La Policía desaloja a un centenar de trabajadores precarios en Ibiza al inicio de temporada: “Todos merecemos un techo”

Tres furgones con quince agentes de la Policía Nacional han llegado esta mañana, a las 8.30 horas, con material antidisturbios para desalojar a trabajadores de Eivissa del asentamiento de sa Joveria. Es uno de los más significativos que han ido proliferando en la periferia de la ciudad desde que empezó y empeoró la crisis de vivienda, creando imágenes insólitas. 

Se trata del mayor núcleo chabolista que se ha ido configurando en los alrededores de la urbe y también en la isla. Exceptuando el desahucio masivo de mil personas en un terreno privado de Can Rova el verano de 2024, muchas de ellas estafadas por un caseo pirata que les alquilaba parcelas por precios desorbitados para que instalaran sus caravanas, chabolas o incluso embarcaciones.

La escena se repite desde hace por lo menos un año y medio: residentes y empleados, algunos fijos y otros de temporada, se ven obligados a marchar de las infraviviendas construidas con sus propias manos por la falta de alternativas que deja la carencia habitacional en espacios abiertos del territorio insular. Se escurren entre las manos de instituciones y autoridades en la misma dinámica que siguen el ratón y el gato.

La mayoría de personas que hasta hoy han residido en sa Joveria, de origen saharaui, vivían antes en el antiguo asentamiento de Can Raspalls, en Sant Jordi, de donde también les echaron, en otoño de 2024, tras el abandono del fondo de inversión que lo poseía y después de que las autoridades municipales alegasen “suciedad” y el alquiler de chabolas en Airbnb para intervenir.

El cuerpo nacional de seguridad, así como diez agentes de la Policía Local de Vila, han irrumpido esta mañana en el terreno de sa Joveria a partir de las 10 horas, cuando un dron ha empezado a sobrevolar el recinto del asentamiento, ubicado entre el hospital Can Misses y el recinto ferial. Desde allí, se ve el castillo, símbolo de promoción turística en una isla -antes tierra de oportunidad laboral- cada vez más carcomida por las desigualdades sociales y económicas. 

“Cuando han entrado -los policías nacionales- parecía una escena de la Casa de Papel”, dice Ahmed, trabajador del sector de la construcción, mientras sale junto a tres compañeros suyos. No saben dónde dormirán esta noche y lamentan el escenario en el que se encuentran: “El alquiler es muy caro: una habitación para una persona vale 750 euros al mes”. Su fuente de ingresos está ligado a factores variables que no dependen de la decisión propia, como la lluvia o los días festivos, cuando no se trabaja y por lo tanto, no se cobra. 

Llevan consigo tan solo su DNI -son de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental-, la tarjeta sanitaria de Balears y la tarjeta de crédito. El resto de sus pertenencias, continúan en el interior de la chabola que les servía de hogar. Se trasladaron a la isla buscando un mejor salario que el que les ofrecía la recolecta de la aceituna en Andalucía, pero se encontraron con peor calidad de vida. 

Antes, habían estado viviendo en otro solar detrás de la central eléctrica de Gesa hasta que los echaron. Ahora se plantean medio en serio medio en broma buscar un trabajo de noche porque de momento dormirán en la calle: “¿Dónde vamos si no?”, se preguntan.

Una intervención pacífica

La intervención se ha desarrollado de manera pacífica, tal y como estaba previsto, sin que se hayan producido incidentes ni detenidos. De las cerca de 400 personas que había inicialmente, quedaban unas 60 que han ido saliendo a cuentagotas. Sí se ha percibido el descontento de los ocupantes, que lamentan ser el foco de atención de responsables políticos y medios de comunicación solo “cuando son el problema, sin que nadie ofrezca una solución”.

Algunos de ellos se han acercado a primera hora de la mañana a las oficinas municipales para gestionar el certificado de vulnerabilidad. Los agentes, a su llegada, han asegurado el perímetro y controlado los accesos a la finca para evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de todas las personas implicadas.

Una patrulla ha identificado a uno de los informadores que cubría el desalojo y le ha indicado, tanto a él como al resto de periodistas presentes, que debían retirarse y dirigirse a la carpa habilitada para los medios en la zona del aparcamiento, junto al acceso próximo al recinto ferial. Un punto que, por otro lado, carecía de visibilidad sobre el terreno público donde se encuentran una treintena de caravanas y autocaravanas -más cerca del colegio Can Misses- y que, como ha explicado el alcalde Rafael Triguero durante una comparecencia, se desalojará en los próximos días por incumplimiento de las ordenanzas, aunque no ha especificado cuándo.

