Perú ha hecho un “uso excesivo y letal de la fuerza” impulsado por un “marcado sesgo racista” contra una población mayoritariamente indígena y campesina, según ha concluido Amnistía Internacional (AI), tras una investigación sobre más de dos meses de protestas antigubernamentales que se han cobrado al menos 60 vidas.
La organización ha denunciado que, durante las protestas antigubernamentales en Perú, ha habido “ataques generalizados” hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la “grave crisis de derechos humanos” que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
La ONG señala que, “mientras que los departamentos con población mayoritariamente Indígena solo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis”. “Los datos apuntan a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”, dice.
“Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”, aseguró la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, durante la presentación de los hallazgos preliminares de la misión que investiga la crisis peruana. “No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”.
Suspender las exportaciones de equipos antidisturbios
La organización ha reiterado este jueves al Gobierno español su petición para que suspenda de forma inmediata las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú. “Como medida cautelar, la sección española de Amnistía Internacional ha insistido en su petición al Gobierno de suspensión inmediata de las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú”, reza un comunicado de la organización.
En este sentido, el comunicado detalla que el laboratorio de evidencias de AI “concluyó que, en la represión de las manifestaciones, se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados” por la empresa española Maxam Outdoor “y seguirá investigando si se ha utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos”.
“Amnistía Internacional España pide al Gobierno mejoras en la evaluación de riesgo de las ventas de armas a Perú, que aplique el protocolo para verificar el uso de las armas exportadas adoptado en 2020 para garantizar que armas españolas no se usan para cometer violaciones de derechos humanos e investigue el uso de las armas españolas en la represión en Perú”, ha señalado la organización.
Según datos de la Defensoría del Pueblo peruana, 48 personas han muerto durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas, mientras que un policía perdió la vida al haber sido quemado vivo y otras 11 personas han muerto debido a los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes.