La candidata socialista en Balears defiende que las 15 viviendas que administra su pareja son una herencia familiar

El Sindicato de Inquilinas ha puesto la vivienda en el epicentro del debate político. El tema pasó a ser el principal en la agenda de los principales partidos políticos españoles tras la manifestación que desbordó las calles de Madrid el pasado 26 de septiembre hasta convertirse en una acampada que tomó la Puerta del Sol y, luego, se replicó en otros espacios emblemáticos del país. Como la Plaça d’Espanya de Palma. Los afectados por la hipoteca de la crisis de 2008 se habían transformado en los afectados por el alquiler de 2026. En este contexto, la controversia suscitada esta semana sobre el patrimonio inmobiliario de la sociedad administrada por la pareja de Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern, ha añadido un nuevo elemento al debate.

La información publicada el pasado lunes por El Debate, que atribuye a la empresa 40 fincas registrales de distinta naturaleza -la mayoría correspondientes a aparcamientos y trasteros-, ha provocado un cruce de reproches entre el PP y los socialistas y ha llevado a los socialistas a defender públicamente el origen familiar de ese patrimonio: “No tiene 40 pisos, no gestiona un fondo buitre y no vive de rentas”.

Desde febrero de 2020, José E. P. es el administrador único de Menefta 2000. Su razón de ser: comprar y vender, arrendar, explotar, rehabilitar y gestionar bienes raíces, ya sea en suelo rústico o en suelo urbano. En febrero de 2019, un año antes de que el compañero sentimental de Sánchez entrara en la empresa, el Boletín Oficial del Registro Mercantil recogió también una ampliación de actividad para “la gestión y explotación de cafetería y restauración”. Esta sociedad limitada tiene su sede en el Port d’Andratx, uno de los municipios más exclusivos de Mallorca. Un feudo del PP que, décadas atrás, fue escenario de varios escándalos de corrupción relacionados con cuestiones urbanísticas. Allí, el metro cuadrado supera los 8.000 euros, según datos del Consejo General del Notariado.

Áspera refriega en el Parlament

La noticia que afectaba a Sánchez Grau se publicó en la víspera del debate semanal que se celebra cada martes en el Parlament. La batalla dialéctica estaba servida y fue áspera. La presidenta Marga Prohens sacó la artillería pesada: en una respuesta a Iago Negueruela –portavoz de los socialistas en la cámara autonómica y futuro candidato a la alcaldía de Palma–, que le acusaba de desconexión con los problemas reales de la ciudadanía, la baronesa del PP hiló varias cuestiones.

Por un lado, los desplazamientos de Sánchez entre Madrid –donde tiene su despacho en el Ministerio de Turismo– y Mallorca –donde se ha convertido en una figura visible del PSIB después de su designación el pasado julio–; los casos de ancianas desahuciadas o en riesgo de desahucio que la oposición ha introducido en la agenda política del Parlament, y la dimisión de Montserrat Mínguez como portavoz del PSOE cuando se conoció a mediados de octubre que su pareja manejaba una empresa que gestionaba una cartera formada por una treintena de viviendas. Mínguez era un peso pesado en el PSC, que también desapareció como cabeza de lista por la circunscripción de Lleida.

“Sabíamos que su vicesecretaria cobraba y no trabajaba, lo que no sabíamos es que además vivía de rentas”, dijo Prohens. “Ustedes buscaban a la Maricarmen de Balears y tienen de candidata a la Montse Mínguez de Balears”, añadió.

El PSIB no realizó inicialmente declaraciones públicas sobre la información relativa a Menefta 2000 ante las peticiones de reacción de los medios de comunicación. Según publicó por su parte Última Hora, fuentes del partido vincularon el artículo de El Debate con “las cloacas del Partido Popular”. Posteriormente, la formación precisó las informaciones publicadas.

En concreto, tal como explican fuentes socialistas, la pareja de Rosario Sánchez es administrador de una sociedad familiar constituida hace más de 25 años. Desde su creación, gestiona “única y exclusivamente la herencia de hace dos generaciones”, compuesta por 15 viviendas. Desde el PSIB señalan que el patrimonio de la sociedad no se ha incrementado nunca, la sociedad no se dedica ni a la inversión ni a la especulación y tiene como únicos socios a cinco miembros de la familia. “Por tanto, nada más lejos de la realidad que compararlo con un fondo buitre o siquiera con una sociedad de inversión inmobiliaria”, recalcan.

Las mismas fuentes señalan que los pisos están alquilados con contratos estables, de larga duración, con precios asequibles, por debajo de los valores del mercado inmobiliario. “Nada de todo ello tiene que ver con la visión distorsionada que se ha querido dar, tratando de exponer a personas que nada tienen que ver con la vida política”, aseveran.

El Debate asegura haber consultado “documentación registral” para informar sobre la situación económica de Menefta 2000, la sociedad administrada por José E.P. Según los datos publicados por el periódico, la empresa cuenta con un capital social de 2,7 millones de euros y en 2025 registró una facturación de 404.694 euros. El resultado del ejercicio, una vez descontados los gastos e impuestos correspondientes, fue de 85.774,85 euros, según la información difundida por el medio. La noticia se publicó el pasado lunes a las cinco de la tarde y tuvo una repercusión inmediata en el ámbito político balear.

Réplica en formato vídeo

Durante los dos días posteriores a la publicación de la información, la actividad de Sánchez en la red social X, donde había compartido habitualmente distintos actos de campaña, se interrumpió. El miércoles 18, poco antes de las 19.30 horas, la vicesecretaria del PSIB publicó un vídeo titulado Resposta oficial als insults i difamacions de Prohens i el Partit Popular, en el que respondía a las declaraciones de la presidenta del Govern y de varios miembros de su Ejecutivo.

Los consellers Mateo, de Vivienda (“El PSIB tiene el nido en casa. Haz lo que digo, pero no lo que alquilo”); Bauzà, de Turismo (“La coherencia en materia turística la perdieron por el camino. Ahora han perdido también la coherencia en materia de vivienda. Son más falsos que un duro sevillano”), y Costa, de Economía («No tenemos nada en contra de que la pareja de Rosario Sánchez tenga 40 propiedades, lo que resulta insultante es su descomunal hipocresía»), habían cuestionado la posición de los socialistas en materia de vivienda. En una intervención de dos minutos y 27 segundos, pronunciada en catalán, Sánchez afirmó ser objeto de los ataques de una “derecha que ataca y odia, especialmente a las mujeres”. Como ejemplos, mencionó los casos de “personas muy conocidas”, entre ellas Begoña Gómez y Francina Armengol.

“No sabes el daño que hace hasta que lo vives en primera persona”, continuó Sánchez, “y atacan al padre de tus hijas y a su familia; personas que no tienen nada que ver con la política porque tienen un patrimonio fruto del esfuerzo de generaciones. Lo más lamentable es que lo hace la presidenta del Govern de les Illes Balears, de manera miserable en un acto contra la violencia machista”. Luego, la socialista avisó a su rival de que no se iba a sentir “acobardada”, y repasó su currículo vitae: licenciada por partida doble –Economía y ADE– gracias “al esfuerzo” de sus padres y auditora en excedencia de la Sindicatura de Comptes autonómica, plaza ganada “por oposición” durante un período que estuvo “en el paro”.

“Nunca me ha mantenido ningún hombre, porque así me lo enseñó mi madre”, recalcó Sánchez. A continuación, Sánchez afirmó que, si llega a presidir el Govern, no utilizará “ni la mentira ni el ataque personal como herramienta política» y que no concederá subvenciones públicas a medios de comunicación para «deshumanizar al adversario”. En su intervención también se refirió a Prohens, a quien reprochó, en alusión a sus políticas, que trabajara “para su entorno privilegiado, sin tener en cuenta el interés general”. Frente a ello, reivindicó las políticas progresistas como “una herramienta de transformación de la sociedad para el bien común”.

En la parte final del vídeo, la dirigente socialista expuso algunas de sus propuestas en materia de vivienda: actuar contra los fondos buitre, limitar los precios de los alquileres, evitar los desahucios de las personas vulnerables y facilitar el acceso a una vivienda. Son algunas de las medidas que Sánchez situó entre sus prioridades de cara a las próximas elecciones autonómicas.

La vivienda, eterno trasfondo electoral

La próxima primavera, el precio del metro cuadrado tendrá, probablemente, más peso que cualquier otro tema en la campaña de los comicios autonómicos. El concepto de balearización lleva años mutando. Del monopolio hotelero al Monopoly urbanístico, alimentado por una paradoja. Las islas aumentan su número de turistas –acercándose a los veinte millones, el doble que a finales de los noventa. En paralelo, la población se dispara –según la última proyección realizada por el INE y la Direcció General d’Economia i Estadística del Govern, más de 1,2 millones, el doble que a principios de los ochenta, un cuarto más que hace apenas dos décadas. Los territorios siguen siendo los mismos –finitos en superficie y recursos naturales y energéticos–, y expulsan residentes nacidos y criados en Formentera, Eivissa, Menorca o Mallorca.

Un número indeterminado de baleares –no existen datos que cuantifiquen la diáspora– ha preferido un futuro en otros mercados inmobiliarios donde hipotecarse o, con una bolsa de ahorros suficiente, comprar a tocateja. Otros, simplemente, sólo buscan poder alquilar. Pero la presión demográfica sobre el archipiélago no deja de crecer. El desembarco de extranjeros explica el fenómeno: el 95% de los recién llegados nació fuera de España. Personas de rentas altas o altísimas, pero, también, migrantes, la mayoría, sin papeles, que duermen en villas miseria. Efectos colaterales de una turistificación que investigadores académicos vinculan desde hace años a la aparición de alojamientos en edificios plurifamiliares. Un momento clave para entender el clima de conflicto que se palpa en cada vez más puntos de las Illes Balears.

