Los esfuerzos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo por colocar en la agenda pública el supuesto problema de las ocupaciones ilegales de viviendas contrasta con los datos realmente existente. Según la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de abril y el 30 de junio hubo 22 demandas en los juzgados gallegos por este motivo. Es decir, un 31% menos que en 2019 -entonces fueron 32- y un 18,6% menos que el pasado año.
La relación de procedimientos con población coloca a Galicia como la tercera comunidad del Estado, junto a Euskadi, con menos demandas por este tipo de situaciones, 0,8 por cada 100.000 habitantes. Solo Asturias y Cantabria, con 0,5, presentan una cifra menor.
A pesar de ello, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda lleva meses agitando el fantasma. Su titular, Ángeles Vázquez, hablaba de “problema agudo” y de “indefensión de los propietarios”. El PP se sumó a la ofensiva y anunció que pediría un informe sobre el fenómeno a la Valedora do Pobo. Vivenda rubricó además un convenio con abogados para asesoramiento gratuito a propietarios. Parecido al que había eliminado dos años antes para ayudar a las personas en riesgo de desahucio.
Pero los datos son tozudos. Los desahucios siguen superando de manera alarmanete a las ocupaciones. En el mismo período en el que se registraron 22 denuncias por este último concepto, hubo 447 lanzamientos, 343 por impagos de alquiler, 89 por ejecuciones hipotecarias y 15 por otras causas. En el mismo trimestre de 2019 hubo un 32% más. En comparación con 2020, aumentaron un 438,6%, pero el CGPJ no lo considera significativo “ya que se debe a la incidencia de la pandemia en los órganos judiciales”.