El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) exige que se facilite el voto al profesorado “sin ninguna excepción”, dado que las instrucciones complementarias que han remitido a los centros por las protestas de los progenitores de los alumnos por tener que ir a recoger a sus hijos a las 12 “están suponiendo mucha confusión en los centros”.
Para PIDE, “cerrar los centros a las 12 de la mañana facilita la organización de los mismos, de otra manera los docentes podrían cogerse las dos horas que quisieran y eso sí que generaría una dificultad organizativa”.
Por ello, ha exigido a la Consejería de Educación que facilite la organización del horario de comedor en aquellos centros que dispongan de este servicio y adelante el transporte escolar para recoger a los alumnos que lo utilicen en los horarios marcados por la instrucción, “sin menoscabo del derecho al voto de los docentes”.
“Si se conculca dicho derecho se podría denunciar por vía administrativa e, incluso, podrían intervenir los tribunales por vulneración de un derecho fundamental: el derecho al voto”, ha añadido.
Asimismo, ha solicitado a la Dirección General de Personal Docente que se elimine o quede sin efecto la obligación de los electores de solicitar y entregar un justificante de haber ejercido el derecho al voto en las elecciones sindicales del próximo jueves para poder disponer de las dos horas que marca la ley para este fin.
Según ha explicado, el preámbulo de la instrucción 3/2022 que la Consejería de Educación ha remitido a los centros señala que “en todo caso, el elector habrá de presentar ante el órgano de personal del que dependa un justificante de haber ejercido el voto, que será expedido por la mesa electoral correspondiente”.
Sin embargo, indica que no está desarrollado el procedimiento de su aplicación tanto en caso de no justificarse como de justificarse y apunta que esta cuestión no está incluida en el pacto firmado por los sindicatos y la Dirección General de Personal Docente.
A juicio de PIDE, obligar a justificar haber votado “lesiona” el derecho fundamental a la libertad sindical de los trabajadores, pues tanto votar como no votar es “un derecho que no puede someterse a la coacción y supone una alteración de los resultados del proceso electoral”.
Según el sindicato, excede además los límites de las herramientas electorales por parte de la Administración al “limitar” el derecho de quien no quiere votar, además de incrementar la burocracia de las mesas electorales y equipos directivos con la exigencia del referido justificante.
Explica que la obligación del docente de justificar que se ha votado con la entrega de un certificado en el centro que emitirá la mesa electoral la acordaron CSIF, CCOO y UGT con la Consejería de Hacienda y Administración pública, “lo que supone una grave injerencia, una intromisión, en la libertad del ciudadano de tomar su propia decisión”.