Los jueces Castro e Yllanes reclaman a Moncloa suprimir la inviolabilidad del rey: “Seguiremos insistiendo”
El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.
La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.
Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.
Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto
El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.
Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.
Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.
Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.
Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'
“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”
En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.
“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.
Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.
En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.
Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución
Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.
Aceptan la recomendación de acudir al CIS
Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.
“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.
A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.
En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.
¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?
Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.
Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.
Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'
Una campaña iniciada en 2022
Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.
La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil.
En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.
Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.
Las investigaciones en torno a Juan Carlos I
Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.
Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad.
Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.
En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.