Hicieron pública la ocupación de unas viviendas vacías, propiedad del banco malo (la Sareb) el uno de mayo, y ahora se denominan del mismo modo: corrala de Mérida 1º de Mayo.
Los habitantes de la corrala han emitido un nuevo comunicado en el que quieren explicar a los vecinos de Mérida que son trabajadores, víctimas del paro y la precariedad. También que han agotado todas las vías posibles antes de convertirse en ‘okupas’.
“La mayoría hemos sufrido desahucios y hemos quedado fuera en los procesos de adjudicación de vivienda. No defendemos sólo nuestro derecho, sino el de las más de 400 familias solicitantes de vivienda social y el de otras muchas que sufren el abuso de los bancos, que han convertido el desahucio en una rutina”.
Insisten en que no quieren vivir gratis, sino que piden un alquiler social. Para ello piden el principio el diálogo con las entidades financieras y políticas. “Pensamos que los intereses de los bancos no pueden ser más importantes que las necesidades elementales de las personas”.
“El banco ha recibido miles de millones de dinero público”
Hacen hincapié en que no han entrado en ninguna vivienda particular, y que las casas vacías en las que han entrado están en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
“Entidad a la que el Estado ha aportado directamente 2.192 millones de euros y 45.028 en avales públicos. Son viviendas de un banco rescatado con dinero de toda la sociedad española: en concreto, el Estado inyectó 12.000 millones de euros en Caixa Catalunya de los que sólo ha recuperado 782, correspondientes a su compra por el BBVA. Es decir, son, a efectos reales, viviendas costeadas con dinero público”.
Agradecen las “múltiples muestras de solidaridad” que según dicen les han hecho llegar desde el barrio de La Calzada y desde toda la ciudad. “Somos conscientes de que una decisión como la que hemos adoptado genera siempre incertidumbre y, por ese motivo, nos parece aún más valioso el trato que nos habéis dispensado”.
“También nos gustaría haceros partícipe del sentimiento que tenemos en este momento, mezcla de temor y de esperanza. Por un lado, para ninguno de nosotros ha sido fácil tomar la decisión de embarcarnos en este proyecto, sabedores de que se trata de un paso que puede acarrearnos consecuencias judiciales. Pero, al mismo tiempo, estamos convencidos de que no tenemos otro remedio que defender nuestra dignidad y la de nuestras familias, empezando por el derecho a vivir bajo un techo.