“Menos parches y más soluciones”: los educadores sociales claman por cambios reales un año después del crimen de Belén Cortés
Un año después del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en Badajoz se han producido algunas mejoras en el sistema de protección de la infancia y de reforma juvenil de Extremadura, pero los profesionales de este ámbito reclaman menos “parches” y “soluciones integrales”, como ha expuesto este lunes la educadora social Inés María Solomando, en representación del Grupo de Acción Social y Sindical formado por 18 entidades de Extremadura -11 colegios profesionales y siete centrales sindicales-.
Antes de exponer las reflexiones de este colectivo en una rueda de prensa, se ha guardo un minuto de silencio por María Belén Cortés, justo en el día que se cumple un año de su muerte en un piso de cumplimento de medidas judiciales de Badajoz. El próximo sábado, 14 de marzo, habrá una manifestación en Badajoz en su memoria.
Por estos hechos, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz condenó a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos menores acusados del crimen, mientras que a la joven también procesada se le impuso una pena de cinco años, como cómplice.
El Grupo de Acción Social y Sindical se ha creado para aunar esfuerzos ante la “inacción” de los distintos gobiernos de la región en materia social y ante el “devenir de una serie de hechos, incidentes y peligros” que ya venían advirtiendo las entidades representadas antes del crimen.
En este trabajo, que es muy vocacional, su muerte les “removió y les sigue removiendo”. “Ahora me lo pienso más”, ha reconocido Solomando, a la hora de afrontar determinadas “situaciones complicadas”.
Un problema al que se enfrentan es que cuando un profesional pone una denuncia por una agresión, cuando llega el momento del juicio no tiene el amparo de la Administración, como sí lo tienen el menor, y se tienen que buscar su asesoramiento jurídico.
Entre los avances que se han producido, Solomando ha señalado el establecimiento de un “botón del pánico” para los profesionales o programas de intervención terapéutica para la infancia y de bienestar y autocuidado para profesionales, pero los programas de familia, que son “el primer bastión”, “están como siembre”.
El grupo reclama una red de programas de familias fuerte, a cargo de los presupuestos autonómicos, con personal suficiente y salarios dignos; crear una mesa técnica de expertos para evaluar el sistema, elaborar propuestas y hacer un seguimiento de las medidas que se pongan en marcha; y el reconocimiento de estos profesionales como figuras de autoridad.
Entre la docena de reivindicaciones también figura la creación de una comunidad terapéutica para jóvenes con problemas de adicción como la que hubo hace unos años en Mérida y la apertura del Centro de Recuperación Zagal de Plasencia, también de carácter terapéutico.
La actualización del decreto de acogimiento residencial con la implicación de los profesionales; la habilitación de un expediente único del menor que abarque los ámbitos de servicios sociales y educación, con acceso para todos los profesionales implicados; y un plan de seguridad específico también figuran entre sus demandas.
La situación política también está incluyendo este sector, ya que Solomando ha advertido de que los centros de acogida de menores están sin presupuestos y de que el programa de bienestar y autocuidado para profesionales está paralizado.
Desde la muerte de la educadora social, el sector se ha reunido en dos ocasiones con los responsables de la Junta de Extremadura y ha mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que no les respondió, según Solomando.
Además, pidió la concesión de la Medalla de Extremadura a título póstumo para María Belén Cortés en 2025, que tienen la esperanza de conseguir este año con más tiempo por delante y más apoyos.