Un alto cargo de Vox en la Junta tilda de “política suicida” la acogida de menores migrantes y el PSOE lo achaca a “racismo”
La tensión por la política migratoria y la protección de la infancia ha vuelto a desencadenar un duro enfrentamiento en la Asamblea de Extremadura. El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández (Vox), ha calificado este viernes como una “política suicida y autodestructiva” el sistema de reparto e incremento de plazas para la acogida de menores migrantes no acompañados procedente de territorios con sobreocupación como Ceuta o Canarias.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada y portavoz socialista de Servicios Sociales, Soraya Vega, sobre el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores, el alto cargo del Ejecutivo autonómico ha advertido de que la Junta se opondrá a esta medida con “todos los medios políticos y legales” a su alcance. “Debemos resistir con todas las herramientas a nuestra disposición”, ha aseverado Fernández.
El director general ha elevado el tono contra el Ejecutivo central, al que ha tildado de “gobierno corrupto, mafioso y despótico”, así como de “traidores y colaboracionistas con la invasión”. Asimismo, se ha referido a la situación en la ciudad autónoma afirmando que Ceuta “está ocupada por una orden de invasores al servicio de una potencia extranjera, de Marruecos”, reprochando al Grupo Socialista que se preocupe “más por los invasores que por los españoles que están sufriendo las consecuencias de este ataque”.
Fernández ha defendido la postura del Gobierno regional sosteniendo que el reparto de menores “no es una cuestión jurídicamente pacífica” al existir un recurso de inconstitucionalidad formalmente admitido promovido por Extremadura y otras comunidades autónomas. En esta línea, ha garantizado que la Junta “no aceptará en silencio cualquier decisión” y ha avanzado que darán la batalla “en cada paso: en los tribunales, en el Gobierno y en las calles”.
El PSOE acusa a la Junta de incumplir la ley por “racismo”
Por su parte, la portavoz socialista Soraya Vega ha evitado entrar al trapo de lo que ha definido como un “circo” y ha acusado al alto cargo de acudir a la sede de la soberanía extremeña a “amenazar e insultar al resto de grupos”. Vega ha instado a Fernández a acudir a los juzgados si considera que existen delitos y ha vuelto a exigir a la Junta que aclare si piensa cumplir la legislación de protección a la infancia.
“La Junta no acoge menores migrantes por racismo, no por falta de recursos. Le guste más o menos la ley al vicepresidente o a la señora Guardiola, la tienen que cumplir”, ha denunciado la parlamentaria del PSOE, que ha criticado la “deshumanización insoportable” que demuestra el Ejecutivo al referirse a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en términos de “invasores” o “menas”.
Vega ha argumentado que Extremadura cuenta en la actualidad con “los presupuestos más altos de la historia” y ha revelado que la consejería competente “está dejando por ejecutar 25 millones de euros”, por lo que ha descartado que la negativa responda a un problema presupuestario o de capacidad de infraestructuras: “Es un problema exclusivo de voluntad política y de racismo”, ha sentenciado, recordando que la atención a la crisis en Ceuta —donde se agolpan un quinientos menores— representa “el verdadero patriotismo, que es ayudar a otras regiones cuando lo necesitan”.
Incoherencias en el seno del Ejecutivo autonómico
El choque parlamentario se produce solo dos días después de que el propio vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (también de Vox), reconociese públicamente que Extremadura ha acogido a menores migrantes durante los meses de verano en cumplimiento de los cauces habituales, si bien precisó que ninguno de ellos procedía de las últimas llegadas masivas registradas en la frontera ceutí.
Esta disparidad de pronunciamientos evidencia las contradicciones internas y el endurecimiento del discurso de los consejeros y altos cargos del ala de Vox en el Gobierno extremeño, que insisten en formalizar su rechazo frontal a la solidaridad interterritorial fijada por la normativa nacional en materia de infancia.