Las plantas de biometano llegan a la Asamblea: Unidas por Extremadura denuncia proyectos “especulativos” y la Junta descarta “vetos ideológicos”
Las plantas de producción de biometano proyectadas en Extremadura han protagonizado este miércoles un debate en la Comisión parlamentaria de la Asamblea. Una comparecencia en la que Unidas por Extremadura ha trasladado el “rechazo social” y las dudas que rodean a estas instalaciones, mientras que la Junta de Extremadura ha garantizado que el análisis de los expedientes se realiza con el “máximo rigor técnico, ambiental y jurídico”.
El director general de Gestión Sostenible y Política Forestal, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, ha comparecido para responder a una pregunta formulada por la confluencia de izquierdas. Durante su intervención, Rodríguez Ucedo ha querido dejar claro que “no existe una autorización automática para este tipo de instalaciones, ni existe tampoco un rechazo previo por razones ideológicas”, incidiendo en que cada proyecto será evaluado de forma individualizada.
Sin embargo, el parlamentario de Unidas por Extremadura, Juan Alessandro Schirinzi, ha puesto el foco en la opacidad y las dimensiones de las futuras plantas. A su juicio, existe una notable “falta de información” ciudadana ante lo que considera un modelo “especulativo” basado en “macrocomplejos”. Como ejemplo, Schirinzi ha citado la situación en un radio de unos 50 o 60 kilómetros, donde según ha denunciado se plantean hasta tres proyectos diferentes que podrían llegar a tratar conjuntamente más de 400.000 toneladas de residuos orgánicos al año, una cantidad que, asegura, “no producimos en núcleos cercanos”.
El foco sobre la planta de Miajadas
Uno de los puntos clave del debate ha sido el proyecto previsto para el municipio cacereño de Miajadas. La planta contempla una capacidad de tratamiento de 164.000 toneladas anuales de residuos orgánicos biodegradables mediante digestión anaerobia para su transformación en biogás y compost.
Según ha explicado el director general, el expediente se encuentra actualmente a la espera de que el Ayuntamiento de Miajadas emita el informe positivo de compatibilidad urbanística necesario para continuar con la tramitación administrativa. Asimismo, los servicios técnicos de la Junta se encuentran analizando las numerosas alegaciones presentadas tanto por asociaciones como por particulares durante el periodo de información pública.
Rodríguez Ucedo ha detallado que el proyecto sigue siendo objeto de una rigurosa evaluación y que ya se han completado las consultas preceptivas a las administraciones públicas afectadas y a los interesados, quedando pendiente la finalización de los informes definitivos para emitir el correspondiente pronunciamiento ambiental.
Choque por el modelo económico y la “alarma social”
Desde el Ejecutivo autonómico se ha defendido que la estrategia de esta legislatura pasa por facilitar aquellas iniciativas que impulsen la economía circular, la valorización de residuos y la transición energética, pero “siempre que acrediten plenamente su viabilidad”. “Nuestro compromiso es garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la protección de la calidad de vida”, ha reiterado el director general.
En el plano político, Rodríguez Ucedo ha lamentado la “alarma social” que, a su juicio, genera Unidas por Extremadura en torno a unos expedientes sometidos a una de las tramitaciones ambientales más exigentes del ordenamiento jurídico actual. El director general ha reprochado a la formación de izquierdas su oposición sistemática a proyectos industriales, argumentando que decir “no a cualquier proyecto que genere una actividad económica” supone “negar oportunidades laborales a los jóvenes” de la región.
Frente a esto, Unidas por Extremadura ha insistido en la necesidad de apostar por un dimensionamiento de las plantas que sea “coherente y sensato” con la realidad territorial extremeña, alejándose de proyectos que consideran sobredimensionados para el entorno rural donde pretenden instalarse.