El sindicato SIP denuncia la “privatización encubierta” de las terapias del CADEX de Cáceres
El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha asegurado que la reciente decisión de “derivar a entidades externas” diversas terapias de habilitación funcional del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres supone un “nuevo avance en el proceso de privatización encubierta” de los servicios públicos de atención social y sanitaria en la región.
En un comunicado, señala que la “controversia política” surgida tras el anuncio realizado a finales de mayo por la Junta de Extremadura “resulta secundaria” frente a lo que considera el “verdadero problema de fondo”, que es la “progresiva pérdida de gestión pública directa” en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, que se encuentra externalizada “casi al cien por cien”.
Según el SIP, la externalización de estas terapias se ha justificado mediante argumentos que considera “falaces” y contribuye a reforzar la percepción de que Extremadura es “incapaz de sostener por sí misma su Estado de bienestar”.
En este sentido, el sindicato ha acusado al Ejecutivo autonómico de María Guardiola de “impulsar una estrategia orientada a incrementar el peso de la gestión privada” en estos servicios; y ha recordado que en los últimos meses viene alertando del deterioro de distintas áreas vinculadas a la sanidad y los servicios sociales.
Así, ha señalado que el pasado mes de enero anunció un seguimiento específico de la situación del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), al que considera uno de los órganos “con mayores problemas de funcionamiento”.
Asimismo, ha incidido en que durante el mes de abril ya advirtió sobre la existencia de dificultades de personal que, a su juicio, tienen carácter estructural y no coyuntural, y que afectan a la capacidad de prestación de servicios públicos “en condiciones adecuadas”.
El SIP también ha vinculado esta situación con las movilizaciones desarrolladas durante los últimos meses por trabajadores del sistema sanitario extremeño, quienes han reclamado medidas para reforzar los recursos humanos y materiales disponibles en la red pública.
En relación con el ámbito de la discapacidad, el sindicato sostiene que la derivación de nuevas especialidades a organizaciones externas confirma una tendencia que, según afirma, ha llevado a que “la práctica totalidad de la gestión de estos servicios se encuentre actualmente externalizada”.
Además, ha planteado dudas sobre el cumplimiento íntegro del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX).
La organización ha advertido de que esta situación afecta a más de 6.300 familias extremeñas y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener sobre la calidad asistencial y las garantías de atención que reciben los usuarios del sistema.
Por último, el SIP ha rechazado que el debate deba centrarse exclusivamente en la continuidad de los servicios y ha defendido que la cuestión principal es determinar quién los gestiona y bajo qué condiciones.
En este sentido, ha insistido en que el mantenimiento de las prestaciones es una “obligación de la Administración” y ha reclamado una apuesta decidida por la gestión pública directa en el ámbito de la dependencia y la discapacidad.