Unidas por Extremadura registra su enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2024
El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (UPE) ha registrado este jueves su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024, por considerar que “puede ser el primer paso de una política que vacíe nuestras arcas y deteriore nuestros servicios públicos”.
La portavoz del grupo, Irene de Miguel, firma esta enmienda a la totalidad con la que se pide la devolución de las primeras cuentas elaboradas por el gobierno de coalición entre PP y Vox en Extremadura.En ella se critica la rebaja de impuestos planteada con “la pretensión de competir con otras regiones que abanderan el modelo económico de paraísos fiscales” y que, a juicio de UPE, “profundiza en la injusticia fiscal” pues beneficia a “quienes más tienen”.
La enmienda que firma De Miguel destaca que esta rebaja “contrasta con la exigencia al Gobierno central de un aumento de las transferencias” y se da “en un contexto de aumento de la desigualdad y el riesgo de pobreza fruto de la inflación y el encarecimiento de los productos básicos, justo cuando la sociedad requiere de un esfuerzo extra en las políticas redistributivas por parte de los poderes públicos”.
Para el grupo de Unidas, “la simple enumeración de nuevos beneficios fiscales resulta vergonzante: supresión del Impuesto de Patrimonio; práctica supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; o la eliminación el impuesto a los grandes tenedores de viviendas vacías”. Por ello, considera que “el planteamiento central de este presupuesto es manifiestamente injusto e ineficaz”, porque “va en contra de los principios de reparto de la riqueza y de reparto justo y equilibrado de los esfuerzos”, además de que “no va a conseguir ni incrementar la recaudación, como promete la derecha, ni incrementar la inversión”.
Así, se señala que “por más que se insista en el relato, los números son muy claros. Si este presupuesto es expansivo es por el crecimiento de las transferencias del Sistema de Financiación Autonómica fundamentalmente, y por el remanente que se conserva en la tesorería de las arcas públicas”. Es por ello que “el aumento del gasto solo puede ser soportado por ingresos externos que provienen del Estado”.
Por otro lado, ni siquiera la compensación que suponen el crecimiento de ingresos en el sistema de financiación autonómica se ve reflejado en un incremento similar de los servicios públicos fundamentales previstos en al artículo 15 de la LOFCA, según UPE. En ese sentido, precisa que la suma del gasto en educación, sanidad y servicios Sociales (incluida dependencia)apenas sube un 4,11 % cuando el importe de las transferencias del SFA crece un 15,5 % (de 3.838 millones de euros a 4.431 millones de euros). Se trata, según se recoge en el texto de la enmienda, de un incremento de 593 millones de euros que no se ha trasladado a estos tres servicios, que únicamente crecen en poco más de 170 millones de euros.
Además, “rompe una lógica de anteriores presupuestos en el que el importe del gasto de estos tres servicios públicos fundamentales superaba el importe de las entregas a cuenta”, en 2023 en casi 305 millones, mientras que el próximo año será inferior en más de 113 millones.
Asimismo, para Unidas, “el relato del presupuesto 'más social de la historia' cae por su propio peso”, ya que mientras las cuentas regionales crecen un 4,4 %, el gasto social sube menos, en concreto un 3,9%. UPE destaca el “sesgo ideológico conservador” de las cuentas elaboradas por el Gobierno de María Guardiola y considera significativo que en una región con los índices de pobreza que tiene Extremadura, el programa 252B de Inclusión Social sufra un recorte del 6,19 %, “casi seis millones menos para políticas públicas para las personas más vulnerables”.
“Especialmente cruel” es, en opinión de la coalición, el recorte del 26% en cooperación al desarrollo y la supresión del programa destinado a la memoria historia, “en el peaje a la ultraderecha”, mientras crecen un 22% las partidas destinadas a la consejería en manos de Vox, con un apoyo desmesurado a la tauromaquia. Unidas critica, además, la ausencia de una hoja clara de ruta en política económica, salvo su “sesgo conservador”, y la falta de ambición en políticas de vivienda, mientras que en educación se atisba “otra vuelta de tuerca en el proceso privatizador”.