El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una resolución que expresa un “absoluto rechazo y condena” a los hechos relatados en 21 denuncias de menores, que han trasladado a la Ertzaintza la existencia de presuntos delitos de violencia sexual sufridos durante su estancia en campamentos de Euskal Udalekuak, principalmente el de la localidad alavesa de Bernedo. La Cámara, sin embargo, ha rechazado la moción del PP para ir un paso más allá y promover una comisión de investigación parlamentaria sobre un asunto que ha copado debates en medios de comunicación, instituciones y redes sociales en las últimas semanas. El juez de Vitoria Álvaro Silván Hernández está investigando los hechos en la vía penal.
La iniciativa aprobada es un texto únicamente respaldado por PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno y que gozan de mayoría en el hemiciclo. Sumar se ha abstenido y EH Bildu, PP y Vox han votado 'no'. La enmienda alude al “firme compromiso con la protección de los derechos” de los menores y a evitar su “revictimización”. También se plantea mejorar el control de este tipo de colonias. La ley de 2022 y un decreto de 1985 obligaban a comunicar estas actividades, pero no fue el caso de la de Bernedo.
El debate, el primer punto de la sesión ordinaria de este jueves en el Parlamento, ha arrancado en Bernedo. Pero ha acabado con un cruce de reproches por variados temas, desde la visita de la Falange a Vitoria, la ley del 'sí es sí' o el 'caso Bidegi' recientemente cerrado en los tribunales hasta ETA o la decisión de la Ertzaintza de ofrecer ahora la procedencia de los criminales en sus notas de prensa.
El punto la había incluido el PP en el orden del día. Su moción perseguía una comisión de investigación sobre el asunto. “Indudablemente, habrá responsabilidades penales. Pero, indudablemente también, tiene que haber responsabilidades políticas de lo sucedido aquí”, ha manifestado la portavoz conservadora, Laura Garrido, que ha contado con el apoyo de Vox. Garrido ha puesto de manifiesto que la Ertzaintza tenía denuncias al menos desde 2024 y que las diputaciones también habían recibido avisos de posibles situaciones anómalas en torno a Euskal Udalekuak. Entiende que la actividad de 2025 nunca se tuvo que haber celebrado. Tras ella, se han multiplicado las denuncias, que en un caso refiere hechos que podrían constituir un delito de agresión sexual y en otros podrían tipificarse como coacciones o exhibicionismo, principalmente por la existencia de duchas compartidas. Los promotores, por el contrario, han insistido en que su modelo feminista y transinclusivo busca “desexualizar” los cuerpos desnudos.
El caso, ahora mismo, está en un juzgado de Vitoria. La causa, como tal, llegó en abril pero no se activó hasta septiembre, cuando la polémica ya estaba instalada en los medios de comunicación. La Fiscalía se quejó que el expediente quedó meses “en el limbo” y que ellos no tuvieron conocimiento para poder haber activado medidas cautelares y evitado que nuevos turnos de menores acudieran a las colonias si se estimaban que podría haber algún riesgo de ser víctimas de delitos contra la libertad sexual.
“Pasividad cero, connivencia cero y tolerancia cero”, ha señalado, desde la bancada del PNV, Aitor Urrutia sobre el papel del Gobierno vasco. A su juicio, posicionarse de un modo crítico con Euskal Udalekuak es correr el riesgo de ser llamado “fascista” -“No tenga miedo”, le ha tentado Amaia Martínez Grisaleña, de Vox- y también cree que ha habido “sordina” en los medios de comunicación porque la entidad promotora es abertzale y, según ha dado a entender, próxima a EH Bildu. Ha culpado incluso a EiTB de tener “perfil bajo” con el asunto. Ha ironizado que si el caso estuviera relacionado con la Iglesia católica o con el PNV habría sido un escándalo mucho mayor.
Ha aprovechado también para criticar las comisiones de investigación como figura. Urrutia ha señalado que habitualmente llegan por motivos políticos y con las conclusiones prelaboradas. En el caso vasco, en todo caso, el Ejecutivo dispone de mayoría para aprobar todas las medidas y dictámenes que estime oportunas y la oposición nunca podría condicionar ese tipo de ponencias.
Pau Blasi, socialista, ha considerado “evidente” que se han producido “fallos” pero igualmente ha descartado la propuesta del PP. Ha mencionado que no había control alguno para la colonia, si bien ha remarcado que el Athletic Club o el Baskonia también hacen ese tipo de actividades sin comunicarlo tampoco a la Administración. “Estamos tomando medidas para aclarar lo ocurrido y, lo que es más importante, impedir que vuelva a ocurrir”, ha apuntado. El Gobierno y las diputaciones han creado una mesa 'ad hoc'. Y ha agregado Blasi: “Se ha llegado tarde. Se han detectado errores. Hay mucho que corregir. Pero cuando hablamos de menores no todo vale. Ojo con revictimizar y ojo con usar estas cosas para la disputa política de vuelo bajo. Dejemos a los menores en paz y trabajemos de verdad en su protección”.
Desde EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz ha mostrado su malestar con el PNV por las insinuaciones de la responsabilidad de su familia política en el caso y ha remarcado que sí respetan a los denunciantes y su derecho a acudir a la Justicia. “Estamos en un Parlamento, no en un plató de televisión”, le ha afeado a Urrutia. “Deberíamos pensar muy bien las declaraciones que se hacen y, sobre todo, las consecuencias que estas pueden tener sobre los menores y las partes. Sobre todas las partes implicadas”, ha apostillado pidiendo orillar comentarios “morbosos” o que generen “miedo”. Ha habido “criminalización” y “odio” hacia un modelo, ha considerado.
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