La cooperación no era el problema
Lo más grave de la propuesta del presupuesto extremeño de cooperación para 2026 no es el dinero que desaparece, sino la idea que desaparece con él. La cooperación extremeña representará apenas el 0,03 % del presupuesto autonómico y la cooperación efectiva apenas alcanzará el 0,01 %. Si alguien cree que ahí estaban los problemas de Extremadura, está mirando en la dirección equivocada. Lo que reflejan estos presupuestos es algo mucho más profundo: la renuncia del Partido Popular a defender una política pública que durante décadas formó parte del patrimonio común de la democracia extremeña.
La cooperación descentralizada nunca fue una rareza ideológica ni una extravagancia presupuestaria. Ha sido una política institucionalizada, sostenida por gobiernos de distinto signo, diputaciones, ayuntamientos, universidades y organizaciones sociales. Una forma de entender que Extremadura también tiene algo que aportar al mundo y algo que aprender de él.
Ese consenso ha saltado por los aires.
En apenas tres años de gobierno del Partido Popular, la cooperación extremeña ha sufrido un deterioro acelerado. El proceso comenzó en 2024 con un recorte cercano al 26 %. En 2025 la Educación para la Ciudadanía Global fue reducida en más de un 87 %. Y en 2026 llega el golpe definitivo: el cierre efectivo de una política pública que durante décadas formó parte de la identidad institucional de Extremadura.
No estamos ante una simple reordenación presupuestaria. Estamos ante una decisión política que declina el apoyo a las políticas sociales de la región.
Y aquí aparece el fondo del asunto. El PP no solo ha asumido el marco ideológico de VOX sobre cooperación internacional; ha dejado de defender una parte de su propia tradición política. Porque la cooperación descentralizada también fue una construcción del centro derecha autonómico español. Formaba parte de una idea de estabilidad democrática, proyección exterior y cohesión social. Hoy parece que defender la solidaridad internacional genera más costes electorales que beneficios políticos.
Por eso el debate va mucho más allá de la cooperación. Cuando una política pública empieza a etiquetarse como “gasto ideológico”, “lujo innecesario” o “privilegio subvencionado”, se abre una dinámica peligrosa. Primero cae la cooperación porque es fácil enfrentar a los pobres de fuera con los pobres de aquí. Después llegarán las políticas de igualdad, la dependencia, la cultura crítica, la participación social o cualquier derecho que no produzca rédito electoral inmediato.
La receta es conocida: fabricar enemigos simbólicos para evitar afrontar problemas reales y fomentar los discursos de odio, racistas, homófobos y machistas para conseguir la polarización social que vivimos en estos momentos.
Y sí, Extremadura tiene problemas muy serios: salarios bajos, precariedad, despoblación, listas de espera y pobreza estructural. Pero quienes recortan cooperación no llenan automáticamente los centros de salud de médicos, no mejoran la educación pública, no suben los salarios ni frenan la despoblación. Lo que hacen es señalar al más débil y convertirlo en chivo expiatorio.
La cooperación es perfecta para este papel. Demasiado pequeña para resolver por sí sola los grandes problemas de la región, pero también demasiado pequeña para causarlos. Sin embargo, durante años esta política ha contribuido a impulsar proyectos sociales, educativos y de desarrollo local en municipios extremeños, además de fortalecer la presencia internacional de la región. Precisamente por eso resulta tan útil como enemigo político: Lo suficientemente visible para señalarla, pero demasiado insignificante en términos presupuestarios como para explicar los problemas reales de Extremadura.
La lógica del “primero los de aquí” suele terminar igual: menos derechos, menos servicios públicos y más miedo. Porque cuando una sociedad acepta que la solidaridad es negociable, termina descubriendo que los derechos también lo son.
El caso extremeño importa porque revela algo más profundo que un ajuste presupuestario. Muestra cómo un partido en el gobierno deja de defender determinadas políticas públicas no porque hayan fracasado, sino porque considera que ya no compensan electoralmente. Y cuando la política solo protege aquello que resulta rentable, lo público deja de ser un proyecto compartido para convertirse en una simple contabilidad de votos.
Quizá dentro de unos años nadie recuerde las cifras exactas de este presupuesto, pero sí sus consecuencias. La precariedad seguirá ahí, la despoblación seguirá ahí y los problemas reales seguirán esperando respuestas. Lo único que habrá cambiado es que habremos aprendido a convivir con una idea peligrosa: que la solidaridad puede sacrificarse cuando conviene. Y cuando una sociedad cruza esa línea, tarde o temprano descubre que los derechos tampoco estaban tan garantizados como creía.
No nos pararán en la defensa de los derechos humanos desde Extremadura.
Las políticas sociales no son negociables, son nuestros derechos.