Pablo espera el desalojo en la villa de la 'casera de los famosos' de Ibiza: “Cerramos cada día la puerta”
La historia de Casa Lola, una villa propiedad de la polémica empresaria Paquita Sánchez Ordóñez, parece interminable si se rebobina hacia el pasado y si se proyecta hacia el futuro: los líos judiciales derivados de las infracciones urbanísticas, las operaciones policiales y la intrahistoria entre sus paredes –un incendio mortal y una denuncia por agresión sexual– se asemejan a una tergiversada novela con personajes dostoievskianos.
Sobre la puerta cuelga ahora mismo un candado, dorado, reluciente, de considerables dimensiones que cierra el paso. Desde abril –cuando se produjeron varios desalojos en la isla–, la mansión había estado ocupada por más de 200 personas. Hasta hace diez días, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ordenó el desmantelamiento de las barracas.
El nombre de Casa Lola lleva mucho tiempo apareciendo en la prensa local, nacional e incluso internacional. Durante una temporada, la casa donde se celebraban las fiestas que reunían al famoseo y a la alta sociedad que veraneaba en Eivissa aparecía en las páginas de distintas secciones. Sobre todo, cuando se descubrió que era ilegal y que no se había pedido licencia para construirla. Esto motivó, años más tarde, en una orden de demolición que se hizo efectiva –tras años de proceso judicial– el 9 de agosto de 2022.
Así, su propietaria Francisca Sánchez Ordóñez –o Paquita Marsan, como más se la conoce– ha sido bautizada como la “casera de los famosos”. Esta empresaria del sector inmobiliario y turístico, que también es una 'celebrity' en su lugar natal, Málaga, ha alcanzado un patrimonio económico elevado gracias a la actividad de alquiler, en algunos casos irregularmente –según el Consell d'Eivissa– sus villas a gente reconocida y adinerada. También ha presumido en varias ocasiones de mantener una amistad con los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Este diario se ha intentado poner en contacto con la propietaria por vía telefónica sin recibir respuesta en el momento en que se publica esta información.
Solo 17 personas en el interior
“Ahora [desde que la Justicia anunció el desalojo] cerramos cada día la puerta”, señala Pablo, un trabajador de origen uruguayo y de los pocos que sigue viviendo en el interior de la antigua villa de lujo. Las infraviviendas se fueron extendiendo en el interior hasta albergar a más de dos centenares de moradores de distintas nacionalidades. Principalmente, paraguayos, españoles, ecuatorianos y marroquíes, señala este interlocutor a elDiario.es. “De 220, solo quedamos 17”, asegura el hombre.
Se trata de una finca de 9.326 metros cuadrados con diversas instalaciones: bungalows, piscinas y terrazas sobre las que pende una orden de demolición. Todos estos servicios, pero, han quedado relegados en los últimos años en los que el lugar ha sido sometido a un estado de semiabandono. De hecho, los moradores dicen que hay mucha basura dentro. Desde el exterior, es imposible de testificar, solo se aprecia una silla de camping al lado de la caravana donde aún hay restos de comfort; alguien la utilizaba hasta hace poco de hogar.
El desvío desde la carretera deja claro donde se ubica la finca. Sobre una piedra, en pintura negra, se lee: “Lola”. La nomenclatura se rodea de varios corazones dibujados sobre el mismo objeto natural. Pablo lleva cuatro meses viviendo en el interior de este inmueble. Su amigo, quien le recomendó el sitio para instalarse mientras ejercía sus funciones como peón en una empresa de construcción en el puerto de Eivissa, llevaba dentro dos años.
No tienen ni idea de cuándo se producirá el desalojo, lo que sí saben es que la mayoría de los inquilinos –que pagaban un importe de entre 200 y 300 euros por vivir en el terreno, aunque se desconoce exactamente a quién– se han marchado a otro territorio que no ubica muy bien en el mapa. “Cerca del kilómetro 4 [de la carretera de Sant Josep], después de la rotonda, a unos 150 metros girando por ahí a la izquierda”, indica dubitativo.
Los inquilinos pagaban un importe de entre 200 y 300 euros por vivir en el terreno, aunque se desconoce exactamente a quién
De mansión de lujo a asentamiento
Es lo que lleva sucediendo en la isla desde que se iniciara, hace unos años, el drama de la vivienda que no remite: tras un desalojo, se produce una migración a otro lugar –público o privado– donde se vuelven a reproducir las infraviviendas. Pablo desconoce, sin embargo, si este otro terreno donde están ahora sus antiguos compañeros pertenece a la propietaria de Casa Lola.
Por otro lado, esta villa de es Cubells no es el único lugar en propiedad que la malagueña tiene ocupado. Si no que el problema que sacude la mansión también lo tenía, la temporada pasada, en unos antiguos apartamentos de es Canar conocidos como ‘El Rancho’ y este verano en un solar de Cala de Bou donde proyecta por lo menos una veintena de pisos. El pasado julio, además, la Policía desmanteló una fiesta ilegal con más de 250 personas organizada en otro de sus inmuebles, Casa Paola, ubicado en el mismo municipio de Sant Josep.
