursos para que la iniciativa se lleve a efecto. Prescindir de unas o de otras sería un error que no nos podemos permitir. La discrepancia es un factor con el que debemos contar para poner en marcha el proyecto de manera efectiva.
Tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar un punto de encuentro entre miradas diferentes sobre el papel de la memoria pública. Es lógico que las diversas partes alberguen perspectivas y razones diferenciadas. Salvando todas las distancias necesarias, por nuestra experiencia en Gogora, sabemos que es un problema con el que tropezamos a cada paso con la memoria del terrorismo y de sus víctimas. El hecho de haber llegado a acuerdos amplios no nos exime de debate a cada poco. Es normal, pero, a pesar de ello, se avanza y los resultados están a la vista.
El Memorial del 3 de marzo se debe plantear también en esos términos, dinámicos, dialécticos, a veces conflictivos, pero con voluntad convergente. Porque, como dijo Jesús Fernández Naves en el funeral del 5 de marzo de 1976: “Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria”. Y así es. No hay ningún sector que reniegue de esa memoria. Incluso quienes por su trayectoria están relacionados con los responsables políticos de aquellos hechos, asumen que esta es también su memoria y han expresado en diversas ocasiones su reconocimiento de aquella tragedia y de aquellas víctimas.
Marzo de 1976 no es un argumento de discrepancia; todo lo contario, lo es de acuerdo amplio en la denuncia de la masacre policial llevada a cabo, del crimen de Estado. Un acuerdo que asume que aquella fatídica fecha constituye el punto de inicio de la actual Vitoria-Gasteiz, industrial, obrera y plural de orígenes e ideas. Esa pluralidad original es la que debemos preservar e impulsar al cabo de cincuenta años.
Las instituciones alavesas y vascas hemos expresado de manera reiterada nuestro apoyo incondicional a ese recuerdo vivo y a las víctimas de entonces. El Gobierno del Estado lo viene haciendo en los últimos años de manera también decidida, estando presente en los actos recordatorios, apoyando con recursos la puesta en marcha del Memorial, reconociendo como lugar de memoria la iglesia de San Francisco de Asís y desarrollando la legislación memorial adecuada. Estoy segura de que vendrán todavía nuevos reconocimientos que facilitarán todavía más el avance en los términos aquí señalados.
Tenemos una oportunidad de oro para edificar una memoria de todos sobre aquel miércoles de ceniza vitoriano. Podemos hacerlo sobre la base de que aquellas víctimas, aquel conflicto y aquella disposición de sus protagonistas por superar la dictadura han servido para que la democracia que disfrutamos se pudiera consolidar y sea hoy una realidad sólida. O podemos hacer como si viviéramos todavía en 1976 y nada hubiera cambiado desde entonces. Desde mi punto de vista, la evidencia respalda lo indiscutible y afortunado del cambio histórico. Por eso creo que el Memorial y la política pública de memoria deben ir acordes con esa realidad, porque es la que vive la ciudadanía, incluidos aquellos que se resisten a asumir que es así.