La Paca, la matriarca de la droga en la que está inspirada la nueva película de Lolita Flores
Mientras Mallorca se vendía al mundo como un paraíso de hoteles, playas y lujo mediterráneo, a escasos kilómetros del aeropuerto crecía uno de los mayores supermercados de droga de España. Allí, entre chabolas levantadas sobre la exclusión y el abandono institucional, Francisca Cortés, 'La Paca', construyó un imperio criminal alimentado por la heroína, la cocaína, la corrupción policial y el dinero enterrado en zulos repletos de efectivo ocultos bajo tierra. Su figura -mezcla de crónica negra y poder- vuelve ahora al centro del foco mediático con el estreno, este viernes, de la película Mallorca confidencial, un thriller dirigido por David Ilundain y protagonizado por Lolita Flores que recuerda al auge y declive del mayor clan narcotraficante de la historia reciente del archipiélago.
La cinta, ambientada en la Mallorca del boom inmobiliario y de la corrupción policial de la primera década de los 2000, está protagonizada por el personaje ficticio de 'La Chusa', matriarca de un poblado marginal que controla el tráfico de drogas en la isla mientras su imperio empieza a resquebrajarse. Ilundain aseguró en el preestreno de la obra que el film, que no nombra a La Paca, está “basado en hechos reales”. Tampoco la película hace alusión a Son Banya, sino a Son Canals, un poblado chabolista que, al igual que Son Banya, está ubicado al lado del aeropuerto de Palma, es el epicentro de la droga en la isla y cuenta con una matriarca.
Los orígenes de Son Banya
La historia de La Paca está íntimamente ligada a Son Banya, poblado chabolista que nació oficialmente en 1972. El franquismo tardío y el Ayuntamiento de Palma promovieron el traslado de familias gitanas y pobres desde distintos barrios degradados hacia una zona aislada entre Palma y el aeropuerto. La operación se presentó como una solución urbanística, pero terminó funcionando como un mecanismo de segregación social y étnica.
Con el tiempo, el poblado quedó convertido en un espacio prácticamente desconectado de la ciudad: calles sin servicios suficientes, pobreza estructural, fracaso escolar masivo y una fuerte presencia de economías informales. En los años ochenta y noventa, la irrupción de la heroína transformó por completo la realidad del lugar. Son Banya pasó de ser un asentamiento marginal a convertirse en el principal punto de venta de droga de Balears. Fue ahí donde emergió el clan de Francisca Cortés Picazo.
El ascenso de 'La Paca'
Francisca Cortés Picazo nació en 1955 y acabó convirtiéndose en la figura dominante del narcotráfico mallorquín. La matriarca construyó una estructura familiar que funcionaba como un auténtico entramado criminal basado en la venta de heroína y cocaína por parte de sus subordinados. El clan manejaba enormes cantidades de efectivo y llegó a tejer relaciones con abogados y miembros de las fuerzas de seguridad para proteger sus intereses, tal como describen sentencias e informes policiales. Una romería constante de consumidores procedentes de toda Mallorca comenzó a acudir al poblado en un trasiego constante de coches que acabó formando parte del paisaje habitual de los accesos a Palma.
La imagen pública de 'La Paca' mezclaba temor, poder y cierta construcción folclórica alimentada por algunos programas televisivos sensacionalistas. Ella misma cultivó una estética de matriarca gitana todopoderosa. Su clan controlaba viviendas, favores y buena parte de la vida cotidiana del poblado.
La imagen pública de 'La Paca' mezclaba temor, poder y cierta construcción folclórica alimentada por algunos programas televisivos sensacionalistas. Ella misma cultivó una estética de matriarca gitana todopoderosa
La época de máximo esplendor del clan coincidió con los años del boom turístico y de la expansión inmobiliaria en Balears. Mientras Mallorca proyectaba al exterior una imagen de lujo, hoteles y crecimiento económico, Son Banya se consolidaba como un gigantesco mercado de droga al aire libre a apenas unos kilómetros del aeropuerto y las principales zonas turísticas de Palma. Pese a las redadas policiales, el negocio resistía una y otra vez: la estructura familiar del clan permitía recomponer rápidamente los puntos de venta y mantener intacto el control sobre el tráfico de droga.
