El periodista extremeño Conrado Granado (Torrejoncillo, Cáceres) publica el libro 'Memoria histórica. Para que no se olvide', 84 años después del “Glorioso alzamiento nacional” que dio lugar a la Guerra Civil Cuando.
Pretende según su presentación ser un a modo de gran reportaje periodístico acerca de lo que sucedió en aquellos años de entreguerras y posguerra, cuyo desarrollo y desenlace “tuve ocasión de conocer a mediados de los años noventa del pasado siglo a través de miles de documentos originales consultados en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares (Madrid), lugar en el que llevé a cabo una labor de investigación”.
Entre ellos la condena a muerte en noviembre de 1937 de un vecino de Alcuéscar, sobre el que pesó entre otras cuestiones ser hermano de un defensor de la ciudad de Badajoz ante el ataque de la columna del general golpista Yagüe.
Acerca de cómo vivía el llamado pueblo llano dedica un capítulo en el que se describen las historias más insospechadas en un país en el que las venganzas podían estar a la orden del día, en el que una denuncia podía acarrear consecuencias muy graves, mientras algunos buscaban enchufes de por vida. Era aquella una España en la que los profesores eran expulsados de la universidad por ser considerados “rojos” peligrosos, mientras que al mismo tiempo existían vividores de todo tipo y condición en aquella especie de corte de los milagros, de estraperlo y contrabando, donde la Sección Femenina hacía su estilo de caridad uniformada, mientras que las familias podían quedar rotas para siempre por la frontera de la guerra o las desavenencias políticas.
El bando perdedor “iba a perderlo todo, en muchos casos hasta la vida”, junto a sus bienes y pertenencias, que aparecerán en los documentos oficiales con la denominación de “incautación” o “presa del enemigo”. Por su parte, para el bando vencedor se trataba al fin y al cabo de la recompensa por el hecho de haber ganado una Cruzada y salvado a España del terror rojo, por lo que resultaba lógico hacerlo para, según consta en documentos, “resarcir las arcas del nuevo Estado”, y por otro lado “para que pagaran con sus bienes los males y perjuicios que habían causado al país por haber estado en contra del Glorioso Movimiento Nacional”.
Puestos manos a la obra, la Junta de Defensa Nacional, con sede en aquellos momentos en Burgos, emitirá el Decreto número 108, de 13 de septiembre de 1936, declarando fuera de la ley a las organizaciones integrantes del Frente Popular.
Un gran negocio
Los empresarios “supieron estar siempre al sol que más calienta, y los tiempos de la Guerra Civil y posguerra no iban a ser una excepción”, ya que olieron muy pronto quién iba a ganar dicha guerra, cosa que para algunos resultó ser un gran negocio. Lo que nunca pudieron llegar a imaginarse dichos empresarios españoles era que el nuevo Régimen no se fiaba de ellos, como tampoco se fiaba de nadie, por lo que serían vigilados constantemente.
Tras miles de documentos consultados, puede decirse que los españoles “estuvimos vigilados, observados, controlados, durante los cuarenta años del Régimen franquista. Los primeros años de la posguerra fueron los más duros en cuanto al control se refiere, si bien la vigilancia permanecería alerta hasta bien entrados los años setenta del pasado siglo. Se espiaba en la universidad, en el cooperativismo y en el nacionalismo, en las empresas, en las multinacionales. El Ojo del Gran Hermano no descansaba ni de día ni de noche”.
'Memoria Histórica. Para que no se olvide' está editado por Asociación Cultural y Científica Iberoamericana, y disponible en papel y digital.