El presidente de Tubos Reunidos niega haber pagado comisiones ilegales durante el rescate de la SEPI, que le supuso “renunciar a 12 millones de euros”
Tubos Reunidos recibió en 2021 un rescate de la SEPI de 112,8 millones de euros. La operación está siendo investigada por la Audiencia Nacional por si camufló el pago de alrededor de 250.000 euros en comisiones a la trama Hirurok, conformada por el expresidente de la entidad estatal, Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz, por el empresario Antxon Alonso y por la socialista vizcaína Leire Díez. El presidente de la compañía de Amurrio en aquel momento, Francisco Irazusta, uno de los imputados en el caso, ha negado en un escrito dirigido al juez Pedraz todas las acusaciones.
En contra de los indicios apuntados por la Guardia Civil y la Fiscalía, que sostienen que Fernández Guerrero medió en el rescate a cambio de un “agradecimiento”, la defensa de irazusta sostiene que lo conoció a través de su exdirectivo Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia y de Miguel Ángel Santiago, de la SEPI. “Le presentaron a aquél como expresidente de la SEPI que se ofreció a aconsejarles para que llevaran correctamente el proceso. En ningún caso se habló de abonarle cantidad alguna por ello, ni tampoco que éste tuviera un poder para ejercer presión a la SEPI, ni se le pidió que realizara actividad alguna en esa solicitud ya presentada”, recalza el abogado de Irazusta, Álvaro Amigo.
“Nunca se abonó cantidad alguna al señor Vicente Fernández [Guerrero] para que tramitara la petición del préstamo participativo a la SEPI”, recalca. Añade que mantenían un contacto de “únicamente felicitaciones navideñas” y que no supo nada de él hasta “cuatro meses” después del rescate, cuando se incorporó a la empresa como asesor.
El empresario, que dejó en 2023 Tubos Reunidos y que como todo procesado tiene derecho a mentir para no autoinculparse, añade que nunca habló de un “agradecimiento” para Fernández Guerrero y que nunca supo que los pagos realizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez, confirmados ya por la compañía, fueran a parar indirectamente a Hirurok. Esa mercantil de Zaragoza estaba controlada en un 98% por Alonso o relacionada con Servinabar 2000. Sin embargo, sí admite que contrató a Fernández Guerrero como asesor de la empresa y que él pidió hacerlo a través de Mediaciones Martínez.
Según Irazusta, “la concesión del préstamo participativo fue acordada por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, presidido por Dña. Belén Gualda González, y autorizada por el Consejo de Ministros”. “Se trata de un acto administrativo complejo, colegiado y sometido a controles técnicos y jurídicos previos, en el que D. Francisco Irazusta Rodríguez no ostentaba capacidad de decisión alguna. La concesión del préstamo participativo, vino determinado porque la compañía cumplía con todos los requisitos para que se le otorgara ese préstamo, por parte de la SEPI”, añade Irazusta.
Es más, Irazusta añade que esa operación fue “objetivamente perjudicial” para él porque su fijo quedó congelado, se cerró el grifo de los bonus para directivos, incluidos 270.000 euros ya en 2022. “Se vio obligado a aceptar la congelación de su salario y a renunciar a 12 millones de euros de retribución variable. Este dato constituye un indicio de primer orden de la ausencia de cualquier pacto o acuerdo previo de contraprestación. La contratación de Vicente Fernández Guerrero, Ángel Martín y Jorge Montes del Pino como asesores externos de Tubos Reunidos respondió a una necesidad real y legítima de la compañía derivada del compromiso adquirido con la SEPI para los siguientes siete años y de la importancia estratégica de la transición energética. La actuación de Francisco Irazusta se enmarca dentro del ejercicio ordinario de las funciones de un administrador de una sociedad mercantil cotizada. Ninguna de estas conductas reviste relevancia penal”, se subraya en el escrito de defensa.
Otros dos directivos de Tubos Reunidos están imputados. Son el propio Urrutia y el actual CEO, Carlos López de las Heras. Se investiga una posible segunda comisión ya en 2024 cuando tocó renegociar la devolución de unos intereses. En este caso, el pago a Fernández Guerrero fue de 40.000 euros y se analiza si guarda relación con una reunión en Ferraz de los empresarios con el grupo Hirurok y con Santos Cerdán, entonces dirigente del PSOE.