La sensación de impunidad alrededor de Son Banya creció durante años alimentada, además, por las conexiones del clan con miembros de las fuerzas de seguridad y por el fracaso histórico de las administraciones para desmantelar el poblado. En 2008, sin embargo, pareció llegar el golpe definitivo. En el marco de la Operación Kabul, el mayor despliegue policial realizado hasta entonces contra el narcotráfico en Balears, decenas de agentes de la Guardia Civil irrumpieron en Son Banya y detuvieron a Francisca Cortés y a varios miembros de su familia. El dispositivo dio lugar, cinco años después, al mayor juicio contra el tráfico de drogas llevado a cabo en el archipiélago, con 55 acusados y peticiones de condena que sumaban un total de 697 años de prisión.
El juicio de los secuestros y el dinero enterrado
Pero antes de aquella macrovista, en 2008 se celebró el juicio del conocido como 'caso Son Banya', uno de los más mediáticos llevados a cabo hasta entonces en Mallorca: en el banquillo se sentaron 27 procesados y las solicitudes de prisión alcanzaban los 346 años en total. Entre los acusados se encontraba 'La Paca'. La Fiscalía sostenía que la matriarca había ordenado secuestros, amenazas y palizas contra dos personas sospechosas de haber robado 911.000 de los aproximadamente seis millones de euros que el clan ocultaba en zulos excavados bajo tierra en Son Banya. Según la investigación, los dos hombres fueron introducidos “a punta de pistola” en vehículos del clan, golpeados brutalmente “con un bate de béisbol” y trasladados por la fuerza al poblado, donde fueron golpeados e interrogados para recuperar el botín desaparecido.
El sumario describía un clima de terror alrededor de la organización y dibujaba Son Banya como un territorio controlado férreamente por la familia Cortés Picazo, donde el miedo y la violencia funcionaban como mecanismos habituales de disciplina interna. Como si de una novela negra coral ambientada en Son Banya se tratase, en el banquillo se sentaban 'El Evangelio', 'El Loco', 'El Tarta', 'El Chirri', 'El Moreno', 'La Guapi', 'Joselete el Sordo' o 'El Chencho', hijos, hermanos, sobrinos o cuñados todos ellos de Francisca Cortés. A las afueras de la Audiencia Provincial, un conglomerado de familiares y allegados de los procesados.
Uno de los juicios contra el clan de la Paca fue por torturas y secuestro a dos personas que les habían robado casi un millón de euros
Junto a los demás inculpados también fue enjuiciado el inspector de la Policía Nacional José Gómez Navarro, 'Pepote' y su mujer, la abogada María Ángeles López. La Fiscalía sostenía que ambos habían tejido una estrecha relación con el clan de 'La Paca' y que el mando policial llegó a recibir importantes cantidades de dinero y regalos a cambio de facilitar información privilegiada sobre investigaciones policiales y proteger los intereses de la organización criminal. Según la acusación, 'Pepote' y Calderón también participaron en las maniobras para desacreditar y presionar a los dos hombres que denunciaron haber sido secuestrados y torturados tras el robo de parte del dinero oculto por el clan en Son Banya.
También fueron investigados el inspector de la Policía Nacional José Gómez Navarro, 'Pepote', y su mujer, la abogada María Ángeles López, llegó a iniciar una huelga de hambre
“Yo no tengo ningún Ferrari”
Entre los alegatos se escuchó uno que acabó retratando la contradicción permanente entre la miseria visual de Son Banya y los millones que, según el Ministerio Público, movía el clan: “Yo no tengo ningún Ferrari”. Lo proclamó uno de los hijos de 'La Paca', Francisco Tomás Fernández, 'El Ico', en referencia a un comentario que había realizado uno de los abogados presentes en el juicio: “Vivirán en chabolas, pero hay un buen parking de vehículos, y de hecho 'El Ico' se pasea en Ferrari”. “Yo no tengo ningún Ferrari”, comentó él. La mayor parte de los acusados insistió en que parte de la fortuna procedía del negocio de la chatarra y de actividades legales vinculadas al reciclaje de metales, una explicación que jamás convenció ni a la Fiscalía ni al tribunal.
Meses después, los magistrados dictaron sentencia. La matriarca fue condenada a 22 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, dos delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, amenazas graves, lesiones, inducción a dos nuevos delitos de detención ilegal, inducción al falso testimonio y cohecho. Por su parte, 'Pepote' fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel y esposa, a 13 años y medio. Ésta llegó a iniciar una huelga de hambre después de que el tribunal denegase su petición de libertad, dado que se encontraba en prisión incondicional y sin fianza tras ser condenada en el marco de la causa.
