Los 14 meses de retraso en la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) necesaria para que continúe la actividad subterránea de la mina Aguablanca son consecuencia de un problema técnico.
Así al menos lo justificó este martes la Delegación del Gobierno de Extremadura en una reunión de trabajo a la que no asistió la máxima responsable de la delegación, Cristina Herrera, y que estuvo encabezada por peritos y técnicos.
A la mesa de trabajo asistieron representantes sindicales y miembros del comité de empresa, algunos de los cuales muestran su completa incredulidad por estas afirmaciones.
Hace ya tiempo que las organizaciones sindicales comenzaron a plantearse la posibilidad de injerencias políticas por parte de un gobierno en funciones en el que no existe un ministro de Industria desde que Soria dimitió.
Un mensaje de “esperanza”
Un año y dos meses más tarde de la solicitud de los trabajos subterráneos sigue sin haber fechas. Un periodo en el que la empresa multinacional echó el cerrojo e hizo efectivo el ERE extintivo para los trabajadores y trabajadoras.
En la reunión de esta semana se ha acordado que sindicatos y trabajadores mantendrán el próximo día 6 un encuentro en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, y con técnicos de este organismo para solicitar “urgencia” en la resolución de la DIA.
En el encuentro de Badajoz al que no acudió la delegada del Gobierno la Delegación del Gobierno se transmitió un mensaje de “esperanza”. Allí los técnicos explicaron que se han solicitado siete nuevos requerimientos de documentación, seis de ellos prácticamente resueltos.
Habría un último requerimiento por resolver. Se trata de un informe geominero aportado por la empresa, sobre el que trabaja el Área de Industria de la Delegación del Gobierno y la propia compañía para agilizarlo lo antes posible, informa Efe. Fuentes sindicales narran también cómo en esta reunión los técnicos no han dudado en reconocer que han tenido ‘conflictos’ con los propios técnicos que trabajan desde Madrid.
La declaración ambiental ya podría haber llegado
Ninguno de los últimos informes requeridos era un requisito 'sine qua non'. Es decir, ninguno de ellos era preceptivo para dar la DIA, siendo en su defecto recomendaciones según denuncia Saturnino Lagar, de CCOO Extremadura.
Lagar indica que los representantes sindicales han puesto encima de la mesa la imagen de poca seriedad que se está dando al mercado y las empresas del mundo de la minería, que ven cómo un gobierno es capaz de retrasar hasta 14 meses una Declaración de Impacto Ambiental.
Tienen constancia de que este mensaje ya lo transmitió al gobierno del PP la multinacional Lundin Mining antes de abandonar la actividad minera de la comarca extremeña de Tentudía.
Señala en este sentido Esperanza Sánchez, de UGT, la poca voluntad política que ha existido en un proceso por parte del máximo responsable del subsuelo, el Estado. Advierte que lo normal en un proceso como este es que se hubiera resuelto la Declaración de Impacto Ambiental en poco más de tres meses.
Otra de las cuestiones que han transmitido sindicatos y el comité de empresa es que ahora en octubre acaban sus prestaciones por desempleo hasta 70 trabajadores que se fueron a la calle cuando la empresa Río Narcea abandonó la actividad.
Se trata de empleados que ya agotan su prestación porque se habían acogido anteriormente a regulaciones de empleo temporales (ERTE). A ellos ya se unen unen otros tantos que ya agotaron meses atrás la prestación, y que en la actualidad ya cobran el subsidio de 426 euros.
Para los sindicatos no es ninguna broma la situación de esta comarca, que vive con angustia la llegada de una declaración ambiental solicitada allá por agosto de 2015. Meses más tarde llegó el cierre por parte de la multinacional que tenía los derechos de explotación de la mina de Monesterio, con un ERE extintivo que se tradujo en el despido de 170 trabajadores y trabajadoras.
En este tiempo, un sinfín encierros protestas y requerimientos sobre la necesidad de desbloquear el futuro de las instalaciones. Por ahora, según informó la Junta, varias empresas ya se habrían interesado por coger el testigo de las explotaciones, aunque sin el informe previo de impacto ambiental poco más se puede hacer.