El PP balear recurrirá el reparto de 180 millones para zonas tensionadas mientras bloquea su aplicación en las islas
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El Govern balear de Marga Prohens (PP) estudia recurrir ante los tribunales el reparto de 180 millones de euros en subvenciones estatales destinadas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, a pesar de que hace apenas dos semanas PP y Vox rechazaron en el Parlament una propuesta para habilitar a los ayuntamientos a solicitar esa misma declaración, que permitiría activar medidas para contener las subidas de los alquileres. El Ejecutivo considera que excluir de estas ayudas a territorios como Balears supone una “discriminación” y rompe el principio de igualdad territorial.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado este viernes, tras la reunión del Consell de Govern, que la Abogacía de la Comunidad Autónoma está analizando la posibilidad de presentar un recurso contra el decreto que regula estas ayudas. Según ha señalado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad presentó alegaciones durante la tramitación de la norma, pero éstas fueron “ignoradas” por el Gobierno de España. Costa sostiene que los fondos públicos destinados a vivienda deberían distribuirse en función de las necesidades de cada territorio y no de si sus gobiernos han optado por declarar zonas tensionadas.
El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido, en esta línea, que el reparto debería atender a indicadores como la evolución de los precios del alquiler y de compraventa, el esfuerzo económico que realizan los hogares para pagar una vivienda, la escasez de oferta residencial y la presión demográfica. A su juicio, el decreto no responde a estos criterios objetivos y adopta decisiones “discrecionales”.
En concreto, los 180 millones aprobados por el Gobierno central se distribuyen entre las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado: Catalunya, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia. Las ayudas, repartidas en función de la población afectada, podrán destinarse a construir, rehabilitar o adquirir viviendas para alquiler social o asequible, urbanizar suelo residencial, promover vivienda protegida y ofrecer garantías frente a posibles impagos. Catalunya recibirá más de 119 millones de euros; el País Vasco, 31 millones; Navarra, 13,3 millones; Galicia, 10,2 millones, y Asturias, 5,9 millones.
PP y Vox vuelven a cerrar la puerta a las zonas tensionadas
El pasado 6 de octubre, PP y Vox tumbaron una proposición de ley del PSIB-PSOE que buscaba permitir a los municipios de Balears solicitar la declaración de zonas tensionadas. La iniciativa fue rechazada por 33 votos frente a los 24 de los grupos de la oposición. El texto contemplaba que los ayuntamientos o el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pudieran iniciar el procedimiento cuando se cumplieran los requisitos de la ley estatal, y establecía que los consells insulares prestaran apoyo técnico a los municipios para elaborar la documentación necesaria.
La propuesta socialista buscaba incorporar a la legislación autonómica un procedimiento para activar en las islas una figura prevista en la Ley estatal de Vivienda de 2023. Su aplicación permite adoptar medidas específicas de contención de rentas en áreas donde exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda asequible.
La estrategia del Ejecutivo de Prohens apuesta, por el contrario, a incrementar la oferta, liberalizar suelo, impulsar proyectos residenciales estratégicos y promover viviendas a precio limitado, además de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios. El Govern sostiene que limitar los alquileres puede provocar la retirada de viviendas del mercado y acabar encareciendo los pisos disponibles.