La matriarca fue condenada a 22 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, dos delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, amenazas graves, lesiones, inducción a dos nuevos delitos de detención ilegal, inducción al falso testimonio y cohecho. El Supremo redujo su pena a 16 años y 9 meses y le absolvió de algunos delitos
La Audiencia la describía como la “principal cabecilla o jefa del clan familiar”. La resolución, de 177 páginas, dibuja un entramado criminal profundamente enraizado en Son Banya y sostenido durante años gracias al narcotráfico, el blanqueo y la existencia de vínculos corruptos con miembros de la policía. Pero quizá ninguna imagen resume mejor aquella época que la del dinero enterrado bajo tierra en Son Banya: el tribunal relata cómo varios miembros del clan “decidieron excavar un agujero en un solar” del poblado para ocultar unos seis millones de euros procedentes del narcotráfico y “poner a buen recaudo” los beneficios de la heroína y la cocaína. La distancia entre el relato de la “chatarrería” y la imagen de fajos de billetes escondidos en el subsuelo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más grotescos de aquel juicio.
El Tribunal Supremo rebajó, sin embargo, las principales penas impuestas por la Audiencia de Palma. En el caso de 'La Paca', el Alto Tribunal la absolvió a de los delitos de blanqueo, amenazas, allanamiento de morada y lesiones y redujo su pena de a 16 años y 9 meses. En el caso de 'Pepote', fue absuelto del delito de blanqueo de capitales al que había sido sentenciado inicialmente y su condena quedó reducida a cinco años y medio. Por su parte, Calderón vio rebajada su condena a dos años y nueve meses. Aun así, los magistrados dieron por acreditado uno de los episodios más oscuros del caso: el secuestro de los dos hombres acusados de haber robado centenares de miles de euros enterrados en Son Banya. Del resto del botín -más de cinco millones- nunca volvió a saberse nada.
Cinco millones de euros obtenidos por el negocio ilícito de la droga, que estaban enterrados en el poblado según el tribunal, siguen desaparecidos para la Justicia
La macrocausa Kabul
En 2013 llegó el juicio del caso Kabul, con 55 personas acusadas, cinco de ellas en búsqueda y captura. Francisca Cortés se veía de nuevo las caras con la Justicia. La Fiscalía, en un extenso escrito de calificación, relataba cómo, desde octubre de 2007 hasta la detención de los procesados, la Guardia Civil había detectado la existencia de varios grupos organizados que introducían los estupefacientes en las islas. Entre ellos se encontraba el clan de 'La Paca', erigido hasta entonces en la mayor y más eficiente organización destinada a la venta y distribución de cocaína, heroína y resina de cannabis en Mallorca.
Según la acusación pública, la droga salía desde Barcelona a través de distintas redes criminales conectadas entre sí, entre las que se encontraban la 'Organización Kike', el 'clan del Joaquín' y el 'Clan de los Valencianos', estos dos últimos con una fuerte implantación en Son Banya. El sumario también situaba en el entramado a otras bandas como el grupo 'del Dani' o del 'Chupi', la 'del Pony', la del 'Moi' y la red 'Samara'. Para su actividad ilegal, de acuerdo al relato de los fiscales, los miembros de este grupo utilizaban diversas viviendas y locales de Son Banya, donde de forma continuada, día y noche, vendían las sustancias estupefacientes.
Ante la magnitud de la causa, la vista tuvo que desarrollarse, bajo estrictas medidas de seguridad, en unas instalaciones situadas en el polígono Son Rossinyol de Palma. El ambiente del primer día retrató desde el inicio el carácter casi delirante del procedimiento: una de las acusadas se desplomó en plena sesión incapaz de soportar la tensión y tuvo que ser atendida y evacuada momentáneamente por los agentes presentes en la sala. Los gritos y las escenas de nervios marcaron aquella primera jornada. “Es que tiene delito lo que han hecho”, clamaba una de las mujeres presentes en la sala mientras señalaba a otro de los acusados. “La droga era de él”, insistía a voz en grito antes de que el señalado se levantara indignado para protestar por las acusaciones espontáneas. La matriarca, por su parte, vestida de rosa, optó por ocultarse de las cámaras igual que su hermano Juan, 'El Moreno', y sus hijos 'El Ico' y 'La Guapi'.
Terremoto judicial
El terremoto judicial llegó después, cuando la Audiencia Provincial, en una resolución de 183 páginas, absolvió a 'La Paca' y a la mayoría de los acusados al considerar que parte de las pruebas obtenidas durante la investigación habían vulnerando derechos fundamentales, dinamitando con ello años de macroredadas, escuchas, seguimientos y un despliegue policial sin precedentes en Son Banya.
