OPINIÓN
Ley de Educación de Extremadura
La Ley de Educación de Extremadura nació en su día fruto del consenso, que le otorgó solidez y estabilidad. Sin embargo, desde su aprobación en 2011 (y posterior revisión parcial en 2015), el paso del tiempo ha aflorado sus carencias y, por tanto, la necesidad de una nueva revisión en profundidad.
Las sociedades evolucionan en lo social, lo económico y, de manera muy notable, en lo tecnológico. Nos encontramos en un momento clave en el que es imperativo proceder a su revisión y actualización, un proceso ya programado en el marco del acuerdo Horizonte +.
La Ley vigente contenía pilares importantes como la inclusión, la equidad y la defensa de la escuela rural, principios que deben reforzarse sin demora. Muchos de los compromisos que la Ley sostiene en sus páginas no se han materializado plenamente. Porque en este caso, como en tantos otros, la falta de suficiente financiación marca la distancia entre lo que una ley o norma dice y lo que, después, realmente se materializa.
En Extremadura, la dispersión geográfica y demográfica sitúa a la escuela rural en el centro de un debate que trasciende lo educativo. Mantener los centros rurales de pequeños pueblos abiertos es una ventana de oportunidad como freno de la despoblación. Cuando el centro educativo de un pueblo pequeño cierra, de alguna forma, el pueblo se muere.
Por tanto, sostener la escuela rural es un objetivo y un reto de primer orden que debe estar alejado de cualquier perspectiva economicista; más bien al contrario, requiere una decidida inversión que garantice recursos y plantillas suficientes.
Las Administraciones e instituciones deben coordinarse para adoptar medidas que frenen la despoblación y favorezcan el retorno de habitantes a los pueblos, para lo que se deben crear oportunidades que supongan un incentivo, una revitalización del entorno rural. En este objetivo, también tiene su responsabilidad la Consejería de Educación.
La inclusión educativa constituye otro de los aspectos que la Ley de Educación destaca, pero corre el riesgo de quedar solo como una palabra impresa si no se dota de personal y recursos ajustados a sus necesidades. De lo contrario, lo que genera es una gran frustración en los docentes y en las familias. La dotación de recursos y el incremento de plantillas, de inversión, en definitiva, están en la base del éxito de cualquier iniciativa. No es una solución pedir a los maestros y profesores que redoblen esfuerzos para compensar las carencias del sistema.
La autonomía pedagógica y organizativa de los centros es fundamental porque permite transformar las escuelas en comunidades vivas y flexibles, fomenta una cultura de innovación metodológica, impulsa el compromiso y la cohesión de un profesorado que participa activamente en la toma de decisiones, y optimiza la gestión de los recursos de manera más ágil. Todo ello, acompañado de una mayor participación de las familias y de la comunidad, convierte a los centros en espacios de aprendizaje más inclusivos, responsables y orientados a ofrecer una educación de mayor calidad.
Mucho ha llovido desde la aprobación de la Ley de Educación de Extremadura y el escenario tecnológico actual es radicalmente distinto, con la irrupción de la inteligencia artificial y la extensión de las redes sociales. Este desafío exige que los centros escolares asuman un papel activo en la alfabetización digital. Enseñar a los jóvenes a utilizar estas herramientas con criterio, navegar de forma segura, identificar la desinformación y proteger su bienestar emocional es vital. El alumno debe aprender a controlar la tecnología para que esta esté a su servicio y no bajo su yugo.
La doble vertiente que tiene el sistema educativo garantiza, por una parte, una preparación óptima para quienes opten por el acceso a la universidad y, por otra, el impulso de una Formación Profesional moderna, flexible y estrechamente conectada con el tejido productivo extremeño.
En definitiva, todos los retos descritos y muchos otros imposibles de detallar dada la extensión tasada de este artículo deben ser abordados con la voluntad de llegar a consensos. Hay que tener presente, además, que la nueva Ley de Educación de Extremadura debe contar con una memoria económica lo suficientemente generosa para que todas las mejoras que contenga pasen del papel al aula.