El Gobierno vasco elaborará un decreto para “reforzar jurídicamente las competencias” de selección en los ayuntamientos

El Gobierno vasco está elaborando un decreto para “reforzar jurídicamente las competencias” vascas respecto a los procesos de selección de secretaría, intervención y tesorería de los ayuntamientos, con el objetivo de lograr “un sistema estable, claro y adaptado a la realidad institucional” que “clarificará y reforzará las responsabilidades del Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos en su gestión”. Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, en una rueda de prensa conjunta con las diputaciones forales de los tres territorios vascos y Eudel, en la que han denunciado “la judicialización constante que bloquea y paraliza los procesos de estabilización, la convocatoria de plazas y las bolsas temporales” en los ayuntamientos vascos. Se trata de la selección de los funcionarios de administración local con habilitación nacional (FALHN), denominación bajo la que se integran los secretarios, encargados de velar por la legalidad de las decisiones municipales, los interventores, responsables del control económico y del uso adecuado de los recursos públicos, y los tesoreros, que garantizan la liquidez municipal y el correcto desarrollo de los pagos.

Este decreto pretende dotar de “más capacidad jurídica y clarificar la competencia” que tiene Euskadi para “poder evitar las interpretaciones” judiciales que “causan este problema desde 2008”, ha señalado la consejera. “La competencia es nuestra, pero el problema es la interpretación que se hace de ello. Por tanto, esperamos tener en marcha cuanto antes este decreto para que se clarifique y tengamos una mayor seguridad jurídica que no pueda dar pie a esa interpretación más extensa”, ha explicado la consejera, según informa Europa Press.

Ubarretxena ha censurado la “judicialización constante que retrasa, bloquea y, en algunos casos, anula procesos que son esenciales para que los municipios puedan funcionar con normalidad, perjudicando directamente a la ciudadanía”, concretamente en los puestos de secretaría, intervención y tesorería de los ayuntamientos vascos. Una judicialización, ha dicho, devenida de la presentación de “recursos sistemáticos” de las organizaciones profesionales corporativas, especialmente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros a nivel estatal, a la que ha sumado la del Partido Popular, que llevó al Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley Orgánica 1/2025.

El Gobierno vasco quiere hacer “una defensa de sus competencias, porque es inaudito que esto esté ocurriendo, a pesar de que Euskadi dispone de un sólido marco jurídico, como la disposición adicional primera de la Constitución Española, el Estatuto de Gernika, la Ley de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 128/2018 que reconocen que las instituciones vascas tienen capacidad para gestionar estos puestos”. Por ello, Ubarretxena ha manifestado que “el problema no está en las leyes, sino en una interpretación restrictiva y en una dinámica de impugnación sistemática que nos sitúa en una posición de vulnerabilidad institucional”.

Además del futuro decreto, el Gobierno vasco está ultimando nuevas bases para la constitución de bolsas temporales de trabajo con “mayores garantías jurídicas” con el objetivo de “publicar la orden en los próximos días, celebrar el examen antes de verano y poder disponer de la bolsa a la mayor prioridad posible, de forma que, a partir de septiembre, se pueda ofrecer a los ayuntamientos un instrumento ágil de cobertura interina”.

Por otro lado, y dentro de los pasos ya dados, la consejera ha explicado que el pasado 27 de enero de este año se publicó la orden por la que se nombró personal funcionario de carrera de escala de funcionarios de la Administración Local y se asignó el primer destino ya a 50 personas. Al respecto, ha informado que el plazo para la toma de posesión finalizó el 28 de febrero y ahora se cierran los datos definitivos de incorporación efectiva, para culminar un proceso que se inició en 2022 y que “no ha estado exento de dificultades desde su inicio”.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha lamentado que, actualmente, Euskadi tenga alrededor de 400 puestos reservados para las figuras de secretaría, intervención y tesorería, pero “sólo 119 están cubiertos por funcionarios y funcionarias de carrera, es decir, menos del 30%”. Unos puestos de “vital importancia”, ya que “las secretarias garantizan que las decisiones municipales se ajusten a la legalidad, las interventoras controlan el uso del dinero público y aseguran una gestión económica responsable, y a los tesoreros garantizan la seguridad de los ayuntamientos, que los pagos se hagan con normalidad y que el ayuntamiento tenga liquidez”.

En este mismo aspecto ha incidido la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, quien ha indicado que más de dos tercios de las plazas reservadas en los ayuntamientos vascos para el personal funcionario de Secretaria, Intervención y Tesorería Municipal “carecen de estabilidad estructural”.

“Esto tiene consecuencias directas, porque cuando estos puestos no están cubiertos de manera estable, se retrasan los expedientes, las contrataciones, los pagos y las subvenciones. En definitiva, se resiente el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y esto lo acaban padeciendo los ciudadanos”, ha argumentado. Apraiz ha evidenciado que esta realidad es “especialmente delicada en los municipios pequeños”, que representan el 80% de la administración local, donde “una sola persona, el secretario interventor, asume funciones esenciales como el de garantizar la legalidad” o los puestos han sido ocupados por “administrativos que son funcionarios de carrera, lo que genera una situación bastante ilógica y bastante preocupante para los alcaldes y alcaldesas”.

El Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y Eudel han demandado “respeto al marco competencial”, ya que “la gestión del personal funcionario que garantiza la legalidad y el buen funcionamiento de los ayuntamientos es una competencia clave del autogobierno vasco”. En este sentido, la diputada de Gobernanza de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha garantizado “la coordinación y compromiso” de los tres niveles institucionales de Euskadi para dar “una respuesta estructural a este problema, porque con los parcheos diarios a los que nos vemos obligados tampoco estamos dando una respuesta adecuada” para que los ayuntamientos puedan funcionar en el día a día“.

Por su parte, el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia, Ager Izagirre, ha mostrado su “preocupación”, ya que “estrategias meramente partidistas y corporativistas” tienen el objetivo de “entorpecer e impedir que el Gobierno y las instituciones vascas ejerzan sus competencias”, dentro de “una concepción que pone por encima los intereses propios al interés común”.

Por último y tras explicar el trabajo que lleva a cabo la Diputación Foral de Álava para facilitar la cobertura de estos puestos esenciales, la diputada alavesa de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez, ha lamentado que la falta de cobertura de estas plazas “tiene un impacto inmediato, dificulta la tramitación administrativa, retrasa decisiones municipales y puede llegar a comprometer la prestación ordinaria de servicios públicos”.

“Hablamos de una cuestión urgente para los ayuntamientos vascos. Asegurar la estabilidad de estos funcionarios municipales es asegurar la estabilidad también de nuestras instituciones locales. Estos funcionarios municipales son la base que sostiene el servicio público más cercano a la ciudadanía, a las empresas y profesionales, a los colectivos más desfavorecidos. Es el motor que hace posible que podamos prestar un servicio público de máxima calidad, con todas las garantías jurídicas, rigor y transparencia”, ha finalizado la presidenta de Eudel.