Sin embargo, el caso Kabul no terminó con aquella absolución masiva. Lejos de cerrar definitivamente la macrocausa, la sentencia abrió una nueva batalla judicial que prolongó durante años el mayor proceso por narcotráfico de Balears. La Fiscalía recurrió ante el Supremo al considerar que la sentencia había desmontado e invalidado de forma injustificada pruebas clave de la investigación policial. El Alto Tribunal acabó dando parcialmente la razón al Ministerio Público y anuló la resolución absolutoria, ordenando dictar una nueva sentencia, reprochando a la Audiencia balear haber realizado una valoración “irracional” y “arbitraria” de varias pruebas fundamentales del procedimiento y criticando que se descartara material incriminatorio sin una motivación suficiente. La decisión supuso una nueva tormenta judicial y devolvió al primer plano una causa ya convertida en símbolo de la crónica negra mallorquina contemporánea.
El desenlace definitivo del caso no llegó hasta 2018, más de una década después del inicio de la operación policial que le dio pie. Ese año, el Supremo dio carpetazo a la macrocausa y rebajó a cinco años y medio la condena que finalmente la Audiencia había impuesto a 'La Paca' y a varios de sus hijos por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
En otro procedimiento, La Paca y la mayoría de acusados acabaron absueltos porque las pruebas obtenidas durante la investigación habían vulnerando derechos fundamentales. Al final, tras recurrir la Fiscalía, se volvió a celebra el juicio y, tras otro recurso al Supremo, La Paca fue condenada a cinco años y medio por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales
En 2019, la matriarca aceptó otra condena de tres años y tres meses de prisión por blanqueo de capitales, admitiendo que ocultó patrimonio procedente del narcotráfico. En esa vista también aceptó una multa de 12 millones de euros. 'La Paca' ingresó en prisión tras las condenas derivadas del caso Son Banya y pasó años entre rejas. En 2016 obtuvo su primer permiso penitenciario después de haber cumplido algo más de ocho años de condena y, en 2018, accedió al tercer grado penitenciario. Actualmente está en libertad y vive en Mallorca.
Son Banya después de 'La Paca'
Las condenas no acabaron, sin embargo, con el narcotráfico en Son Banya. Algunos clanes familiares siguieron controlando distintos puntos de venta y cada poco tiempo saltan nuevas operaciones policiales. El poblado continúa hoy parcialmente en pie, aunque muy lejos del poder que llegó a concentrar durante los años de mayor esplendor del clan de 'La Paca'. En 2018, todos los partidos del Ayuntamiento de Palma sellaron un histórico acuerdo para su desmantelamiento progresivo, para el que se proyectó un plan de inversión de más de 5,4 millones de euros a lo largo de ocho años así como el realojo de las alrededor de cien familias que entonces vivían allí: entre 450 y 600 personas, 193 de ellas niños, de acuerdo a los cálculos municipales.
El objetivo del acuerdo era facilitar la reinserción social de los residentes mediante ayudas al alquiler y el acceso a viviendas fuera del asentamiento, excluyendo las zonas más conflictivas de la ciudad. El entonces alcalde, Antoni Noguera (Més per Palma), justificó las ayudas por la gran cantidad de población infantil en riesgo de exclusión que no acudía al colegio y que sufría “una pérdida de oportunidades por el hecho de vivir en el poblado”. A cambio, las familias debían cumplir una serie de condiciones: escolarizar a los menores, participar en programas de inserción y mantener una búsqueda activa de empleo.
El plan no funcionó. Decenas de familias continúan viviendo en Son Banya entre la exclusión social, el estigma y las heridas de décadas de abandono institucional. El debate nunca fue únicamente policial: trabajadores sociales y entidades vecinales llevan años señalando que el poblado chabolista representa también el fracaso histórico de las políticas públicas hacia la pobreza y la comunidad gitana en Mallorca.
El estreno de Mallorca Confidencial devuelve ahora la historia de 'La Paca' al imaginario colectivo de la isla, pero también una realidad mucho más incómoda: la convivencia durante décadas entre el paraíso turístico vendido al exterior y uno de los mayores supermercados de droga de España, levantado a apenas unos kilómetros de hoteles de lujo, playas y urbanizaciones. Porque la historia de Son Banya no habla solo de narcotráfico: también habla de segregación, pobreza enquistada y de una Mallorca que durante mucho tiempo prefirió mirar hacia otro lado.