El Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria cree que se ha “instrumentalizado” el caso de Bernedo para “difundir transfobia”

El caso de los campamentos de Bernedo ha sido “instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no sólo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Esa es la conclusión principal a la que ha llegado el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria (Ikusgune) tras analizar decenas de mensajes en redes sociales y los artículos tanto informativos como de opinión de varios medios de comunicación.

Según señala la investigación, gran parte de estos ataques provienen de sectores de la ultraderecha. “Desde estos sectores ultraderechistas y conservadores se despliega una intensa campaña de odio focalizada en las personas trans. Su retórica se basa en la asociación constante entre el colectivo y conceptos como la pederastia o el adoctrinamiento, buscando generar una reacción social inmediata, emocional y visceral”, recoge el estudio, que sostiene que “este tipo de mensajes no sólo persigue desacreditar el trabajo o la legitimidad de las personas trans, sino también cuestionar su propia identidad”. Se pasa así del ataque individual a la persecución colectiva. En este proceso de deshumanización se construye una “figura pública diana” sobre la que concentrar el miedo y el odio generados. En el caso analizado, dicha carga recae casi exclusivamente sobre una persona de la asociación organizadora de los udalekus, visiblemente disidente de género y que se expresa abiertamente sobre sus experiencias. Esto pone de relieve la intencionalidad tránsfoba del acoso dirigido hacia ella“. En este caso la figura pública diana ha sido Aner Peritz, bertsolari y responsable de la entidad de Euskal Udalekuak.

Debido a que el campamento de verano de Euskal Udalekuak acumula 21 denuncias en la Ertzaintza y tres quejas en Emakunde por supuesta violencia sexual, los organizadores fueron acusados de pederastia en algunos medios de comunicación y en redes sociales. Para Ikusgune este no es un fenómeno nuevo. “La acusación de pederastia o pedofilia dirigida hacia el colectivo LGTBIQ+ no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, los movimientos conservadores y ultras han utilizado este recurso retórico para intentar frenar el avance de derechos, apelando a una supuesta protección de la infancia. En la actualidad, estas narrativas encuentran un refuerzo adicional en los movimientos transodiantes. En diversas publicaciones analizadas se observan imágenes manipuladas o simbólicas en las que se representa, por ejemplo, a una persona adulta con aspecto desaliñado, vestida con los colores de las banderas trans o LGTBIQ+, invitando a una niña a entrar a un baño, insinuando intenciones de abuso. En otras, un hombre aparece protegiendo a menores con un escudo con un crucifijo frente a un arcoíris, reforzando la idea de ”defensa moral“ frente a la diversidad sexual y de género. Paralelamente, las personas o medios que denuncian el odio tránsfobo o ponen en duda la narrativa dominante son a su vez acusados de pederastia”, indica la investigación.

Los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo

Lo que supone que en lugar de críticas o ataques individuales, lo ocurrido con Bernedo es, según el estudio, “una campaña estructurada, sostenida y multicanal de discurso de odio tránsfobo y LGTBI+fóbico, en la que confluyen actores vinculados a la ultraderecha, movimientos transodiantes —conocidos también como TERF— y determinados espacios mediáticos que, de forma directa o indirecta, contribuyen a la amplificación del mensaje”. “Lejos de tratarse de una serie de episodios aislados, el estudio permite observar una coordinación discursiva y simbólica que responde a una estrategia común: la de erosionar los derechos de las personas trans, socavar los marcos de igualdad y diversidad y reinstalar valores excluyentes bajo la apariencia de defensa moral o protección de la infancia”, asevera.

Las publicaciones analizadas en la investigación, según Ikusgune, “muestran una clara intención de construir un relato basado en el miedo y la desinformación”. “A través de mensajes repetitivos, imágenes manipuladas y material gráfico de alto impacto emocional, se busca asociar las identidades y derechos LGTBIQ+ con la pederastia, la corrupción o la amenaza hacia los menores. Estas narrativas apelan al instinto de protección social para legitimar la exclusión y la discriminación, transformando el rechazo en una supuesta obligación moral. En este proceso, la infancia se convierte en un instrumento retórico utilizado para justificar el odio y dar apariencia de legitimidad a prácticas que, en esencia, constituyen formas de violencia simbólica y social”, recoge el documento que asegura que “la reiteración de insultos, acusaciones de pederastia, alusiones sexuales y descalificaciones políticas demuestra una intencionalidad clara de humillación y deslegitimación pública, que trasciende el debate de ideas para situarse en el terreno del hostigamiento y la incitación al odio, comportamientos que, de acuerdo con el marco legal vigente, podrían constituir ilícitos penales en la medida en que fomentan la discriminación y la violencia contra un grupo protegido por razón de identidad o expresión de género”.

Otra de las cuestiones que analizan desde el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria es que hay un efecto de “retroalimentación” entre redes sociales y medios de comunicación, donde determinados titulares o enfoques contribuyen involuntariamente a reforzar los marcos de odio presentes en el entorno digital. “Los picos de actividad detectados tras la publicación de determinadas noticias confirman que los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo, generando un ecosistema comunicativo en el que la desinformación y la hostilidad encuentran terreno fértil para su expansión”, señala.

La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios

En este sentido, la investigación plantea la posibilidad de que haya repercusiones legales por delitos de odio por estas publicaciones y comentarios. “Resulta imprescindible señalar que la difusión intencionada y reiterada de mensajes que incitan al odio, promueven la hostilidad o justifican la exclusión de un grupo por motivos de identidad o expresión de género puede tener relevancia penal de acuerdo con la legislación vigente sobre delitos de odio. La frontera entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia se traspasa cuando el discurso no busca el debate, sino la humillación, la deslegitimación o el daño hacia todo un colectivo vulnerable. Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que socavan los principios básicos de convivencia democrática al normalizar el acoso, la desinformación y la estigmatización pública de los colectivos minorizados”, indica el estudio.

En definitiva, la investigación sostiene que el caso analizado “ha sido instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no solo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Para evitar que este tipo de sucesos ocurran, desde Ikusgune defienden que “el reconocimiento, la denuncia y el seguimiento institucional de este tipo de prácticas resultan imprescindibles”. “La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios para proteger tanto los derechos de las personas trans y LGTBIQ+ como la integridad democrática del espacio público”, concluye el estudio.