La falsa improductividad de los sindicatos

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En Extremadura, María Guardiola ha inaugurado el Diálogo Social del 50% con los sindicatos. Su pacto con Vox para el gobierno de nuestra comunidad incluye, en el capítulo 10, el epígrafe: “Gastos improductivos”, que contempla la reducción de subvenciones, entre otros, a sindicatos. La aseveración del calificativo de partida marca tendencia. El gobierno extremeño se obliga a justificarlo desde un punto de vista que no sea político, echándole la culpa a la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española. ¡Son tan previsibles!

Esta cesión a la extrema derecha solo puede contemplarse desde un punto de vista ideológico, explicitándose que se minusvalora el papel constitucional de los sindicatos, que el diálogo social nunca fue entendido por la derecha, a veces también por la izquierda, y que molestan. Son esas pequeñas cosas que inciden en desguazar la democracia. Las subvenciones concedidas a los sindicatos, a los empresarios o a las ONG son partidas finalistas que deben justificarse con acciones en el mundo de la empresa o en la participación institucional con la administración, que no deben nunca justificarse como improductivas. La presencia de los sindicatos molesta y, de ahí, la “improductividad” de los sindicatos.

Desde el principio de los tiempos, los sindicatos han sido el chivo expiatorio del poder político y económico. Con la huelga del 27 de enero de 1994, promovida contra la reforma laboral, el despido flexible y la entrada de las ETT de Felipe González, los sindicatos sufrieron una primera andanada de agresividad mediática y política, recibiendo también las amenazas de recortes de supuestas ayudas a los sindicatos. Esa fue la respuesta a una movilización que contó con una participación equiparable a la huelga del 14-D. Se iniciaba la conformación de un relato con intencionalidad, que no era estéril ni gratuito. La criminalización de los diferentes siempre ha sido una estrategia común a los gobiernos que se apartan de los criterios democráticos existentes en nuestra Constitución.

Más allá del debate sobre la cantidad que reciben estas organizaciones en los presupuestos de Extremadura —284.850 euros—, cantidad que vendría a suponer la subvención de cinco corridas de toros, sería muy de agradecer que la secretaria general de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, María Inmaculada Núñez, y las propias organizaciones afectadas pudieran objetivar la productividad social de cada convenio colectivo aprobado; autonómico, provincial, de empresa o sin cobertura, para más de 400.000 trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Extremadura, que se benefician de la negociación colectiva sin necesidad de estar afiliados a un sindicato. Tal vez, con otros criterios, la Ley 2/2015 de Desindexación facultaría al gobierno a dar otra respuesta más razonada.

Por no hablar de la productividad en los acuerdos de pensiones para los 240.000 jubilados extremeños, en las subidas del SMI o la mejora que supone la aprobación de planes de igualdad, de salud laboral, de formación y competencias, con repercusión para generar valor añadido en las empresas. La lista sería muy larga, pero es más fácil crear en el imaginario colectivo que los derechos, cuando se consiguen, caen del cielo. Las cortapisas a los sindicatos facilitan el oscurantismo del poder, tras las cortinas.

Seguro que molestan los sindicatos de clase cuando denuncian que en Extremadura no se pagan más de 1,5 millones de horas extraordinarias, suponiendo más de 18 millones de euros en rentas del trabajo, defraudándose a la Seguridad Social 5 millones de euros en cotizaciones.

No nos engañemos, a estas alturas del partido es mucho más ventajoso dejar fuera de juego a interlocutores que no molesten, porque consumir patria es mucho más lucrativo y debe ser un Malinche de Nacho Cano la “prioridad nacional”, a millón de euros.

La reducción de las partidas finalistas a los sindicatos tiene un objetivo oculto: desvalorizarlos, sembrar la duda mientras las crisis las resolvemos donando dinero a los bancos. Dejemos a la patronal y a los entes económicos que nos hiperregulen las condiciones de vida mientras desregularizamos a los sindicatos.

La antidemocracia

Con la llegada de un partido antidemocrático como Vox a los gobiernos, nos anuncian un proceso de desregulación nada innovador. Los nazis diseñaron, empleando esa misma palabra, el desmontaje de la República de Weimar, incorporando nuevos valores: desigualdad, jerarquía, desregulación de los principios democráticos, darwinismo social, racismo… Solo cuando Hitler, en su discurso ante el Club de la Industria de Dusseldorf, se reúne con más de trescientos patronos en enero de 1932, propugnando su teoría de los mejores, repudiando la democracia en la empresa, cuestionando la duración de la jornada, la semana de cinco días, el principio de representatividad sindical en la empresa y otras formas de cogestión laboral, se hizo la luz para la patronal. Solo entonces, la patronal de Porsche, BMW, Deutsche Bank, Hugo Boss, Thyssen, Von Schroder, Pelikan o Hugenberg… y los nazis habitaron el mismo ecosistema mental. Luego vino la desregulación de todos los derechos alcanzados con su 'Ley de ordenación del trabajo nacional' en 1934, prohibiendo sindicatos, negociación colectiva o derecho a la huelga.

Uno, que viene del futuro, presiente que con un gobierno PP-Vox en España la desregulación nos va a dar muchos dolores de cabeza a trabajadores, mujeres, pensionistas, desempleados o estudiantes. Y entonces, muchos que hoy vociferan contra los sindicatos, se acordarán de ellos.