El Ayuntamiento de Eivissa intenta desalojar el solar desde finales de 2024, cuando comenzaron a asentarse los primeros trabajadores -una de ellas, María, trabaja como limpiadora en el hospital, situado justo al lado-, mediante medidas disuasorias. Entre ellas, la instalación de un gálibo para impedir el paso de vehículos de más de cierta altura, que durante la jornada de hoy permanece abierto para facilitar la salida voluntaria, y la presión constante mediante la amenaza de multas. 

Al menos dos menores de edad

Cuando aparece un furgón de la Policía Nacional de Fronteras en la zona, comienza a respirarse cierta tensión, en torno a las once de la mañana. Un grupo de unas quince personas —una de ellas con un bebé en brazos— se reúne en un cercado dentro del terreno cuando dos policías se acercan y les comunican una noticia positiva, aunque temporal: por el momento, podrán seguir pernoctando en el lugar. “Nos han explicado que primero tienen que notificarnos para poder echarnos”, detalla Sara a elDiario.es.

Algunos de ellos son migrantes en proceso de regularizar su situación, como la familia de Camilo, de Colombia. En esta área, acordonada con grandes piedras, hay al menos dos menores, alguno de ellos adolescente. Los servicios sociales, presentes durante toda la mañana, no han podido concretar una cifra exacta.

El punto donde se encuentran las caravanas —que por ahora se han librado del desalojo— está separado por una valla del resto del terreno, de propiedad privada, donde se habían instalado principalmente trabajadores de origen saharaui. De allí han salido esta mañana tan solo siete personas. Una de ellas, un hombre marroquí que, mientras abandonaba el lugar, no podía contener las lágrimas ante la situación de precariedad en la que se encuentra.

Parte del asentamiento, en un solar privado

El desalojo de esta propiedad se puso en marcha después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizara al Ayuntamiento a entrar, desmontar y limpiar el asentamiento, dado que la propiedad no disponía de medios para hacerlo. La actuación —establecía el juez— debía finalizar antes del 26 de mayo.

Ahora, el alcalde —que ha asegurado que ha sido uno de los momentos más difíciles de su mandato— ha detallado que el propietario deberá encargarse de retirar los enseres y escombros que han quedado en el solar (como palés y restos de chabolas), uno de los motivos que ha llevado a la intervención.

“Era una bomba de relojería”, ha añadido el edil, recordando un trágico suceso ocurrido hace años en el asentamiento: dos incendios simultáneos que acabaron con la vida de una persona. No ha sido el único episodio de este tipo en núcleos chabolistas de la isla, ya que en Can Rova 2 ocurrió algo similar.

Por ello, técnicos municipales de medio ambiente han accedido a la parcela para controlar la gestión de los residuos. Han encontrado electrodomésticos, placas solares, baterías, partes de cocinas y otros objetos peligrosos que suponían un riesgo tanto para el entorno como para las personas que residían en el lugar.

Ante la pregunta al equipo municipal —con la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, presente— sobre si se había valorado habilitar otro solar para ofrecer una alternativa habitacional a los desalojados, la respuesta ha sido afirmativa, aunque sin éxito: “La vivienda pública no se construye de la noche a la mañana”, ha señalado Triguero.

Por otra parte, ha asegurado que en el interior del ya desmantelado asentamiento de sa Joveria —donde hacia las 13.30 horas dos retroexcavadoras trabajaban en la demolición de cerca de un centenar de infraviviendas— había personas que cobraban entre 200 y 500 euros a otras en situación de necesidad. Unos hechos que la Policía Local prevé sancionar y para los que ya tiene identificados a los responsables.

Siete ubicaciones temporales de alojamiento

De momento, se han habilitado alojamientos de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos sin cargas familiares. Además, el Ayuntamiento ha detallado que existen actualmente diez expedientes abiertos en servicios sociales relacionados con personas que residían en estos asentamientos.

A lo largo de la mañana, técnicos de la UTS Eixample también estaban disponibles para atender a las personas derivadas desde el punto de atención y tramitar prestaciones en los casos necesarios, es decir, en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de personas trabajadoras con ingresos superiores —aunque insuficientes para acceder a una vivienda digna— deberán buscar alternativas por su cuenta.

A media mañana, una pareja abandona el lugar con varias maletas, mirando con el ceño fruncido a quienes fotografían su situación. Mientras la mujer apoya sus pertenencias sobre unas piedras, él explica que su familia, procedente de la península, llegó a Eivissa con una vivienda. Entre tristeza e incredulidad por el cambio de la isla, se adentra de nuevo en el bosque, hacia un lugar ya vacío.

Adrián Amaya es uno de los residentes del otro lado que, por ahora, podrá quedarse. En su momento ya fue desalojado del problemático bloque de los Don Pepe, en Sant Josep, y ahora teme volver a verse en la misma situación: “Todos nos merecemos un techo bajo el que vivir”.