Así huyen los gallegos de Ribera Salud: 8.000 pacientes del principal hospital concertado piden el traslado a la pública
Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.
Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .
Las inyecciones de la Xunta
El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.
En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los prejuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.
La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.