En este contexto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de disputa política. El tsunami de movilizaciones por el derecho a la vivienda precipitó el adelanto electoral después de que el Gobierno –PSOE y Sumar– fracasara cuando intentó aprobar en el Congreso de los Diputados los dos decretos inspirados en el desahucio de Maricarmen Abascal. Entre otras medidas, limitaban la especulación ejercida por los fondos buitre y garantizaban la prórroga automática de los contratos de arrendamiento en vigor. Figuras vinculadas a la lucha por el derecho a la vivienda como Ada Colau volvieron a la primera fila política: la presión social, en vez de decaer, aumentaba al iniciarse el camino hacia las urnas. Especialmente, en comunidades especialmente golpeadas por la crisis de acceso a la vivienda como el archipiélago balear.

La campaña, de hecho, “arrancó” el 11 de noviembre con una huelga general que tuvo un seguimiento bastante menor que las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas a la caída del sol. En Palma, marcharon entre 10.000 –datos policiales– y 45.000 personas –datos de los convocantes–; 3.000, tanto en Eivissa como en Maó. Si Un voto como una casa se ha convertido en el eslogan del Frente Amplio, proclamas como “el rentismo no es un trabajo” se están escuchando en los mítines organizados por los socialistas en el archipiélago.

El sábado 14, mientras 5.000 personas jaleaban a Pedro Sánchez en Palma, Rosario Sánchez –'delfina' de Francina Armengol en el PSIB– agradeció al líder de su partido por “haberle plantado cara a los fondos buitre”. Este lunes, El Debate sostenía que la pareja de de la próxima candidata a la presidencia del Govern “es un rentista con cuarenta propiedades”. El PSIB incide en que la empresa familiar gestiona una herencia y que alquila 15 viviendas a precios inferiores a los del mercado.

El discurso de las fuerzas progresistas sobre la vivienda parece estar incorporando una revisión de las políticas aplicadas durante los anteriores gobiernos de izquierdas. Esa cuestión estuvo presente en el mitin celebrado en Palma el viernes 13, donde se combinaron referencias a Lluís Companys y Julio Anguita con mensajes en inglés dirigidos a los turistas extranjeros —“Guiris, go home, Baleares is not your international coworking”— y propuestas como prohibir la compra de viviendas para no residentes, incluso si para ello fuera necesario desafiar a la Unión Europea, o “someter al PSOE” para que las casas “vuelvan a ser para vivir y no para hacer un negocio para turistas”.

Gabriel Rufián e Irene Montero compartieron escenario con Carme Gomila y Lucía Muñoz, candidatas baleares del Frente Amplio y militantes de Més per Mallorca y Podem, respectivamente. La candidatura reúne de nuevo a las dos formaciones que ya compartieron gobiernos con el PSIB durante las legislaturas de Francina Armengol. En aquellos ejecutivos desarrolló buena parte de su trayectoria política Rosario Sánchez, que ocupó distintos cargos entre 2015 y 2023: fue secretaria general de la Conselleria de Salut (2015-2016), coordinadora de Presidència (2016-2018) y consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors (2019-2023).

La 'pulla' de Biel Barceló, el padre de la ley turística

Una de las críticas más ácidas al PSIB después de conocerse la actividad inmobiliaria de Menefta 2000 la ha lanzado Biel Barceló, quien fuera líder de Més per Mallorca, vicepresidente del Govern entre 2015 y 2017, y el principal impulsor de la reforma turística de 2017, que modificó la normativa turística autonómica, abriendo la posibilidad de comercializar estancias turísticas en viviendas situadas en edificios plurifamiliares bajo determinadas condiciones y endureciendo las sanciones al alquiler turístico ilegal. La tarde del miércoles 18, horas antes de que Sánchez publicara su vídeo de réplica, y entre tuits sobre la crisis que atraviesa el Real Mallorca, equipo del que es aficionado, Barceló apretó la tecla enter. El mensaje era fácil de decodificar:

“Gestionar patrimonio inmobiliario es bien legal. Y si la gestión/alquiler de los inmuebles se hace a precio razonable no puede haber ninguna crítica ética. Lo que es inmoral es tener esos pisos si has comprado el discurso de que todos los propietarios/rentistas son malvados y vividores”. Al día siguiente, Barceló amplió el argumentario: “El problema es que una parte de la izquierda ha comprado acríticamente el discurso sesgado y maniqueo del Sindicato de Inquilinas contra los propietarios. A partir de aquí vienen las contradicciones y las incoherencias con la economía doméstica de algunos políticos”.

Sebastià Sagreras –azote del centroizquierda como portavoz del PP en el Parlament y multado varias veces por el TSJIB cuando era alcalde de Campos por el retraso en ejecutar la sentencia que ordenaba demoler 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales de Ses Covetes -su padre figuraba entre los empresarios vinculados a la promoción inmobiliaria- regaló un retuit al ecosoberanista.