Cuatro consellers del PP incumplen su norma de transparencia tras limitar las declaraciones de bienes en Balears

Hasta cuatro de los 12 miembros del Govern de Marga Prohens (PP) no cumplen con la normativa de transparencia aprobada por su propio Ejecutivo –tras haber recortado la anterior– en el momento en que se publica esta noticia. La norma obliga a los cargos públicos del archipiélago balear a registrar las declaraciones de renta cada año, como se puede comprobar en el registro. Al menos así figura en la información que consta en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos.

Después de dos legislaturas con diferentes coaliciones progresistas encabezadas por Francina Armengol, el PP ganó las elecciones autonómicas de 2023. Prohens alcanzó el Consolat de Mar gracias a un acuerdo de gobernabilidad con Vox, que se mantiene fuera del Gobierno autonómico.  Este acuerdo trajo consigo la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Así, las Balears se convirtieron en la primera autonomía en eliminar un organismo anticorrupción –pese a todo, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la nueva ley promulgada por Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

Este cambio permite que solo se puedan consultar las declaraciones de la renta de 2023 y 2024 de un único miembro del Govern, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, como se puede comprobar en el registro. Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales.

Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, según aparece en el artículo 10.5.

La mitad de los consellers del Govern Prohens han registrado sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024, aunque en general no están disponibles. Por ejemplo, en el caso de la presidenta se puede consultar la de 2023, pero no la de 2024. La han registrado en ambos ejercicios, sin estar disponibles, los consellers Antònia Maria Estarellas (Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local), Jaume Bauzá (Turismo, Cultura y Deportes), José Luis Mateo (Vivienda, Territorio y Movilidad), Catalina Cabrer (Trabajo, Función Pública y Diálogo Social) y Juan Manuel Lafuente (Mar y Ciclo del Agua).

Qué consellers no cumplen

Antoni Costa (Economía, Hacienda e Innovación), Manuela García (Salud), Sandra Fernández (Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia) y Joan Simonet (Agricultura, Pesca y Medio Natural), no cumplen con la normativa aprobada por el Ejecutivo que los nombró consellers. El primero y el último solo registraron una de las declaraciones de la renta de los años 2023 y 2024. En el caso de Costa, la registró en 2024, pero no en 2023; en el de Simonet, en 2023, pero no en 2024. El resto no la depositó en ninguno de los dos años. Antoni Vera (Educación y Universidades) tampoco cumplía, pero ha subido sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024 después de haber sido consultado por este diario. “Ha sido un despiste personal. Ya están colgadas”, responden fuentes de su Conselleria.

Esta realidad incumple el artículo 4.4 de la Ley 2/2024, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Esta falta de transparencia contrasta con la situación que había en los años de las legislaturas anteriores (la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción entró en vigor en 2016), cuando las declaraciones estaban disponibles.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar también la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Una restricción “desproporcionada e injustificada”

Joaquín Meseguer, experto del Foro de Gobierno Abierto de España, explica a elDiario.es, sobre el “carácter reservado” de las declaraciones de bienes patrimoniales, que la normativa “establece una restricción desproporcionada e injustificada”. Lo razonable, en su opinión, sería “la publicación de estas declaraciones anonimizando aquellos datos que puedan afectar a categorías especiales de datos o pueda generar un riesgo para la seguridad personal o la integridad de su patrimonio”.

El experto explica que este es el procedimiento habitual en otras comunidades autónomas y que “no se conoce ningún caso en el que el acceso o la divulgación haya generado ningún perjuicio que debiera haberse evitado”. “Está claro que sobre quienes ejercen estas responsabilidades públicas debe existir un escrutinio social mayor que en cualquier otro caso”, detalla Meseguer.

Después de que PP y Vox aprobaran la nueva ley que sustituye la que regulaba la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, exdirector, explicó a este diario que veía con preocupación la deriva a la que se encamina Balears en materia de transparencia. Así, argumentaba que el organismo no solo se ocupaba de dar trámite a denuncias e investigaciones de todo tipo, sino también de la prevención de prácticas corruptas, de controlar y hacer públicas a la ciudadanía las declaraciones de bienes de los cargos públicos, de la formación de éstos y de impulsar programas educativos en las escuelas.

“Todo esto se pierde”, lamentó Milán. Con la anterior norma, el registro de los bienes de los altos cargos era público y accesible a todo aquel que deseara consultarlo, al igual que la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears permite que el registro en el caso de los ayuntamientos también sea público. El portal de la Oficina contaba con 4.400 declaraciones de bienes de 1.200 cargos y con 9.300 declaraciones de IRPF que dejaron de estar disponibles con la nueva normativa. Milán argumentó que se trataba de un instrumento que permitía evitar incompatibilidades y conflictos de intereses. También que altos cargos pudieran contratar desde las administraciones públicas a una empresa en la que tuvieran acciones.

En una línea similar, Meseguer considera necesario poder acceder a las declaraciones de bienes patrimoniales de los cargos públicos, a través de los portales correspondientes, “preservando también esa esfera de intimidad y seguridad que la Constitución y las normas imponen”. El experto puntualiza que ambos derechos “tienen que ir de la mano y ese esfuerzo de conciliación, de engarce entre ambos, aunque complejo, es posible”. “El papel de los medios de comunicación como watchdog de la gestión pública es esencial para preservar nuestra democracia y solo es posible con un acceso razonable a la información pública”, añade.

Consultado sobre si la eliminación de la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción en Balears supuso un retroceso respecto al modelo anterior, o si se trataba de un órgano duplicado –cuyas funciones ya ejerce la Fiscalía Anticorrupción–, Meseguer responde que “claro que fue un retroceso y un verdadero varapalo para el control de las instituciones públicas”. “Ese mismo argumento se utilizó en México para la supresión del INAI, uno de los más importantes órganos garantes a nivel mundial de la transparencia y protección de datos, y ahora hay un bloqueo extraordinario del derecho de acceso a la información pública”, lamenta.

El experto matiza que es importante definir bien las competencias de estas instituciones, así como dotarlas de “medios adecuados” y establecer “canales de coordinación entre instituciones que coinciden parcialmente en su labor de control”. “Todas las instituciones tienen un coste de funcionamiento, no seamos ingenuos, pero lo que realmente nos sale caro es la corrupción”, afirma y añade que agencias autonómicas antifraude como la catalana o la andaluza “han demostrado sobradamente su eficiencia y razón de ser”.