Talgo celebrará finalmente el próximo 12 de diciembre la junta de accionistas clave para el futuro de la empresa, pendiente de que se formalice la venta del 29,7% de la empresa al consorcio encabezado por el Gobierno vasco, Sidenor y las fundaciones bancarias BBK y Vital. El contrato de compra entre el consorcio vasco y Pegaso (del fondo Trilantic) se firmó el pasado día 6, pero todo está a la espera de que la junta de accionistas de su aprobación la nueva estructura de financiación de la empresa, y de ahí la importancia de este encuentro.
El orden de la día de la junta, convocada en Madrid el día 12 de diciembre en primera convocatoria y el 13 en segunda, incluye en su cuarto punto del orden del día la aprobación de la operación de financiación del Grupo Talgo, “consistente en la formalización por Patentes Talgo, S.L.U. de un Contrato de Financiación sindicado por importe total de hasta 770 millones de euros —estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones— y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce, en el marco de la denominada ”Operación Global“ junto con el aumento de capital y las emisiones de bonos convertibles suscritas por Sepi y por el grupo de inversores vasco”.
Además, se someterá a la votación de los accionistas la aprobaciónn de una ampliación de capital social, por un importe nominal de 3,18 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.588.235 nuevas acciones. También dos emisiones de bonos convertibles en acciones: La emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por importe nominal agregado de 30 millones de euros, así como aumento de capital relacionado con la emisión, y otraa emisión de 750 bonos convertibles en acciones ordinarias de la sociedad por importe nominal agregado de 75 millones de euros. Por otra parte, se reducirá el número de miembros del consejo de administración fijándolo en ocho.
El acuerdo para la financiación de la empresa, muy complejo y el que ha dilatado más el proceso, tiene como condición indispensable la participación del Gobierno central a través de la Sepi. De forma previa a negociar la deuda, los bancos exigieron una inyección de 150 millones de euros en la empresa para reducir el montante de deuda a financiar. 75 de estos 150 millones se podrán desde la Sepi, una medida que ya está aprobada por el Consejo de Ministros. 45 millones serán para suscribir una ampliación de capital, con lo que el organismo público tendrá un porcentaje del capital de 7,87% de Talgo. Los 30 millones restantes servirán para suscribir obligaciones convertibles que emitirá Talgo. La parte vasca completa el 'préstamo' a Talgo con otros 75 millones de euros. Ekarpen, sociedad destinada a canalizar inversiones en las empresas, en la que participa el Gobierno vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas, Kutxabak, las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y Mondragon Inversiones, pondrá 50 millones de euros -unos 35 el Gobierno vasco- . Los 25 millones restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo. Ekarpen ya ha realizado una ampliación de capital para afrontar esta inversión.
Una vez conseguido este acuerdo se arrancaron las negociaciones con la banca para negociar una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: Por un lado, financiación de 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a 3 años con extensión automática durante 2 años. Y de forma adicional, una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Firmar este acuerdo de financiación, al que la junta de accionistas debe dar el visto bueno, es imprescindible para que se materialice la entrada de Sepi, y por consiguiente, la venta de la empresa al consorcio vasco.
La celebración de la junta será otro paso decisivo en el largo camino de la venta de esta empresa. Casualmente, la convocatoria se ha publicado en el BORME el mismo día en el que el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, al que se le considera el artífice de toda la operación para que Talgo se quede en Euskadi, declara ante la Audiencia Nacional como investigado por presunto contrabando de acero con una empresa de Israel fabricante de armas.
En la información remitida a la CNMV anunciado la firma del contrato de compra se señalaba ya que se esperaba que “la compraventa se consume con anterioridad al 31 de enero de 2026”. Una vez ratificada la compra, la idea del consorcio vasco comprador es que la sede vuelva a Euskadi, a Álava en concreto, donde la empresa dispone de una planta. Los dueños trasladaron la sede social a Madrid en los peores momentos de la actividad de ETA. No obstante, esa será una decisión que debe tomarse por el nuevo consejo de administración que resulte tras la compra definitiva.
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