Sánchez Ordóñez no ha hablado directamente con los habitantes de la antigua villa. Es uno de los ocupantes, de origen colombiano, que continúa instalado allí, quien gestiona —o gestionaba— un alquiler ilegal con los habitantes del interior del asentamiento, señala el abogado de la empresaria, Juan Carlos Rodríguez Tur, a elDiario.es. Rodríguez explica que todavía no hay una fecha fijada para el desalojo, una tarea que corresponde a la Policía Judicial de la Guardia Civil y a la Policía Local de Sant Josep. Ahora mismo, ambos cuerpos de seguridad están preparando el dispositivo policial, «nada fácil».
De momento, las 17 personas que continúan en la propiedad de Marsan pasan la noche en un domicilio situado justo a la izquierda del portón de entrada. En la planta superior hay una terraza junto a la que todavía hay aparcada una caravana. Justo al lado, hay una nevera en el exterior. «Ya no duerme nadie allí, nos ha prohibido vivir en los vehículos o en las tiendas de campaña», aclara Pablo, aunque no especifica quién. La petición llegó después de recibir la orden de desalojo del juez, hace menos de dos semanas.
'Nos han prohibido vivir en los vehículos o en las tiendas de campaña', aclara Pablo
Un incendio mortal posiblemente intencionado
Las campanas de desalojo sonaron inmediatamente después de que se produjera un incendio –que la Guardia Civil investiga si fue intencionado–, en una de las chabolas el pasado domingo 27 de septiembre que acabó con la vida de un hombre de 48 años. Los agentes mantienen, de momento, abiertas todas las hipótesis y no han descartado la vía criminal, señalan a elDiario.es.
Las llamas se produjeron la madrugada de un domingo, cuando los servicios de seguridad y de emergencia, tras recibir el aviso sobre las 7 horas, se dirigieron de inmediato a la villa de es Cubells. Horas después, alrededor de las cinco de la tarde, la víctima, de nacionalidad paraguaya, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses.
Las heridas críticas provocadas durante el fuego, que afectaron al 90% de su cuerpo, le hicieron ingresar en el centro hospitalario con diagnóstico de gran quemado, lo que impidió que se pudiera hacer nada para salvarle la vida.
El auto del desalojo fue dictado el pasado miércoles por el juez sustituto José Antonio Martínez Moya. Entonces, el juzgado de la Sección de Instrucción 2 del Tribunal de Instancia de Eivissa estableció, como medida cautelar, la expulsión de los ocupantes de la villa y la restitución de la posesión a la empresa propietaria, Inversiones Hoteleras Faro S.L., la sociedad limitada que gestiona Marsan junto a su hija, Rocío Sánchez.
Previamente, el 2 de julio –después de que se produjera en el terreno una agresión sexual– el bufete Rodríguez Tur Abogados denunció un delito leve de usurpación por los “problemas de convivencia”. Por eso, el juez ha considerado ahora que existen indicios sólidos de una ocupación del inmueble con “vocación de permanencia”, sin que ninguno de los ocupantes disponga de un título que “legitime su posesión, sin autorización de la propietaria y contra su voluntad”. La resolución señala, además, que las personas que ocupan la finca han ido cambiando con el tiempo, con abandonos y nuevas ocupaciones a las que el titular atribuye varios incidentes.
A la espera de la notificación del juez
Aunque la ejecución del desalojo no se ha llevado a cabo formalmente, la semana pasada se corrió la voz de que el operativo policial tendría lugar este martes, una información que después desmintió el juzgado competente. El abogado de Sánchez Ordóñez detalló que la Guardia Civil había hecho saber a los ocupantes de que el desalojo “sería inminente” para que abandonaran Casa Lola. Pero en ningún caso se concretó una fecha exacta, matizan desde el cuerpo de seguridad. Desde que se produjo el comunicado, los agentes se acercan a distintas horas a la villa. Incluso, asegura Pablo a elDiario.es, tocan la puerta para comunicarse directamente con ellos: “A las siete de la mañana, a las dos, a las cinco de la tarde… quieren comprobar que todo está bien”.
De momento, Pablo no tiene intención de marcharse. Esta mañana prepara una bolsa para limpiar el terreno y dejarlo lo más limpio posible. “La propietaria nos ha dicho que cuando nos desalojen nos podremos quedar en calidad de empleados”, afirma. Una afirmación que ha sido desmentida por la defensa legal de la empresaria: “No quedará ninguna persona como empleada ni en general. Después del desalojo la tapiaremos y la cerraremos para que no pueda entrar nadie más. De hecho, estamos considerando poner seguridad y una valla eléctrica”.