La Xunta de Galicia acaba de empezar la tramitación de la ley con la que va a prohibir el consumo de bebidas energéticas y vapeadores a menores de edad. Pero no son las únicas novedades del texto, que va a extender las limitaciones al consumo de tabaco a las marquesinas y paradas de autobús, las piscinas públicas y los 50 metros alrededor de los centros en los que ya no están permitidos los cigarrillos -como centros sanitarios y educativos-. Además, el Gobierno gallego ha decidido retirar a los ayuntamientos la competencia para imponer multas por hacer botellón. Con la nueva normativa será la Xunta quien se encargue. Sancionará también a los municipios “por permitirlo”, avisa.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, han presentado el texto después de la reunión del Consello que le ha dado el visto bueno. Ahora se abre un periodo de presentación de alegaciones. Comesaña sostiene que el objetivo de la futura ley de protección de la salud de los menores es “prevenir más que castigar”.
Rueda se ha jactado de que Galicia es la primera comunidad que plantea prohibir por ley que se vendan a menores y que estos consuman las llamadas bebidas energéticas y también los vapeadores, que tienen “aspectos perniciosos documentados”. No solo habrá que presentar el DNI para comprar estos productos en las tiendas, sino que en algunos recintos van a estar simplemente ausentes: no se podrán vender en máquinas expendedoras pero tampoco en centros sanitarios, colegios y recintos deportivos en los que las actividades se dirijan fundamentalmente a menores. Las bebidas energéticas quedan equipadas al alcohol y los vapeadores, al tabaco.
Dentro de las bebidas alcohólicas la Xunta anuncia también cambios: hasta el momento los responsables de multar a quienes hacían botellón en espacios públicos eran los agentes de la policía local. Con la nueva norma será la administración autonómica, y no la municipal, la que se ocupe. En concreto, el trabajo dependerá de las jefaturas territoriales de la Consellería de Sanidade. Entre quienes pueden recibir sanciones no están solo las personas que beban alcohol en estas reuniones, sino los propios ayuntamientos “por permitirlo”, aseguró Comesaña.
Tampoco podrá haber publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en los 200 metros alrededor de centros educativos y de protección de menores.
La ley, que abordará también las adicciones sin sustancias, va a establecer que los videojuegos se tendrán que separar de forma clara en los puntos de venta en función de la edad recomendada, aunque se van a poder seguir comprando sin limitaciones. El conselleiro de Sanidade ha añadido que estudia ampliar la prohibición de usar los teléfonos móviles en los centros educativos. Esa posible modificación no figura en el anteproyecto. La normativa vigente ya impide que se utilicen durante toda la etapa de primaria y secundaria en las actividades lectivas.
Sobre el acceso al cannabis, la futura ley va a prohibir expresamente la venta a menores de productos que lo tengan en su composición y también el acceso de los jóvenes de menos de 18 años a lugares vinculados con su venta o consumo.
Comesaña ha indicado que las administraciones deberán hacer campañas de promoción de los hábitos saludables y de prevención de los nocivos. Incluye iniciativas en materia sanitaria para hacer detecciones precoces de consumo en los controles de salud infantil entre los 12 y los 14 años o intervenciones en casos de intoxicaciones.
Las previsiones del Gobierno gallego son que la ley, que debe pasar un plazo de exposición pública antes de que sea remitida al Parlamento, esté aprobada en 2024.